Una década de Vaca Muerta: sus consecuencias financieras y ambientales

Ante la mirada del Estado argentino, Vaca Muerta es la clave para lograr la soberanía energética, aumentar las exportaciones y, así, el ingreso de divisas. Pero, después de una década de estar en funcionamiento, las promesas de autoabastecer al país de energía y finalizar con el gasto en dólares en importación energética no fueron cumplidas.

Por el contrario, Vaca Muerta se explota mediante fracking, una técnica que, además de ocasionar graves impactos socioambientales, conlleva grandes inversiones en dólares y altos costos económicos. Un tipo de extracción que sólo puede ser sostenida gracias a los subsidios estatales a las empresas o a las Agencias de Crédito a la Exportación (ECA).

Financiamiento

"El sector de los hidrocarburos necesita de una fuerte asistencia económica", advierte Fernando Cabrera, del Observatorio Petrolero Sur, ya que "para sostener los niveles de productividad se necesitan grandes ingresos de divisas que son en general préstamos y que deben ser devueltos mediante giros financieros".

Desde 2017, los subsidios económicos para la energía vienen en aumento y en 2021, alcanzaron un total de $1.113.391 millones, un 115% más que en 2020. Guillermina French, integrante del Área de Investigación de FARN y autora del informe "Los subsidios a los fósiles 2021-2022", señaló que en 2021, el total de los subsidios entregados a empresas hidrocarburíferas (subsidios a la oferta) fue de $96.000 millones, el equivalente al 0,2% del PBI nacional o a 3,5 millones de jubilaciones mínimas, según datos del Presupuesto Abierto.

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A su vez, hay una tendencia en la transferencia del capital directamente al sector empresarial, antes que a la inversión en obras de infraestructura: esta transferencia representó el 90% del total del dinero transferido en los últimos años.

"El apoyo a empresas de hidrocarburos continúa postergando la transformación energética necesaria. Las medidas de respaldo son cortoplacistas: buscan paliar problemas coyunturales, más que estructurales. Existen alternativas que deben ser pensadas de manera colectiva e integral, para lograr una transición energética que sea justa y nos acerque a los compromisos climáticos", enfatizó French.

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Además, los combustibles fósiles no solo reciben dinero del sector público, sino también apoyo del sector financiero internacional, como por las Agencias de Crédito a la Exportación (ECA). Entre 2019-2021 las ECA del G20 han proporcionado casi $33.500 millones de dólares al año para petróleo y gas, frente a tan solo $4.700 millones a las renovables a nivel mundial.

En su mayoría, estas agencias pertenecen a países del Norte Global y, al estar sometidas a escasas regulaciones, pueden hacer negocios en países donde el clima de inversión no es conveniente para otras organizaciones convencionales de financiación como por ejemplo, el Banco Mundial.

En este sentido, Julia Gerlo, del área de Investigación de FARN, sostuvo que las ECA son una de las mayores fuentes de financiamiento a los fósiles y en Vaca Muerta operan de manera silenciosa para la ciudadanía, pero no así para los gobiernos, ya que estos recurren a ellas para buscar financiamiento e ingreso de divisas, sin tener en cuenta el comportamiento opaco y los bajos estándares socioambientales que estas agencias poseen.

Impactos socioambientales

Los impactos y riesgos socio ambientales del fracking son enormes. Esta técnica ocasiona la afectación del suelo, la contaminación de tierra y agua, la sismicidad y la generación de residuos peligrosos, como también impactos sociales, de salud y sobre las comunidades originarias de la zona.

"A partir de 2018 empiezan a registrarse eventos sísmicos en lugares aledaños a Vaca Muerta. Por sus características, podemos adjetivarlos como inducidos. Al día de hoy ya contabilizamos más de 400 sismos en Sauzal Bonito", explicó Javier Grosso, geógrafo de la Universidad del Comahue y uno de los autores de "Sismicidad inducida", un estudio sobre los sismos en Sauzal Bonito y Añelo a pocos kilómetros de Vaca Muerta.

Pese a esta evidencia y los reclamos por parte de las comunidades locales, en las Evaluaciones de Impacto Ambiental realizadas, la inducción de sismicidad no es declarada por las empresas y las autoridades aprueban los permisos, sin requerir las medidas necesarias para mitigar los potenciales impactos que estos proyectos pueden causar en el ambiente.

Consulta pública y participación ciudadana

Mirta Carbajal Presidenta de Inalafquen e integrante de la multisectorial en defensa del Golfo San Matías destacó el proceso y la movilización social por el cual la sociedad civil conquistó en la década de 1990 la Ley 3308, que le otorgaba protección absoluta de cualquier actividad hidrocarburífera a la zona del Golfo San Matías, en Río Negro. Carbajal describió el carácter inconsulto y con nula participación mediante el cual dicha Ley se modificó recientemente en pos de que YPF pueda construir un oleoducto desde Vaca Muerta para exportar el petróleo por el Océano Atlántico.

Los plazos con los cuales se están llevando las audiencias públicas para el avance del oleoducto violentan la normativa provincial y fundamentalmente los principios del Acuerdo de Escazú.

"Hoy en día existe lo que podría llamarse un 'consenso' de los sectores políticos mayoritarios sobre la relevancia de Vaca Muerta para resolver problemas como abastecimiento de energía en Argentina, o el de la falta de divisas para que el país crezca. Se sostiene una narrativa en la cual Vaca Muerta es la solución a la pobreza y al desempleo. Sin embargo, el megaproyecto fue presentado así hace ya diez años y estos promesas no solo no se han cumplido, sino que los problemas se han agudizado" finalizó Ariel Slipak, coordinador del Área de Investigaciones de FARN.

Para más información podes mirar el Webinar "10 años de Vaca Muerta".