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El dominio energético a cualquier costo: los intereses económicos detrás del negacionismo de Trump

El retroceso en la regulación permitirá que EEUU emita 1800 millones de toneladas adicionales de gases de efecto invernadero hasta 2035, a cambio de un "ahorro" de más de 6400 millones de dólares.

Analista y consultor experto en relaciones internacionales

En el marco de la catástrofe generada por los incendios forestales en los estados de Oregon, Washington y California en los Estados Unidos, Donald Trump volvió a ignorar la evidencia sobre el avance del cambio climático. Al ser interpelado sobre la necesidad de reconocer los fundamentos científicos del calentamiento global, el presidente desplegó su versión más pura de negacionismo: desestimó que la ciencia pudiera ofrecer respuestas ante los incendios que azotaron a más de dos millones de hectáreas de la costa oeste del país.

El escepticismo de Trump nada tiene que ver con las bases científicas del calentamiento global. Responde en realidad a su compromiso con el largo proyecto de independencia energética para los Estados Unidos. Cuando en 1973 algunos miembros de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo promovieron un embargo político a los Estados que apoyaban a Israel durante la Guerra de Yom Kipur, el precio mundial del barril de petróleo comenzó a dispararse, alcanzando un incremento del 300%. El embargo no sólo provocó una crisis económica sin precedentes en los Estados Unidos, sino también el reconocimiento por parte de la dirigencia política de este país del desafío latente a la hegemonía norteamericana proveniente del Tercer Mundo.

Desde entonces, la búsqueda de seguridad energética por medio de la reducción de la dependencia de fuentes de energía externas se ha constituido en una aspiración compartida por republicanos y demócratas. Así, la anhelada independencia siempre se concibió como una meta a alcanzar a partir del desarrollo de la energía nuclear, la promoción de energías alternativas y la autosuficiencia en combustibles fósiles. Trump ha redefinido la noción de independencia energética, al postular en su reemplazo el dominio energético de los Estados Unidos. Esta suerte de doctrina enfatiza la expansión de la productividad en las industrias del carbón, petróleo y gas, así como el debilitamiento de las costosas regulaciones ambientales. Esto demuestra que para Trump y su gabinete, la fortaleza de la economía norteamericana depende de la autosuficiencia en fuentes de energía no renovables baratas, las mismas que son responsables del calentamiento global.

En pos del dominio energético de los Estados Unidos, la Casa Blanca ha promovido incansablemente la desregulación de las industrias contaminantes, buscando liberar el camino hacia la supuesta autosuficiencia energética. Este objetivo comenzó con el asalto al Plan de Energía Limpia lanzado por Barak Obama y su reemplazo por otro centrado en reducir los precios de la electricidad, incrementar la competitividad de los productores nacionales y promover el empleo. A los departamentos de energía, agricultura e interior se les encomendó la implementación del programa, los cuales se apresuraron a desmantelar la legislación ambiental de la era Obama. En conjunto, las medidas adoptadas en los últimos años lograron debilitar la Ley de Política Ambiental (epicentro de la protección ambiental durante los últimos 50 años), flexibilizar los estándares de emisiones para los automóviles y de contaminación del aire, reducir el número de áreas protegidas a fin de promover su explotación, permitir la actividad petrolera en el Ártico, revocar la autoridad de California para exigir vehículos eléctricos y establecer límites de contaminación más estrictos que los del gobierno federal y revertir las limitaciones impuestas a las fugas de metano de las operaciones de petróleo y gas, entre otras. 

Este retroceso en la regulación ambiental permitirá que los Estados Unidos emitan 1800 millones de toneladas adicionales de gases de efecto invernadero a la atmósfera hasta 2035. Pero el dominio energético lo vale: la Agencia de Protección Ambiental estimó que la desregulación le ahorrará a la industria más de 6400 millones de dólares en costos de cumplimiento de la legislación anteriormente vigente.

El proyecto energético de Trump no es sólo un plan económico. Es asimismo una estrategia geopolítica orientada a incrementar su poder relativo ante los países exportadores de energía, reduciendo las probabilidades de que éstos utilicen su recurso como arma política al igual que en 1973. El problema fundamental con la estrategia de Trump es que sus costos ambientales son compartidos con el resto de la comunidad internacional a través de su contribución al calentamiento global y su impacto sobre los espacios comunes (global commons). El egoísmo ético que sustenta la estrategia de Trump reviste especial trascendencia ambiental cuando se advierte que los Estados Unidos continúan siendo el segundo emisor de gases de efecto invernadero del mundo.

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La falacia que promueve Trump es que no podemos estar seguros de que habrá beneficios proporcionales a cualquier mejora en el medio ambiente que se pueda comprar a costa de desacelerar el crecimiento económico. Algunos sectores de la sociedad, desencantados con las contradicciones del capitalismo, parecen haber adherido a esta falacia trumpiana. Esto pone de manifiesto que las amenazas ambientales provienen no sólo del crecimiento de la actividad humana, sino fundamentalmente de creencias arraigadas en nuestro sistema cultural, económico y político. Esta es la lógica que conecta el negacionismo de Trump respecto del calentamiento global, su doctrina del dominio energético para los Estados Unidos y su decisión de salir del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

Sin dudas, la ofensiva de Trump contra la agenda de cambio climático constituye hoy el principal desafío a la cooperación multilateral para la reducción del calentamiento global. El retiro formal de los Estados Unidos del Acuerdo de París no se explica por el escepticismo de Trump sobre la ciencia del clima. Siendo un acuerdo esencialmente voluntario en el que no se establecen reducciones de emisiones vinculantes, ¿qué sentido tiene hacer explícita su negativa a comprometerse con el mismo? La respuesta es que Trump no solo pretende proyectar simbólicamente el peso del unilateralismo a manos del poder hegemónico. También lo hace para deslegitimar las perspectivas políticas futuras del acuerdo y ralentizar la transición hacia una economía global más sustentable.

La estrategia de Trump exacerba el dilema propio del régimen de protección ambiental. El dilema ambiental describe una trampa social en la que el comportamiento dirigido a obtener beneficios individuales, coloca tanto a la comunidad de Estados colectivamente como a cada Estado individualmente, en una situación peor que la que habría sido el caso bajo una cooperación internacional eficaz. Esto se aplica a la estrategia de dominio energético de Trump. Mientras la quema de combustibles fósiles está calentando el planeta, las consecuencias de ese calentamiento harán cada vez más difícil perforar en busca de petróleo, extraer carbón y entregar combustible a través de oleoductos. Esta situación refleja el denominado costo social del carbono, es decir, una medida regulatoria que pone un precio al daño futuro que la sociedad pagará por cada tonelada de dióxido de carbono emitido. Si Trump no hubiera desarticulado su implementación, sabría que el dominio energético de los Estados Unidos sólo será posible reduciendo el costo social del carbono.


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