30 años de la Secretaría y Ministerio de Ambiente de la Argentina: estuvieron en el cargo más políticos que especialistas

Hace pocos días se conoció una sentencia contra la ex secretaria de Medio Ambiente (entre 2006 y 2008) Romina Picolotti: tres años de prisión en suspenso y devolución de siete millones de pesos por administración fraudulenta agravada. Además, quedó inhabilitada para ejercer la función pública. La justicia determinó que ella utilizó el dinero asignado presupuestariamente a la dependencia a su cargo para solventar gastos personales y otros ajenos a la actividad oficial.

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La condena reabrió el debate sobre la forma en que se designan los funcionarios argentinos que deberían luchar contra la depredación de aire, suelo, mares y ríos.

¿Se los elige desde la Casa Rosada por su expertise o bien se escogen funcionarios cuyos conocimientos sean, en el mejor de los casos, relativos a esta delicada materia?

Son, al menos, cinco los titulares de tan estratégica cartera los que terminaron sumamente cuestionados: María Julia Alsogaray, Juan José Mussi, Sergio Bergman, Juan Cabandié y la propia Picolotti.

Consultado por Carbono.news, Claudio Savoia, el periodista que desde el diario Clarín impulsó las investigaciones periodísticas contra Picolotti, señaló que sus intereses se relacionaron a menudo con el dinero: "Siempre fue en busca de becas, cursos, subsidios y premios junto a su marido Daniel Taillant. Así, llegó al gobierno nacional y, gracias a esa forma de moverse, pudo luego radicarse en Miami, en los Estados Unidos".

En 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, la ingeniera María Julia Alsogaray fue nombrada al frente de la flamante Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Ocuparía ese cargo durante ocho años. Durante su gestión prometió "limpiar el Riachuelo en 1000 días", clamando que al término de ese período "se tiraría a nadar" en el contaminado curso de agua, uno de los diez más sucios del planeta.

La calidad del agua nunca mejoró. Desde 1996 hasta el final del menemismo, el Comité del Riachuelo manejó más de 35 millones de dólares, de los cuales casi 22 fueron a parar al rubro "servicios técnicos y profesionales". En otras palabras, a consultoras cercanas a la funcionaria que hicieron estudios sobre el origen de la contaminación.

Su patrimonio creció de 400.000 a 2,5 millones de dólares. Fue encarcelada por enriquecimiento ilícito. Debió pasar varios años detenida en las celdas de la Policía Federal, en Figueroa Alcorta y Cavia.

Por su parte, Juan José Mussi, ex intendente de Berazategui, ocupó el codiciado sillón de defensa de la ecología entre 2010 y 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Al igual que María Julia, también fracasó en su intento para sanear la cuenca Matanza. Además, sumó otro sonoro revés: no pudo completar el Inventario Nacional de Glaciares para identificar y monitorear los hielos eternos de la cordillera de los Andes. Terminó procesado por irregularidades en las ejecuciones presupuestarias.

Del otro lado de la "grieta", el ex ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, durante la gestión de Mauricio Macri, fue investigado por realizar operaciones de compra y alquiler de vehículos terrestres y aéreos para su cartera sin cumplir con los pasos mínimos requeridos para la administración pública. Se acusó al rabino por alquilar helicópteros para el Plan Nacional del Manejo del Fuego y comprar colectivos eléctricos para "combatir la contaminación ambiental" sin licitación previa. Tras su partida del área, Bergman fue denunciado por desvalijar sus oficinas.

El ex ministro macrista había amueblado con fondos públicos su zona de trabajo pero se llevó hasta los muebles y las plantas tras finalizar sus tareas. Se le abrió un sumario administrativo por lo ocurrido.

Finalmente, a fines de 2019, llegó el turno de Juan Cabandié, en el gobierno actual de Alberto Fernández, a quien no se le conocían demasiados antecedentes, con excepción de haber "alucinado" con que descubrió peces nadando en el Riachuelo.

En uno de los conflictos más graves de la Patagonia, el incendio de los bosques cordilleranos, el dirigente de "La Cámpora" informó que el Estado Nacional dejaría de ser querellante en contra de los supuestos mapuches usurpadores en Villa Mascardi. Justificó la decisión afirmando que iban a "buscar diálogo y tareas de comanejo" con quienes algunos estiman que arrasaron vastos sectores de los parques Nahuel Huapi y Lanín.

Durante esta gestión se están quemando miles y miles de hectáreas de variados ecosistemas como bosques nativos y humedales en todo el país. Del tema del agronegocio, solo una vez nombró a los agroquímicos como agrotóxicos, pero rápidamente fue repudiado por la Sociedad Rural y no volvió a referirse al tema de la soberanía alimentaria.

Reporteado por Carbono.news, el reconocido especialista Sergio Rinaldi, quién lleva casi tres décadas al frente de un ciclo de video-debate público sobre ecología en el mayor centro cultural de Rosario, expresó: "Se trata de un puesto netamente político. Nunca se ha puesto al frente del mismo a personal técnico y formado. Esto funciona así desde hace treinta años. Probablemente, si hubieran colocado a alguien proveniente de las ONG que luchan por la preservación, se hubieran producido fuertes choques contra los grandes intereses corporativos. Tal vez, la duración de esas figuras no iría más allá de un suspiro. Aparentemente, es preferible escoger a alguien de la política que termine siendo un fusible capaz de ser reemplazado ante cualquier problema".

Y agregó: "No todos los países obran de igual manera. Por ejemplo, Lula Da Silva colocó en ese espacio nada menos que a Marina Silva, una referente mundial en la lucha por la defensa del Amazonas. Se crió al calor de las luchas de Chico Méndez y duró su gestión más de seis años en el gigante de Sudamérica. A veces duele mucho ver la improvisación y el desprecio que existe para semejantes rangos y jerarquías en Argentina. ¿Por qué no podemos soñar con algo parecido a lo que tuvieron en Brasil?".