Hidrovía: presentaron una acción de amparo para frenar la destrucción del Paraná

La Asociación Civil "Unidos por la Vida y el Ambiente" (UPVA) de Ramallo, Buenos Aires, y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) interpusieron una Acción de Amparo Ambiental contra el Estado Nacional para que la justicia federal suspenda las obras de dragado ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná Paraguay, especialmente en el denominado "Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas", frente a la localidad de Ramallo.

"Resulta injustificable y absolutamente contrario a derecho realizar obras de estas características frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del mal llamado proyecto Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca", sostuvo Enrique Viale, firmante de la acción en carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

Las organizaciones afirman que estas obras deben suspenderse urgentemente por ejecutarse sin la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental (EIA), conforme el procedimiento legal obligatorio al que debe someterse toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, profundizaciones del calado, sobre-dragados y ensanchamientos del cauce de navegación. Por tal razón, solicitaron preventivamente "una medida cautelar que ordene al estado Nacional, suspender toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin EIA puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado".

En contacto con Carbono.News, el abogado integrante de AAdeAA, Lucas Micheloud, señaló que "no se utilizan informes de impacto ambiental o bien, usan algunos que tienen más de 30 años" y que, por lo tanto, están desactualizados y no sirven. Además, detalló que "no hay participación ciudadana y no hay una evaluación estratégica".

Los abogados patrocinantes de ambas organizaciones, Jorge Daneri, Micheloud y Fabian Maggi, sostienen que la presente acción es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la "desambientalización y falta de controles estatales" que tiene el proyecto de la Hidrovía.

¿Qué está en juego en la Hidrovía?

Según estas organizaciones, "los cambios globales concretados en el río Paraná en las últimas décadas por el proyecto de la Hidrovía, en conjunto con los impactos climáticos e hidrológicos están desestabilizando todo el sistema de humedales, sitios de valor paleontológico y sus ecosistemas asociados en la región de la cuenca, pero también a las comunidades ribereñas, frente al acceso al agua de forma segura y adecuada".

Mirá también: "Acuerdo de Escazú: qué podría cambiar con la entrada en vigencia"

En razón del cambio de traza realizado frente a Ramallo, ambas organizaciones solicitaron a la Justicia que disponga que no se concreten más este tipo de intervenciones en el río y sus valles de inundación, como el cauce principal, sin cumplir con la aplicación y el cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas. A su vez, denunciaron que la auditoría contratada por la Administración General de Puertos a la empresa SERMAN S.A. no reviste la categoría de Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una Declaración de Impacto Ambiental, además de representar "un grave conflicto de interés".

"Finalmente, frente a la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto HPP y la escandalosa mercantilización realizada sobre el río Paraná y sus reinos de vida que hace el complejo agroportuario y el sistema de navegación comercial solicitamos a la Justicia Federal que adopte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el "Comité de Cuenca del río Paraná", la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río de la República", concluyeron las organizaciones amparistas.