Megagranjas porcinas: la justicia chaqueña dio lugar a un amparo y el gobierno provincial deberá informar sobre el desarrollo de estos establecimientos

La justicia chaqueña hizo lugar a la acción de amparo por mora presentada por el Colectivo Somos Monte con la participación y asesoramiento de Conciencia Solidaria ONG y el estado provincial deberá informar, en el plazo de 15 días, detalles sobre el desarrollo en el territorio de las megagranjas porcinas que tienen la finalidad de exportar carne de cerdo a China.

Quien acompañó a los activistas fue la abogada Nora Giménez de la mencionada ONG. Así, en el fuero Civil y Comercial del Juzgado n°2 a cargo de la jueza Ana Mariela Kassor, se le ordenó al gobierno de Capitanich brindar información sobre estos establecimientos.

El amparo se llevó a cabo por la falta de información sobre el tema. "Somos Monte" había intentado obtener datos de estos lugares a través de la plataforma de acceso a la información pública provincial, ante el poder ejecutivo, pero no obtuvo respuestas. Entre otras cuestiones, habían solicitado saber sobre la "existencia de tratativas, actos administrativos, internos y con otras jurisdicciones, estudios técnicos realizados o a realizarse, estudios y/o pedidos de consultoría e intervenciones de organismos competentes en la evaluación del referido proyecto".

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Por eso, los vecinos de Chaco presentaron el pedido de amparo por mora, es decir, un procedimiento judicial por el cual, ante la inactividad o el silencio de la Administración Pública, se recurre a la justicia para que emita una orden rápida que obligue a la Administración a responder las preguntas en un plazo determinado por un juez.

"Nuestro pedido se legitima en los intereses difusos y colectivos involucrados en la Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, la Ley de Acceso a la información pública ambiental, el Acuerdo de Escazú, y legislación provincial chaqueña, así como el derecho al acceso a la Justicia", dijeron en sus redes sociales.

¿Hay acuerdo porcino nacional?

En contacto con Carbono News, el ex canciller Felipé Solá dijo que "no hay ni habrá acuerdo porcino". Sin embargo, la Justicia Federal ordenó a la Cancillería que informe si firmó o no un memorándum con China gracias a que diferentes organizaciones socioambientales de varias provincias de la Argentina acudieron al poder judicial interponiendo una acción colectiva de carácter ambiental y climático contra el proyecto de instalación de megagranjas porcinas.

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Estos movimientos activistas sostienen que el plan de instalar estas factorías de cerdos no cumple con "aspectos propios de la Democracia Participativa" por la vigencia del Acuerdo Regional Escazú que garantiza una instancia de participación ciudadana al momento de la toma de decisión; es decir, define si hay o no licencia social. Para ellos, estos establecimientos porcinos "son claramente insostenibles por los altos impactos sanitarios, ambientales y climáticos, más los altos riesgos pandémicos, que generan en los lugares donde se instalen, a lo cual se suma la necesidad de contar previamente con una evaluación estratégica y acumulativa", dijeron.

Pero aún no hubo respuestas oficiales de si existe o no tal acuerdo nacional. Lo seguro es que estos establecimientos están intentando avanzar en las provincias, como Chaco.