Riachuelo: "Aún no se puede hablar de un saneamiento total"
Hace ocho meses, el 22 de octubre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por finalizada la causa "Mendoza", iniciada para exigir la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El fallo original de la causa Mendoza, emitido el 8 de julio de 2008, obligaba al Estado a atender la grave situación socioambiental de la cuenca y establecía tres objetivos fundamentales: mejorar la calidad de vida de los vecinos, reparar los daños ambientales y prevenir nuevos impactos. Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierten que ninguno de esos objetivos está cumplido.
Crédito: ACUMAR
Hace pocos días, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la finalización de las obras de saneamiento en el Sistema Riachuelo que permitirá mejorar el servicio de cloacas para una población estimada en 4.5 millones de personas, distribuidas entre el Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Si bien se trata de un avance importante, ni la obra ni su puesta en funcionamiento permiten aún hablar de un saneamiento total del Riachuelo. Este sistema solo podrá contribuir significativamente si se integra a una política sostenida que cumpla con los objetivos establecidos por la Corte Suprema en el fallo Mendoza". Cristian Fernández, coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
En el Monitor Ambiental del Presupuesto 2024, informe que analiza los recursos presupuestarios destinados a las partidas ambientales, se advierte que los fondos destinados al saneamiento y mejora de infraestructura de la cuenca Matanza-Riachuelo sufrieron un ajuste del 76.6% en términos reales. Es decir, durante 2024 estas partidas contaron con una cuarta parte de los fondos utilizados en 2023. En caso de que no haya actualizaciones presupuestarias en 2025, se calcula que estas partidas caerán este año un 30.4% más.
A su vez, el cierre de la causa por parte de la Corte implicó que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) ya no esté obligada a presentar informes trimestrales sobre temas clave como el control industrial, la calidad del agua y del aire, el saneamiento de basurales, la relocalización de personas afectadas por la contaminación, las obras cloacales y de acceso al agua potable, ni la elaboración de un mapa sanitario, entre otras obligaciones.
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En este contexto, FARN, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Asociación Vecinos de La Boca y la Fundación T.E.M.A.S., presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia al Estado argentino por la violación de los derechos de las personas afectadas por la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo y solicitaron la adopción de medidas urgentes para proteger la salud de quienes la habitan, con especial atención a niñas, niños y adolescentes. También pidieron que se garantice el acceso a información pública actualizada sobre:
- Control industrial
- Indicadores de contaminación en suelos y napas subterráneas
- Calidad del agua y del aire
- Ordenamiento ambiental del territorio
- Reubicación de familias y urbanización de villas y asentamientos
- Estado de avance de obras de saneamiento y de expansión de redes de agua y cloacas
- Todas las acciones realizadas por ACUMAR en el marco de la sentencia de la Corte.
"La histórica sentencia de la Corte Suprema no debe quedar en el pasado. Es fundamental que la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo tenga continuidad en el presente y se proyecte en el largo plazo", agregó Fernández.
