Andalgalá Resiste: ¿por qué los vecinos denuncian vivir en una "dictadura minera"?

"Eran tantos los policías que me levantaron como un trapo, me venían llevando en el aire y me fui al piso. Pasaron muchos por encima mío, me tironeaban de todos lados. Pero mi intención no era pelearme con la policía, era no permitir que pasen justamente las máquinas", contó Raúl Barrionuevo, un vecino ciego del pueblo de Choya, ubicado dentro del departamento de Andalgalá, en Catamarca, Argentina, quien sufrió represión por parte de la policía en reiteradas ocasiones por intentar impedir, a 3500 metros de altura en el cerro Nevados del Aconquija, que la megaminería a cielo abierto destruya su pueblo.

Las consecuencias de la megaminería son conocidas por todos los pueblos del mundo que la padecieron. El resultado siempre es el mismo: contaminación, pérdida de biodiversidad, escasez de agua y problemas en la salud humana, entre otros.

Mirá también: "De La Alumbrera a Proyecto MARA: Andalgalá y su defensa del agua frente a la megaminería"

 Los andalgalenses luchan desde hace más de 20 años contra el proyecto MARA que pretende explotar su cerro para extraer minerales como cobre, oro y molibdeno porque no quieren sufrir lo que les pasó a otros catamarqueses por la minera Alumbrera que, ahora, también forma parte de MARA al fusionarse con la minera Agua Rica.

Conocer la historia para entender el presente: el legado de la Alumbrera

MARA es el Proyecto Integrado Minera Agua Rica Alumbrera, es decir, une el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera que extrajo minerales desde 1997 hasta 2019. Su idea es ser el yacimiento más grande del país, tres veces mayor que su predecesora, Alumbrera. Es operada por la compañía canadiense Yamana Gold, con una participación del 56,25%, Glencore International (25%) y Newmont (18,75%).

Para el traslado de los minerales se usará el mismo mineraloducto que usó la Alumbrera y que tuvo varias roturas y derrames reconocidos oficialmente. Por estas fallas, entre otras irregularidades de la empresa como un enterramiento ilegal que hicieron para acopiar el material derramado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) determinó en 2019 que había contaminado el agua con metales pesados. Fue la primera vez que una minera pierde un caso en la justicia argentina.

La Corte ordenó a la empresa recomponer todos los daños ambientales causados y dictaminó que el poder ejecutivo provincial haga un relevamiento de los impactos tóxicos sobre la población que vive cerca de las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona para detectar las enfermedades y/o patologías que se relacionen directamente con la contaminación y que se asista a los perjudicados. Además, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT. SAPEM) debe informar sobre el estado del servicio de agua potable. Sin embargo, esto aún no se ha concretado.

El pueblo de Vis-Vis en Catamarca tuvo que ser evacuado por la contaminación del río. Estas personas vivían a 3 km del dique de colas (donde depositan los desechos y tóxicos de la explotación).

Desde hace décadas, los vecinos denuncian la cantidad de personas con cáncer y enfermedades raras a partir del funcionamiento de la mina, tanto en Concepción y Alpachiri (Tucumán, por donde pasa el túnel minero), como en Andalgalá. En estos años, la Alumbrera construyó un hospital con un sector oncológico de alta complejidad. Esta minera está llena de causas en su contra: corrupción, ex CEOs procesados, malversación de fondos, etc.

Un juego de ajedrez

Actualmente, MARA se encuentra en la fase de exploración avanzada para determinar si el proyecto es "viable". Para esto, el gobierno autorizó a la empresa a utilizar 20.000 litros de agua del Río Minas por día, durante un año. Y, para toda esa cantidad de agua, solo debieron pagar un irrisorio canon minero de $3650 pesos, según los informes oficiales a los que pudo acceder Carbono.news y que se muestran a continuación:

Aunque el año ya se cumplió, la minera siguió pidiendo permisos para seguir perforando y extrayendo agua y la justicia se los cedió sin hacer las debidas consultas públicas ni tampoco nuevos informes de impacto ambiental. Por eso las máquinas continúan arriba del cerro Nevados del Aconquija.

Ximena Sinchicay es choyana, es madre y tiene 25 años, pero nada la detiene ni la baja del cerro. Es otra de las vecinas que, junto a Raúl, hasta ponen su cuerpo para retrasar aunque sea una hora el paso de las máquinas que suben ilegalmente. Ella le aseguró a Carbono.News que lo hace por su familia.

"Nos reprimen cada 15 días y soy la única que cubre prensa allá arriba. Saco fotos, grabo y eso es una amenaza, entonces, los policías son muy agresivos conmigo. Hace poco me quitaron el teléfono y no pude comunicar nada de una represión. Me lo quitó el fiscal porque supuestamente había golpeado un camión, pero no fue así, yo tenía todas las pruebas en el celular de que yo no había golpeado porque estaba grabando", dijo.

Uno de los abogados, Juan Figueroa, dijo a este medio que fue un claro abuso de autoridad por parte del fiscal Martín Camps, ya que es completamente ilegal su accionar. Además, explicó que este fiscal fue "puesto a dedo" por el gobernador Raúl Jalil, ya que para cubrir ese puesto, no participó del concurso correspondiente, sino que fue elegido directamente por él.

La lucha en la justicia por impedir el funcionamiento de MARA viene de larga data. En 2010, interpusieron un recurso de amparo para suspender definitivamente la explotación del emprendimiento por el daño ambiental que ocasionaría. En 2016, este recurso llega a la CSJN que le remite el amparo a la provincia para que esta dicte una resolución acorde a determinados parámetros: el proyecto solo podría avanzar si obtiene la licencia social, respeta las consultas públicas que se deben hacer y todos los parámetros internacionales.

Sumado a esto, en 2016, los vecinos también consiguieron que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá dicte la ordenanza 029/16 que prohíbe todo tipo de actividad minera.

Sin embargo, por ese entonces, Agua Rica pasó a llamarse MARA al fusionarse con Alumbrera y realizó un nuevo informe de impacto ambiental. Por lo tanto, la justicia catamarqueña declara sin efecto la cautelar, ya que ahora se trataría de un proyecto minero "diferente". Es así como los abogados presentaron un recurso de casación que debe resolver la Corte de Justicia provincial para que la cautelar continúe teniendo efecto, debido a que la medida de fondo era proteger a los pueblos del daño ambiental. "Nosotros creemos que la Corte de Justicia lo rechazará y ya directamente tendremos que plantear un recurso extraordinario a la CSJN", dijo Figueroa.

Por otra parte, la justicia catamarqueña determinó recientemente que la ordenanza 029/16 era inconstitucional. Por eso, los abogados continúan intentando revertir esta decisión. Los próximos pasos son acudir a la Corte de Justicia provincial, luego a la Nacional y, si aún no logran su objetivo, recurrir a los organismos internacionales.

Los hermanos sean unidos

El fin de semana pasado, una delegación plurinacional y federal integrada por personas de organizaciones de derechos humanos, socioambientales, de abogadxs, de comunicación y prensa -entre los que se encontraba este medio-, de comunidades originarias y autoconvocades visitó a los pueblos de Andalgalá para acompañar a los vecinos con sus reclamos.

Mirá también: "Acuerdo de Escazú: qué podría cambiar con la entrada en vigencia"

El sábado pasado se cumplió la caminata 650 alrededor de la plaza central de Andalgalá de los vecinos que se manifiestan pacíficamente contra la megaminería. "Mi nombre es Urbano Cardoso. Nací a 3000 metros de altura, en la montaña. Ahora vivo aquí, en la ciudad. Estoy en la lucha desde el 2000, estuve preso, y no solo una vez, y ahora estoy judicializado. Tuve la suerte de estar en otras partes del mundo y aprendí a querer mi tierra, mi patria, las montañas. Ya tengo 83 años y no quiero abandonar la lucha por los que vienen, quiero dejarles agua. No quiero que venga mi nieta más adelante y me diga ?abuelo no luchaste por el agua'. Me duele tener que luchar contra determinados argentinos, lamentablemente, porque los considero unos vende patria, por eso es que sufro mucho", dijo a Carbono.News uno de los vecinos.

El lunes 18, último día del viaje, la delegación fue a la capital catamarqueña donde se manifestó frente a la catedral para comunicar las violaciones a los DD.HH. ejercida por la -denominada por los vecinos- "dictadura minera".

Beverly Keen, parte de la caravana e integrante de Diálogo 2000 y la Autoconvocatoria por la investigación y suspensión del pago de la deuda externa, expresó en conferencia de prensa: "Es muy sencillo, a ver si repetimos todos: ?No es no, no es nono' porque defienden su derecho a la autodeterminación, defienden su derecho a decidir por ellos mismos qué vida quieren en su lugar".

Por su parte, la coordinadora del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Ana Almada dijo: "Queremos hacer una denuncia pública a la violación de los derechos humanos que el estado hace a través de las empresas que quieren llevarse nuestros recursos naturales". Durante esos días, este organismo recopiló testimonios para hacer, a futuro, una denuncia formal.

El Algarrobo, la historia del emblema de la lucha

La Asamblea El Algarrobo es el movimiento histórico de vecinos más grande de Andalgalá y ya tiene 20 años con un objetivo: luchar contra la megaminería. Su nombre se debe a que, en la localidad de Chaquiago, dos vecinos decidieron cortarle el camino a la minera, a la altura de un pequeño algarrobo. Bajo la sombra de ese ejemplar, los vecinos comenzaron a reunirse y, con el tiempo, los asambleístas pusieron en ese lugar una radio comunitaria.

Daniel Aráoz, tucumano y activista de PRO ECO, sociedad civil, resumió: "Vivimos en un país que está prácticamente en manos de transnacionales, un país que es una colonia. Si un día despertamos y vemos quién tiene el poder, nos damos cuenta que detrás de los presidentes y gobernadores, las empresas transnacionales son las que tienen todo el poder, a veces con nombre en inglés, otras veces con nombre indígena robado".