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El Congreso argentino pone primera y avanza para penalizar los delitos contra el ambiente

Legisladores de distintos partidos aunaron fuerzas para responder a una demanda de la sociedad, impulsada sobre todo por organizaciones de jóvenes activistas.

"Es más punible romper una ventanilla de un auto que quemar millones de hectáreas". La frase es de Enrique Viale, abogado especialista en Derecho Ambiental y fundador de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas (AAdeAA), quien fue expositor de la Reunión Plenaria de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación para analizar la viabilidad de incorporar los delitos penales ambientales al Código Penal, o bien a alguna ley específica que tipifique tales violaciones contra el ambiente.

La frase de Viale grafica la situación de vulnerabilidad que atraviesa nuestra "casa común", pero también explica la impunidad y la falta de condena de quienes atentan contra la misma. Sin embargo, la presencia de Viale y de otros reconocidos juristas, como el magíster José Alerto Esain, el doctor Gustavo Aboso y el magíster Federico Iuspa en dicho plenario, pone en evidencia que, en Argentina, se están dando pasos concretos para avanzar no sólo en la tipificación de este tipo de delitos sino, y lo más importante, en el cambio del paradigma que durante siglos ha puesto al hombre en el centro y al resto de los bienes comunes en la periferia y bajo su yugo.

Si trazamos una línea de tiempo, el Código Penal vigente data de 1921. ¿Cuál era el mundo por aquellos "locos" y "felices" años 20? Eran tiempos de entreguerras, de esplendor del capitalismo y de la producción en serie; tiempos de bonanzas para Estados Unidos, del nacimiento de movimientos nacionalistas como el de Mussolini en Italia, de la irrupción del comunismo. Los años 20 fueron los "Tiempos Modernos" de Charles Chaplin, marcados por una exacerbación de la producción y el capital y una enajenación del hombre con el hombre y ni hablar del hombre con el ambiente. Argentina era la promesa de América del Sur, con su irrupción en el mercado internacional como productora de materias primas y su fuerte apuesta al desarrollismo agrícola-ganadero. A 100 años de sancionado el Código Penal argentino, el mundo es prácticamente otro: el de la pandemia, el de la digitalización, el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, pero sobre todo el de las promesas multilaterales para transitar a una nueva economía basada en la carbono neutralidad y en la necesidad de dotar al ambiente de derechos y garantías.

Así, en estos nuevos años 20, Argentina se moviliza para reformar el Código Penal incorporando un capítulo específico de derechos penales ambientales o, al menos y dadas las sugerencias jurídicas, avanzar mediante una ley específica. En concreto, el Senado discute cuatro proyectos presentados, cuyas autorías pertenecen a Gladys González (Frente Pro), Alfredo Luenzo (Frente de Todos), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y Antonio Rodas (Frente de Todos).

Una demanda social

"Lo primero para decir es que la creación de delitos ambientales es la consecuencia de una Argentina en llamas. Primero fue el Delta, luego Córdoba, las provincias del norte argentino y ahora la Patagonia. Luego de haber visto, en marzo, con mis propios ojos, la devastación en Chubut, decidí renovar esfuerzos y, coincidiendo con mis compañeros senadores, pusimos a la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación a trabajar para incorporar los delitos ambientales al Código Penal", explicó a Carbono News la senadora González sobre la iniciativa de poner en marcha tal discusión.

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Profundizando sobre las oportunidades y las dificultades para dar el debate, la legisladora agregó: "La oportunidad es la de una sociedad que nos lo demanda y la de una política que cada vez tiene menos lugar para las excusas. Cientos de organizaciones de la sociedad civil nos están, a su vez, acompañando y demandando. Así como a partir de la revolución de género impulsamos decenas de leyes que ampliaron derechos, como la incorporación del femicidio al Código Penal; la revolución verde está empujándonos en el mismo sentido. Esto abre caminos, canales de diálogo y acerca acuerdos en una clase política acostumbrada a la grieta. Por el lado de las barreras, la mayor es la coyuntura. Muchas veces resulta difícil encontrar el espacio para estas discusiones en medio de la crisis sanitaria, económica y educativa que estamos atravesando. No obstante, creo que hay una noción cada vez mayor de que la única manera de construir una sociedad sana, inclusiva y desarrollada es con protección ambiental. Por tanto, hoy la oportunidad es más superadora frente a las dificultades que podamos encontrarnos en el camino".

Con la herida que provocaron los incendios en Chubut y con la particularidad de tener raíces en esas tierras devastadas, el senador Luenzo coincidió con el análisis de la legisladora del PRO: "Ya no hay dudas ni posicionamiento ideológico que no entienda la necesidad de cuidar el ambiente en el que vivimos. Esta visión antropocéntrica del mundo nos está haciendo ver que tenemos que tomar medidas urgentes. El impacto de vivir en la Comarca Andina y ver desaparecer miles y miles de hectáreas, sea por impunidad o intencional, ha sido muy fuerte. Sin embargo, destaco el marco político de referencia, es decir, hoy todos los actores asumen que algo hay que hacer y, en esto, la pandemia ha sido una cruel pedagoga. Si no tomamos consciencia de la casa común, no hay destino para el ser humano".

Delitos específicos

Ahora, y luego de encontrar el consenso para avanzar en una unificación de criterios para armar un cuerpo común que tipifique los delitos ambientales, tanto la Comisión de Ambiente como la Comisión de Justicia y Asuntos Penales están debatiendo los detalles técnicos que refieren a la tipificación de delitos a incorporar o a la viabilidad de aprobar esto mediante ley específica o bien incorporándolos directamente al Código Penal. En este sentido, los juristas invitados en el plenario dieron sus puntos de vista técnicos para enriquecer los proyectos.

De tal modo, el Dr. José Alberto Esain, magíster en Derecho Ambiental y consultor en organismos internacionales, nacionales y provinciales destacó en su diagnóstico: "Me ha sido grata la preocupación en el tema. La regulación penal ambiental existe en todo el mundo. En Argentina, el ambiente no recibe tipificación penal y los únicos artículos que podrían tipificar no lo hacen de forma autónoma. De tal modo que, el derecho penal ambiental en Argentina es inexistente". Para Esain "el bien jurídico existe, lo que se necesita es la decisión del legislador que desarrolle ese bien jurídico y ese derecho al ambiente en el marco del derecho penal".

Respecto a los proyectos presentados, el especialista resaltó, en diálogo con este medio, la predicación específica a los funcionarios públicos, que se tenga en cuenta a la persona jurídica, el enunciado referido a las reparaciones o recomposiciones del ambiente. Sin embargo, y como punto taxativo a la hora de avanzar en el proceso, el Magíster alertó: "Es muy importante que las acciones que se tipifiquen sean muy específicas para que haya un buen resultado".

Otro de los oradores invitados fue el doctor en Derecho Penal, defensor oficial de Cámara en lo Penal, Contravencional y Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gustavo Aboso, quien advirtió: "El Código es un cuerpo armonioso", por lo que solicitó que, de avanzar en una reforma, se ponga en consideración una modificación integral del mismo "para no quebrar el correlato y caer en inconcordancias que no resulten satisfactorias".

Por su lado, Enrique Viale, especialista en Derecho Ambiental y fundador de la Asociación de Abogades Ambientalistas, cerró reflexionando: "Esto que está ocurriendo es histórico. Lo intentamos tratar hace años pero ni los asesores pudimos dar voluntad", y resaltó: "En Argentina existe una gran impunidad ambiental".

Por estos días, y según explicó Luenzo, "la discusión, que más diferencias genera es la de considerar peligro abstracto o peligro concreto". Sin embargo, coincidió con González, quien dijo respecto al futuro de la discusión: "No hay desafíos que un diálogo sincero y honesto no pueda sortear. Lograr la mejor norma depende de la voluntad para sentarse en la mesa, de intercambiar ideas y de dejar las mezquindades de lado. Este es el único y principal desafío junto con un trabajo fino y paciente".

De abajo hacia arriba

La urgencia de los temas ambientales es un punto de encuentro entre tan profunda grieta política. Pero también hay otra coincidencia indiscutible: las organizaciones de la sociedad civil, especialmente liderada por jóvenes, han empujado y propiciado las condiciones conducentes a que el ambiente sea hoy un tema prioritario en la agenda. La tipificación de los delitos ambientales es un reclamo que empezó a circular con fuerza en las redes, en las calles, y que ahora, gracias a la militancia ambiental de dichas organizaciones, tiene eco en el Congreso de la Nación.

El presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, dijo a Carbono News: "FARN viene promoviendo la incorporación de estos delitos hace tiempo. Tenemos un Código de 100 años que no cuenta con este tipo de delitos salvo algunas leyes especiales, como la 24.051 de Residuos Peligrosos, la 22.421 de Conservación de Fauna, o la Ley 14.346 de Maltrato Animal. Con la situación que estamos atravesando en la Argentina, con miles y miles de hectáreas incendiadas, es más que necesario incorporar la penalización de estas conductas que generan daños y catástrofes, muchas veces, irreparables".

Iniciativa de FARN

Con la lupa puesta en el avance o retroceso de la política en la causa ambiental, Nápoli advirtió: "Desde la sociedad vamos a estar exigiendo avances. Vamos a insistir hasta que se sancione un cuerpo con la tipificación de este tipo de delitos, así como hemos logrado avanzar en la ratificación y puesta en vigencia del Acuerdo de Escazú, vamos a seguir movilizando debates, foros, solicitando la creación de fiscalías especiales, etc".

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Con el mismo tenor en el discurso, el titular de Vida Silvestre, Manuel Jaramillo, destacó que la organización viene juntando firmas para dicha causa desde 1993. "Afortunadamente se llega a una madurez, impulsada por los jóvenes, que pide cambio. Estamos sufriendo los efectos negativos de estos escasos 60 años ya que la velocidad del impacto ha sido tan grande que es imposible que el Planeta se recupere así mismo. No sólo tenemos que avanzar en protegerlo o restaurarlo, necesitamos penalizar a quienes cometen delitos contra el medio ambiente", profundizó Jaramillo, y agregó: "Hemos venido fallando: hemos desertificado la Patagonia, sobreexplotado los ecosistemas, hemos pedido 200.000 hectáreas de bosques nativos por año y degradando nuestras tierras. Tenemos que propiciar un modelo de desarrollo nacional, respetuoso del ambiente, sostenible y climáticamente inteligente procurando que nadie quede atrás en este nuevo paradigma".

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