España: buscan frenar la ampliación de un centro de ski en un valle virgen de los Pirineos
Le exigen al gobierno de Aragón que ponga fin a las obras de ampliación.
Varias organizaciones ecologistas le exigen al Gobierno de Aragón, en España, que ponga fin a las obras de ampliación del centro de ski Cerler, en un valle virgen de Castenesa, en el Pirineo aragonés.
Consideran que va en contra de la lucha que adhirió el país contra el cambio climático y que es un proyecto "insostenible", y buscan proteger uno de los "últimos rincones salvajes" del país en el contexto de "emergencia climática" que atraviesa el mundo.
Centro de ski Cerler en el Pirineo aragonés (Foto: cerler.com)
Los activistas sostienen que el enfoque político debería ser buscar una "salida verde" a la crisis sanitaria, social y ecológica generada por la pandemia del COVID-19 y no "derrochar recursos públicos para destruir los ecosistemas pirenaicos mejor conservados". Algunos de los ecosistemas más amenazados son los humedales del Ibón de Basibé y Les Noufonts que están catalogados en el inventario estatal por su valor ecológico.
Humedal Ibón de Basibé. Fuente: Cerler.
Las organizaciones firmantes son: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF .
El valle es hábitat de especies en peligro como la perdiz nival, el urogallo, el quebrantahuesos o el oso pardo.
Oso pardo. Fuente: Pixabay.
Las agrupaciones ecologistas denuncian que el Gobierno de Aragón, el 24 de septiembre publicó una orden para expropiar tierras de vecinos del valle de Castanesa para poder avanzar en la primera fase de la ampliación.
Además, señalan que no es turismo sustentable y que tampoco les traería beneficios ya que no estarían teniendo en cuenta la falta de nieve por el cambio climático. Según el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, en el Pirineo Central, el espesor medio de la nieve podría reducirse a la mitad en 2050 respecto al valor actual.
(Foto: cerler.com)
Por otro lado, critican las irregularidades del proyecto y el estudio de impacto ambiental (DIA) que fue realizado en 2010 y no contemplaba el tema del cambio climático. Además, su plazo caducará en diciembre de este año, por eso los ecologistas sostienen que ahora apresuraron el inicio de las obras.
El gobierno de Aragón está formado por los partidos políticos PSOE, Podemos y Chunta Aragonesista, y es propietario del 50% de la empresa promotora del proyecto, ARAMÓN.
Por todo esto, los activistas le reclaman a la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 que intercedan ante el Gobierno de Aragón para que decida cuidar a la naturaleza.
