transición energética justa

El cobre cumple un rol relevante en la transición energética. En América Latina, Perú representa el 10% de la producción mundial de cobre, siendo Cerro Verde la principal minera en este rubro. No obstante, este éxito coexiste con más de una década de conflictos socioambientales. Así, el futuro de la minería se ve envuelto entre malas prácticas operacionales que afectan a comunidades y territorios, gobernanzas desalineadas con metas climáticas y los impulsos de mineras por reducir su huella de carbono en tiempo limitado.

En medio de la emoción por la puesta en marcha de la primera comunidad energética de Colombia, pocos prestaron atención a los vacíos que aún existen para que este tipo de proyectos sean una realidad en los hogares que más lo necesitan.

La visita del presidente brasileño a la COP28 puso de relieve la irregularidad ambiental de su mandato, con victorias en la lucha contra la deforestación en la Amazonía, pero dudas sobre los combustibles fósiles y la agricultura

Mientras en los documentos elaborados en 1992 ni aparecía la palabra "género", actualmente hay más de 100 decisiones climáticas que la mencionan. De los 133 líderes que llegaron a Dubái, solo 15 eran mujeres. Esto piden los grupos feministas

En pleno debate sobre los desarrollos futuros del cambio climático y la necesidad de reducir a cero las emisiones netas en las dos próximas décadas, la transición energética global de los combustibles fósiles a las energías renovables se ha convertido en el centro de atención para muchos gobiernos y Estados. En este sentido, debido a su vasta geografía y sus abundantes recursos naturales, América Latina tiene el potencial para convertirse en una de las piedras angulares del sector. La capacidad de energía renovable en la región registra un crecimiento de más del 67% con respecto a 10 años atrás.

El pasado 7 de julio, mediante la resolución 517/2023 del Ministerio de Economía, se publicó el Plan de Transición Energética al 2030. Dicho plan tiene como objetivo principal definir la política energética del país para los próximos 7 años en consonancia con los compromisos en materia de cambio climático asumidos por el país y sus estrategias de desarrollo.