derechos ambientales

Mientras el mundo empresarial se muestra favorable a las iniciativas de secuestro de carbono, los guardianes de las tierras ancestrales expresan su preocupación por la falta de información y consulta

La constructora china tiene seis proyectos en el país, pero ha tenido dificultades para ganarse al público, enfrentándose a quejas por daños ambientales, problemas laborales y la calidad de las obras

El Decreto avasalla los derechos de acceso a la información y a la participación en asuntos ambientales garantizados en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, y en la Constitución Nacional y provincial

Este tratado histórico influye cada vez más en las resoluciones judiciales de la región al proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la justicia medioambiental

Con el objetivo de manifestar el rechazo a la instalación del puerto petrolero en el golfo San Matías y advertir sobre el daño irreversible que esta actividad causa al ecosistema, organizaciones ambientales y sociales realizarán el sábado 3 y domingo 4 de agosto diversas actividades en Viedma, Río Negro.

Hubo abrazos, sonrisas y distensión bilateral luego de una semana donde la polémica entre ambas naciones ganó los titulares de la prensa.

En marzo se anunció el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesino e Indígena, otro golpe para el ambiente, las personas y la agroecología.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitido el 8 de julio de 2008 ordenó al Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires a restablecer el daño ambiental producido en la cuenca.
Tras 16 años, los objetivos planteados en el fallo no se han cumplido y los avances son aún escasos: solo el 40% de las relocalizaciones habitacionales han sido concretadas y las personas siguen expuestas a riesgos ambientales.
Desde FARN reclaman que el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo sea considerado una política de Estado, que cuente con el presupuesto necesario y que la Corte Suprema adopte las medidas necesarias.

América Latina es una de las regiones más peligrosas para las personas defensoras del ambiente que cumplen un rol fundamental para su conservación y protección. Desde FARN presentaron una revista que da cuenta de la necesidad de respetar los derechos de quienes defienden los ecosistemas naturales en el país.

Cincuenta organizaciones de la sociedad civil presentaron una nota dirigida al Senado para advertir sobre las consecuencias que podría acarrear la aprobación del proyecto de ley pronto a ser debatido en la Cámara.

Un tercio de los residuos urbanos generados en América Latina y el Caribe terminan en basurales a cielo abierto según las Naciones Unidas. Su mala gestión se vuelve una práctica que afecta la salud de las personas, mientras contamina el aire, los suelos y el agua. ¿Cuáles son las posibles soluciones?

El cobre cumple un rol relevante en la transición energética. En América Latina, Perú representa el 10% de la producción mundial de cobre, siendo Cerro Verde la principal minera en este rubro. No obstante, este éxito coexiste con más de una década de conflictos socioambientales. Así, el futuro de la minería se ve envuelto entre malas prácticas operacionales que afectan a comunidades y territorios, gobernanzas desalineadas con metas climáticas y los impulsos de mineras por reducir su huella de carbono en tiempo limitado.

El tribunal se dispone a emitir una opinión consultiva sobre el vínculo entre los derechos humanos y los efectos del cambio climático

Varios países están ampliando sus leyes y códigos penales para combatir las actividades ilegales que degradan la naturaleza, pero siguen existiendo muchas lagunas

La lucha contra la crisis y posible colapso climáticos es un reto compartido, pero no todo el mundo es igual de responsable y las políticas gubernamentales y empresariales deberían adaptarse en consecuencia.

En un acto sin precedentes en la historia democrática de la Argentina, un DNU reescribe más de 300 artículos a la vez, afectando los subsidios a las tarifas energéticas, los incentivos a las energías renovables y la minería. Aunque expertos apuntan a un retroceso en materia ambiental, algunas normativas involucradas no estaban operativas en la práctica.