ONGs reclaman falta de participación e información en el plan de transición energética

A diferencia de otros países de la región, como Colombia o Chile, el desarrollo del Plan de Transición Energética al 2030 no incluyó ninguna instancia de participación pública, lo que dejó fuera la opinión y los aportes de la sociedad. Además, hasta el momento, las ONGs no han recibido respuesta a sus solicitudes de información pública, elevadas a la Agencia Nacional de Información Pública como parte de su reclamo.

Es crucial que el gobierno escuche las voces y perspectivas de todos los sectores para garantizar una transición justa y efectiva, ya que las decisiones tomadas en este plan afectarán de forma transversal a toda la ciudadanía.   

En este contexto, un conjunto de ONGs: Sustentabilidad sin Fronteras, Ahora Qué?, Eco House Global, Jóvenes por el Clima, Consciente Colectivo, Alianza por el Clima, Correntinos contra el Cambio Climático, Salvarnos Salvando, entre otras, lanzó una campaña en redes sociales para visibilizar la existencia del plan y mostrar cómo el gobierno se niega a dar participación a la comunidad y a brindar información sobre cuestiones ambientales. Esta campaña resalta tanto los aspectos positivos como los negativos del Plan (el Plan completo se puede ver aquí)

Aspectos positivos

- El mismo hecho de contar con un Plan de Transición Energética: Era urgente definirlo, dado que el sector energético representa el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

- El reconocimiento de la importancia de la gobernanza participativa y la propuesta de creación de una Mesa Intersectorial de Transición Energética.

- La expansión del horizonte de participación de las energías renovables en la matriz eléctrica para que alcance un 30% al 2030. De esta forma se revertiría la predominancia de las fuentes fósiles y se pasaría de un 65% actual a un 45% en el futuro.

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- La baja de emisiones en el sector de Energía, que de cumplirse el plan en 2030, sería de 185 MtCO2 a 175 MtCO2/a (punto clave para cumplir con los compromisos climáticos al 2030).

- La integración de políticas climáticas y energéticas en acciones y metas con un horizonte común de transición justa, asequible y sostenible.

- El planteamiento de un diagnóstico, de barreras concretas y de readecuaciones normativas necesarias.

- La asignación de un rol central a la eficiencia energética.

Aspectos negativos:

- La ausencia de participación pública y falta de respuesta a solicitudes de información, incumpliendo con el Acuerdo de Escazú y la normativa nacional.

- La carencia de un cronograma de acción claro para las medidas: se anuncian los objetivos generales y las políticas que deberán desarrollarse, pero no se detalla cuándo ni cómo se implementarán. Dado que quedan menos de 7 años para el 2030, muchas metas requieren la toma de medidas inmediatas.

- La previsión de dos instancias de actualización del plan, una en diciembre de 2024 y otra en 2029, lo que no resulta coherente considerando que el objetivo es lograr la transición en 2030.

- La falta de presentación de un mecanismo concreto para lograr el financiamiento necesario para llevar a cabo el plan, ya que reconoce que esa es una de las principales barreras por el papel activo de los combustibles fósiles en el aporte de recursos para la transición, pero no sugiere ni evalúa alternativas.

Es importante que el gobierno tome en cuenta estos señalamientos y corrija la falta de participación y transparencia en el proceso de planificación. Las ONGs hacen un llamado para que en futuros planes sectoriales se generen espacios de participación de manera urgente, para subsanar las falencias que han surgido en la elaboración del Plan de Transición Energética al 2030.