Política
Tratado regional

Acuerdo de Escazú: qué podría cambiar con la entrada en vigencia

Entrevistados por Carbono News, tres referentes de esta lucha aseguraron que los cambios no van a ser rápidos, pero que es una herramienta más para que se cumplan los derechos humanos y ambientales.

Tras ocho años de debate, este 22 de abril -Día de la Tierra- fue el día elegido para la entrada en vigencia del "Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", más conocido como Acuerdo de Escazú. Se trata del primer tratado internacional vinculante que aborda los derechos ambientales y su relación con los derechos humanos.

Consultados por Carbono News, tres referentes de la lucha por la implementación de esta herramienta, aseguraron que las actividades extractivistas contaminantes y sin licencia social -como la megaminería- van a ser las primeras en ser resistidas con este nuevo respaldo.

"Podemos utilizar Escazú a nuestro favor para ir en contra de proyectos que no tienen licencia social y que son de índole netamente extractivista, que solo vienen a traer devastación y no dejan ningún valor agregado. Por ejemplo lo que está pasando en Andalgalá y en Chubut", dijo Azul Schvartzman, coordinadora de Investigación y Política Socioambiental de la ONG Ecohouse.

Azul Schvartzman (Foto: Gentileza)

En esta línea, Lucas Micheloud, miembro de la Asociación Abogados Ambientalistas, aclaró que "existen muchos proyectos y modelos extractivistas que solo tienen licencia política de algunos funcionarios de turno asociados con empresas, pero que no cuentan con la aprobación de las comunidades que habitan esos territorios".

"El caso paradigmático es la megaminería", resaltó Micheloud, y enumeró los pueblos en lucha que defienden el agua: Mendoza, Chubut y Andalgalá, en Catamarca.

Otros modelos de contaminación emblemáticos en los que el nuevo acuerdo podría ser de ayuda, según Micheloud, son: "la deforestación, el uso de agrotóxicos y la preservación de las cuencas hídricas y los ecosistemas como es el caso del río Paraná con la hidrovía Paraná-Paraguay".

"Hay sectores que están operando sin licencia social que se van a tener que ajustar, y mucho", agregó por su parte el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli.

El director de FARN también explicó que el Acuerdo significa "contar con mayores herramientas para promover los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental en América Latina".

Votación del Acuerdo de Escazú en la Argentina (Foto: Prensa Honorable Cámara de Diputados de la Nación)

Por otra parte, Nápoli describió que cada país se encuentra en una situación distinta: "Los cambios van a ser distintos según los países, porque hay algunos que no tienen normativas y a partir de ahora van a tener que orientarse a incorporarlas para que habiliten la información y los procesos de participación contemplados en el Acuerdo de Escazú".

"En cambio -siguió- hay otros países como la Argentina que tienen normativas pero que les falta el cumplimiento. En nuestro país hace falta contar con una Ley de Evaluación Ambiental que establezca cuáles son los procesos de participación ciudadana en este tipo de cuestiones".

Por su parte, Schvartzman contó que en Argentina hay leyes y disposiciones jurídicas que plantean que "hay que tener audiencias públicas antes del desarrollo de cierto tipo de proyecto" y Escazú viene a reforzar ese derecho. "Tenemos instancias internacionales para demandar ese cumplimiento", enfatizó Nápoli.

Derecho ambiental, derecho humano

Berta Cáceres, activista hondureña asesinada por defender su territorio en 2016 (Foto: Goldman Environmental Prize)

El director de FARN dijo que los estándares de Escazú "se van a alinear con el cumplimento de los estándares de derechos humanos". "Hasta ahora no estaba vinculado el ambiente con los derechos humanos y ahora con el Acuerdo hay estándares que cumplir", destacó.

"Es la primera herramienta en el mundo que intenta proteger el accionar de los defensores ambientales y esto debería verse reflejado en la práctica cuando suceden hechos muy gravosos, como amenazas o violencia. Hay mucho por trabajar en los estados en este punto. Aspiramos a que en las instancias previstas en el Acuerdo puedan brindar protección cautelar a los defensores e inste a los países a hacerlo", enfatizó Nápoli.

Por su parte, Azul Schvartzman agregó: "Nuestra región es la más peligrosa para los y las defensoras ambientales en todo el mundo. De todos los asesinatos cometidos en casos relacionados con la lucha ambiental, según la ONG Global Witness, más del 60% ocurre en América Latina".

En Latinoamérica, más de la mitad de los asesinatos de activistas están relacionados con comunidades afectadas por la minería, según el informe de la ONG.

Cambios paulatinos para un presente urgente

Los tres activistas coinciden en que la transformación será un proceso lento. "Estos cambios tienen que ser instrumentados por los países. Va a depender mucho de la ciudadanía, los actores sociales, los movimientos sociales, de cuánto se involucren con el Acuerdo. Hay movimientos como el indígena que se tendría que involucrar para que pueda acelerarse", detalló el director ejecutivo de FARN.

"Siempre decimos que el Acuerdo es una herramienta más para trabajar, pero no es ninguna solución mágica ni nada que vaya a cambiar del día a la noche", concluyó Andrés Nápoli.

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