Organizaciones presentaron un proyecto con enfoque ambiental

El proyecto es promovido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y cuenta con el respaldo de otras trece organizaciones: Aves Argentinas, Patagonia Natural, Confederación Mapuche de Neuquén, Multisectorial Golfo San Matías, Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica, Fundación Hábitat y Desarrollo, Fundación Biodiversidad Argentina, FIBO Impacto, GIRSAC, Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), Proyectar ONG y Argentina 1.5.

"Esta iniciativa apunta a dotar a los gobiernos provinciales de recursos genuinos, que les corresponden, para afrontar las emergencias sociales que producen los eventos climáticos extremos sin tener que mendigar asistencia al gobierno nacional. Los impactos que produce la crisis climática son cada vez más recurrentes y graves, y golpean principalmente a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad", señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

Actualmente, los fondos ATN -equivalentes al 1% de la masa coparticipable bruta- son un instrumento discrecional del Poder Ejecutivo Nacional que, si bien fue creado para atender emergencias y desequilibrios financieros de las provincias, carece de un criterio transparente, proporcional y automático en su aplicación. En 2024, de los casi $680 mil millones recaudados, más del 93% no fue ejecutado.

Frente a este escenario, el proyecto de ley propone que el 1% de los fondos ATN se divida en dos componentes:

• 40% para obras públicas provinciales de prevención y adaptación climática, a través de una partida presupuestaria específica.

• 60% para la creación de un Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres Socioambientales, destinado a dar respuesta inmediata ante inundaciones, incendios, temporales y otras emergencias. Si no se utiliza en un plazo de tres meses, el remanente se distribuye entre las provincias.

"En un país donde se proyecta un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales, así como en el nivel del mar, con impactos especialmente graves a lo largo de la costa marítima y el Río de la Plata, la inversión en infraestructura resiliente a este tipo de eventos debe ser una prioridad", sostuvo Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de FARN

Además, desde FARN advirtieron que situaciones como la ocurrida en Bahía Blanca en marzo pasado, con víctimas fatales, personas desaparecidas, más de 900 personas evacuadas y más de 5.000 hogares con daños irreparables; o como la registrada dos meses después en el norte de la provincia de Buenos Aires -donde fallecieron tres personas, más de 2.900 debieron ser evacuadas y se reportaron daños estructurales de gran magnitud-, reflejan el costo humano y económico de no contar con políticas de prevención y respuesta adecuadas.

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Hace algunas semanas, los gobernadores presentaron en el Congreso un proyecto para modificar la asignación de los fondos ATN, que plantea que su distribución se realice según los criterios establecidos en los artículos 3, 4 y 8 de la Ley de Coparticipación, en donde parte iría a Nación y otra parte a las provincias.

"Si bien es fundamental que estos recursos se distribuyan entre las provincias, la propuesta presentada por los gobernadores no define un destino específico para su utilización. Esto implica que no se garantiza su uso para la atención de catástrofes ocasionadas por eventos climáticos extremos, y menos aún para la construcción de infraestructura preventiva", explicó Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN.

"Con este proyecto buscamos anticiparnos a los impactos de la crisis climática y transformar fondos que hoy son discrecionales en una herramienta federal, transparente y orientada a reducir los riesgos frente a este tipo de eventos", explicó Mercure.