Activismo
Megaminería

De La Alumbrera a Proyecto MARA: Andalgalá y su defensa del agua frente a la megaminería

20 años de lucha. Detenciones arbitrarias, represiones, causas armadas y falta de consulta ciudadana es lo que viven los andalgalenses a diario; pero también, una voluntad y alegría de hacer lo correcto plasmadas en más de 600 caminatas a favor de la vida y de la sierra del Aconquija.

Ciudadanos de a pie marchan cada sábado en la plaza de Andalgalá, Catamarca, en contra de la megaminería en la Sierra del Aconquija. Ya van más de 600 caminatas y los políticos, jueces y empresarios corruptos no tienen más estrategias para frenarlos porque ya probaron con: falta de consulta popular y de información, persecuciones y hostigamiento, represión policial, detenciones arbitrarias, causas armadas y la lista puede continuar. Nada detiene a los andalgalenses de querer frenar el Proyecto MARA (fusión entre la minera Bajo De La Alumbrera y el Proyecto Agua Rica) porque lo que está en juego es fundamental: el agua, la salud y la vida.

"A nosotros en esto se nos va la vida porque el río es nuestro. Tomamos su agua y si no tenemos el río, no tenemos nada", resumió a Carbono News, Rosa Farías, integrante de la Asamblea El Algarrobo, una organización de vecinos que lleva 10 años con ese nombre, pero que ya venían con otros 10 años de estar en alerta porque la planificación del proyecto data de 1997.

MARA es el Proyecto Integrado Minera Agua Rica Alumbrera, es decir, une el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera que extrajo minerales desde 1997 hasta 2019. Su idea es extraer cobre, molibdeno, oro y plata, y ser el yacimiento más grande del país, tres veces mayor que su predecesor Alumbrera. Nació de una fusión entre empresas y es operada por la compañía canadiense Yamana Gold, con una participación del 56,25%, Glencore International (25%) y Newmont (18,75%).

Mirá también: "Chubut, tras la derogación de la zonificación minera: "Fue una montaña rusa, pasamos del estupor a la alegría", dicen los asambleístas"

Se encuentra en etapa de exploración avanzada en la que se supone que solo pueden perforar 11 pozos en el Nevado del Aconquija, a 17km de Andalgalá, para evaluar si el proyecto es "viable".

Sin embargo, este proyecto incumple, fundamentalmente, con la Ley de Glaciares ya que se encuentra en una zona periglaciar, según datos del propio Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Además, para esta primera etapa, se autorizó a la empresa a utilizar 20.000 litros de agua del Río Minas por día, durante un año. Y para toda esa cantidad de agua solo debieron pagar un irrisorio canon minero anual de $3650 pesos, según los informes oficiales a los que pudo acceder Carbono.news y se muestran a continuación:

Fuente: DIPGAM

Fuente: DIPGAM

¿Quiénes deben estar presos?

Para comenzar esta actividad, los empresarios se jactan de que cumplieron con la audiencia pública, sin embargo, no fue así. Mariana Katz, abogada de los vecinos de El Algarrobo, detalló a Carbono.news: "En 2020, hicieron una pseudoconsulta en la que convocaron a la población para mostrarles el expediente administrativo del Informe de Impacto Ambiental que tiene una cantidad de 3000 páginas con contenido técnico y partes en inglés, y tenía que ser leído por las personas de Andalgalá en 15 minutos porque se hizo en el marco de la pandemia".

Por eso, cuando los vecinos se enteraron de casualidad, sin ningún aviso oficial, a principios de abril de 2021, que las máquinas perforadoras estaban subiendo el cerro, la indignación fue enorme. En la caminata del sábado siguiente una multitud copó las calles pacíficamente, pero un grupo de personas sin identificar hasta hoy incendiaron una oficina de la empresa y la sede del Frente para la Victoria que defiende la megaminería.

Por el 2011 los vecinos hicieron un pedido de plebiscito vinculante, pero se lo negaron (Foto: Asamblea El Algarrobo)

Los andalgalenses están, lamentablemente, acostumbrados a la violencia minera y al hostigamiento constante. En 2010 sufrieron una fuerte represión con gases lacrimógenos y balas de goma por manifestarse. Pero esta vez fue aún peor ya que detuvieron a 12 personas (a cuatro les dieron prisión domiciliaria, pero los demás estuvieron dos semanas sufriendo malos tratos y en pésimas condiciones de encierro) por delitos que no cometieron y, aún hoy, 11 (un ciudadano ya fue absuelto porque pudo comprobar que ni siquiera estuvo presente en la marcha) están atravesando un proceso penal por supuestos "daños, violación de domicilio, estrago y hurto".

"Tenemos conocimiento de que muchas de las detenciones se basan en testimonios que tienen alguna relación con la actividad minera, por ejemplo, uno es proveedor de la empresa", alertó la asambleísta Ana Chayle a Carbono News.

"Al principio te tildan de loco, las estigmatizaciones son muy duras porque es un muy chico el pueblo" (Foto: Asamblea El Algarrobo)

Los asambleístas dijeron que ya se sabía que "algo iba a pasar" porque se sentía "la tensión en el aire". "Pensamos que hubo infiltrados por varias razones. El jefe de bomberos declaró un horario errado de la marcha y los bomberos están a una cuadra y media de la empresa que fue incendiada y quedó con daños totales porque supuestamente no llegaron a tiempo", expresó Rosa.

Los vecinos denunciaron que la estrategia política es "criminalizar la protesta" y que había "zona liberada". Chayle dijo que ya estaban siendo "víctimas de hostigación y persecución policial" ya que habían mandado a la ciudad "para controlar que se cumpliera con la cuarentena, supuestamente" al grupo kuntur: "un equipo policial capacitado y entrenado física, intelectual, táctica y operacionalmente para llevar a cabo con éxito, tareas de alto riesgo en apoyo de las unidades que realizan tareas de prevención", según explica el gobierno catamarqueño.

"Estos policías exhibían sus armas y se quedaban hasta altas horas de la noche en frente de puertas de vecinos y vecinas que se oponen a la megaminería. Eso es una clara señal de amedrentamiento", añadió Ana.

En los últimos tiempos, desembarcaron en Andalgalá las fundaciones EcoConciencia y Andalgalá Activa, intentando lavarle la cara al extractivismo (Foto: Asamblea El Algarrobo)

Eso no fue todo. Las detenciones dos días después de los incidentes vinieron acompañadas de allanamientos injustificados en casas de asambleístas:

"En mi casa ingresaron rompiendo la puerta. A mi mamá la tiraron al piso y rodearon a mi sobrino de 8 años. Detuvieron a mi hermano. Ellos no tenían orden de allanamiento ese día, no estaban firmadas, luego se firmaron y se presentaron", dijo a Carbono News Fabio Paz (23) quien comenzó a sumarse de a poco a la lucha desde sus 11. También, contó que se llevaban de las casas materiales absurdos como telas o alcohol. "Estaban buscando la manera de armar causas", sumó y concluyó: "Nos están haciendo querer tener miedo".

Pero no lo lograron: "Lejos de conseguir su objetivo hoy somos más fuertes", resaltó Ana.

Más que un riesgo, un peligro inminente

Los activistas no son "anti-mineros", sino que están en contra de la mega-minería, es decir, la que es a cielo abierto y usa explosivos y millones de litros de agua.

Aldo Banchig es andalgalense y doctor en Geología. Es uno de los profesionales que informa continuamente sobre las consecuencias que traería el proyecto si consigue instalarse. Por eso, realizó una serie de videos que explican de modo sencillo sus efectos. "Son la crónica de una muerte anunciada" dijo a Carbono News.

Los impactos indudables que señala el geólogo son:

   derrumbes: hay pendientes muy grandes y alarmantes, y podría haber grandes avalanchas.

   agua: actualmente utilizan la del Río Minas y, en el caso de aprobarse el proyecto, usarían la de Campo del Arenal que "ya está impactado en poblaciones cercanas por el uso que le dio Alumbrera por 20 años. La que están usando ahora no afecta a la cuenca de Andalgalá, pero dudo que solo saquen de ese lugar. El problema ahora es para Belén y Santamaría. Con el agua que se bombea también se alimentaría al mineraloducto que transporta barro con agua y minerales concentrados de la explotación a Tucumán. La recarga de esa cuenca es insuficiente. Hay lugares más lejanos que ya no les llega el agua a las fincas", dijo Banchig

   Polvo tóxico en las aguas y en el aire: el yacimiento está ubicado justo en la cuenca alta del Río Andalgalá donde nacen varios ríos. "La perforación y explotación de los pozos generan cortinas de humo y polvos que llegan hasta los pueblos por el aire y el agua y provocan problemas de salud. Además, con las lluvias y el derretimiento de las nieves estos polvos se infiltran. El mineral tiene sulfuros que reaccionan con el agua de lluvia y se vuelven ácido sulfúrico, muy reactivo, muy fuerte, y va destruyendo las rocas liberando así otro componente a los caudales. Estos fragmentos de roca están llenos de manchados y oxidados por las tiritas de sulfuro de hierro que tienen. La minera no puede contener esto y va a terminar acidificando el agua y transformándola en agua dura por los excesos de sales", explicó.

"El impacto también llega a las napas freáticas y eso es más problemático porque no hay muchas formas de remediarlas. En ninguna parte del informe te dice", sumó.

   Se forman caminos por encima de los glaciares "como si nada, cortando cuerpos de glaciares activos"

   Desmonte de arbolado naturales

   Ruido: "en las minas hay todo tipo de ruidos violentos, explosiones" y eso molesta a los pueblos cercanos y también a los animales ya que le "cambian el comportamiento a la fauna que son venados, zorros, infinidad de bichos muy bonitos y raros".

Los activistas intentan que la Universidad Nacional de Tucumán se expida de la decisión de apoyar la megaminería 

"Los intereses o la avidez es mayor. Falta asumir que un lugar no se puede trabajar porque es inviable. El ambiente de la universidad es prominero, pero cuando digo toda esta información nadie se opone. Yo juré por mi honor, Dios y la patria cuando me recibí, por eso sé que si hay un problema lo voy a intentar solucionar", cerró Banchig.

"Ellos mismos saben que es inviable, es la carta de defunción de Andalgalá", concluyó Ana Chayle.

El comienzo del mal: la contaminación y las muertes que dejó La Alumbrera

No se puede hablar de la lucha de Andalgalá sin explicar las dramáticas consecuencias de Alumbrera.

En 1989, los hermanos Carlos y Miguel Aranda, agricultores, querían construir una planta embotelladora de agua mineral en Alpachiri, Tucumán. Los estudios al agua que exigía el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) les dieron perfectos, pero su emprendimiento se retrasó hasta 2004 y tuvieron que repetir el análisis. El resultado: el agua no era apta para consumo humano por contener metales pesados.

El mineraloducto -sí, el mismo que se utilizaría ahora en el proyecto MARA- pasa por medio de la finca de los Aranda y tuvo roturas en 1999 y en 2001. Comenzaron a investigar y descubrieron que 4 km más arriba del manantial, la minera había hecho una fosa inmensa, un enterramiento ilegal donde acopiaba gran cantidad del material derramado. Se le realizaron estudios y se comprobó que estaba contaminada con los mismos metales que la del manantial, el canal pluvial DP2 que está conectado con la Cuenca del río Salí-Dulce.

Las primeras casas del pueblito están a 9km de la mina (Foto: En rojo, lo que puede desprenderse/ Aldo Banchig)

Alumbrera extrajo cobre, oro y molibdeno, entre otros metales, y está ubicada en Belén, Catamarca. Es operada por la firma suiza Glencore que posee el 50% de las acciones, y las empresas canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%). Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad compuesta por el Estado Nacional (que designa al presidente del YMAD), la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán. A su vez, YMAD forma una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con la minera para la explotación del yacimiento y por eso percibe el 20% de las utilidades.

Tras un largo camino jurídico, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán falló a favor de los hermanos en 2019 y resolvió que la minera había contaminado. Fue la primera vez que una minera pierde un caso en la justicia argentina. La Corte ordenó a la empresa a recomponer todos los daños ambientales causados y dictaminó que el poder ejecutivo provincial haga un relevamiento de los impactos tóxicos sobre la población que vive cerca de las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona para detectar las enfermedades y/o patologías que se relacionen directamente con la contaminación y que se asista a los perjudicados. Además, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT. SAPEM) debe informar sobre el estado del servicio de agua potable.

"Por la pandemia quedó todo paralizado y no se avanzó", dijo Miguel Aranda a Carbono News.

Desde hace décadas la familia Aranda denuncia la cantidad de personas con cáncer y enfermedades raras a partir del funcionamiento de la mina, tanto en Concepción y Alpachiri, como en Andalgalá. Carlos Aranda falleció hace dos años por leucemia. "Alumbrera construyó un hospital con un sector oncológico de alta complejidad", contó su hermano.

Esta minera también es acusada de hacer contrabando. "En los análisis dieron mucho más que los 3 ó 4 metales que declaran que se llevan del país", dijo.

Si en 2004 las aguas del Río Salí Dulce ya estaban contaminadas, ¿cómo estarán ahora 18 años después con la minera que no paró de funcionar hasta 2019?

Un ex CEO de la empresa, Julián Patricio Rooney y un gerente corporativo, Raúl Pedro Mentz, están procesados por la contaminación. Otro ex CEO, Michael Holmes, todavía tiene que declarar en la justicia. Esta es solo una de las tantas causas que tiene en su contra. Otra es por corrupción por parte de altos directivos de la Universidad de Tucumán y funcionarios provinciales por presunta malversación de los fondos de las regalías.

"El pueblo de Vis-Vis en Catamarca tuvo que ser evacuado por la contaminación del río", explicó Freddy Carbonel, el presidente de PRO ECO, querellante en una de las causas. Estas personas vivían a 3 km del dique de colas (donde depositan los desechos y tóxicos de la explotación).

Para conseguir el amparo, acamparon un mes los vecinos frente a la CSJN "La lucha no tiene nombre propio, somos todos Algarrobo. Toda Catamarca es tierra feudal, acá siguen manejando los grupos de poder de siempre y a costa del pueblo" (Foto: Alumbrera)

Carbonel afirmó que el Proyecto de Agua Rica involucra "un convenio" en el que piensan explotar más de una zona de la Sierra. "Es como entregar todo el patrimonio, es una locura y siguen como si nada pasara", cerró.

Que bajen las máquinas del cerro

"Alumbrera no presentó el informe de impacto ambiental de cierre de minas y ya parte de otro proyecto", resumió Rosa Farías. Un proyecto que solo da 50 puestos de trabajo.

De la mano de Katz, la lucha del pueblo de Andalgalá consiguió:

   en 2016 un amparo judicial ambiental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la minera Agua Rica

   una ordenanza municipal que prohíbe todo tipo de actividad minera, pero que luego fue declarada "inconstitucional" por la Corte Suprema de Justicia de Catamarca

   dos medidas cautelares que dicen que no se puede hacer exploración ni explotación hasta que no se recobre la paz social en Andalgalá.

¿Por qué entonces está en marcha? Por el nuevo informe de impacto ambiental que presentaron bajo el nombre de MARA (no de Agua Rica como era hasta hace unos años) y porque todos los procesos judiciales tienen apertura a prueba, explicó Katz, aunque enfatizó que sigue siendo ilegal por las medidas mencionadas. Actualmente, la empresa está intentando dejar sin efecto la orden de la Corte ya que "son una nueva empresa", pero Katz explica que no importa quién sea el dueño, el tema es que no se explote el yacimiento.

"Cambian de caballo pero la monta sigue siendo la misma" (Foto: Alumbrera)

En la lucha también hay belleza, voluntad y alegría porque lo que está en juego es muy grande. "Es una causa justa, buena. Despertar y ver el Nevado del Aconquija enfrente tuyo es hermoso", detalló Paz. "Jamás hubiese pensado con mi forma de ser que iba a tener la fuerza, la paz interior y la tranquilidad que tengo hoy", sumó Ana.

Como pasa en Mendoza por la defensa de la ley 7722 para cuidar el agua y como el reciente Chubutaguazo, el pueblo catamarqueño y tucumano se resiste a que los sigan utilizando como zona de sacrificio para la ganancia de unos pocos. La megaminería no tiene licencia social en ninguna parte de la Argentina.

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