Dos ministros de Javier Milei viajaron a la Patagonia y un proyecto de Milei se tratará en extraordinarias para dejar presos a los que prendan fuego en sitios forestados

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona aseguró: "vamos a eliminar la posibilidad de excarcelación para quienes cometan este tipo de delitos". En su cuenta de X, aseguró: "Terroristas disfrazados de mapuches prendieron fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar privilegios. Van a pagar tras las rejas".

En el Sur ya se encuentra el titular de la cartera de Defensa Luis Petri a quien se le sumará Patricia Bullrich para colaborar en los operativos de mitigación.

Desde la Casa Rosada se redoblarán las acusaciones contra grupos mapuches ya que se habrían obtenido pruebas sobre el origen de los sospechosos siniestros simultáneos. Los llamaron "golpistas del fuego".

Hasta el momento, solo el líder de Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jones Huala, reivindicó lo ocurrido argumentando que fueron sus propios compañeros los que iniciaron la tragedia ambiental.

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"Los incendios son un acto de terrorismo. Con o sin intenciones económicas" adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni.

El presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, tildó de "falsas comunidades" a los miembros del grupo Resistencia Ancestral Mapuche. Los calificó como "grupos marginales de delincuentes". "El 95% de los incendios son producidos por acciones del hombre. Vamos a probar que lo ocurrido en El Bolsón fue intencional".

Desde Balcarce 50 creen que se trata de una reacción local porque el gobierno nacional inició la recuperación de terrenos que habían sido usurpados y se procedió a cortarles subsidios.

Trámite express en diputados y senadores

La mayoría de las bancadas de las cámaras alta y baja del Congreso estarían de acuerdo para tratar el tema "sobre tablas", sin necesidad de obtener dictamen de comisión.

La futura norma incluiría el aumento de las condenas, el delito ya no sería excarcelable y se crearían agravantes cuando se afectaran bosques, plantaciones o ecosistemas. También, cuando el objetivo de las quemas intencionales fuera intimidar al Gobierno.

Actualmente, la pena para quienes iniciaran fuegos es 3 a 10 años de prisión, pero si el incendio genera peligro de muerte o mata, asciende a un máximo de 20 años. De ser aprobado el proyecto, las penas pasarán a ser de 4 a 12 años para los casos mínimos y hasta 25 años para los de máxima.