Preocupa a cámaras ambientales la cantidad de residuos industriales que terminan en basurales a cielo abierto

En Argentina, los basurales a cielo abierto se convirtieron en uno de los mayores pasivos ambientales sin resolver. Según el último informe oficial del "Estado del Ambiente", correspondiente al 2023 y elaborado por la Subsecretaría de Ambiente, existen alrededor de 5200 basurales de este tipo distribuidos en todo el país, lo que representa, en promedio, más de dos por municipio. A pesar del paso del tiempo, la cifra no mejoró sustancialmente y sigue generando alarma entre especialistas del sector como la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA).

El problema no es solo cuantitativo, sino también estructural: muchos de estos sitios reciben residuos sin ningún tipo de clasificación ni tratamiento previo, incluyendo residuos industriales, peligrosos y patogénicos. Esto ocurre a pesar de que existe una legislación nacional e incluso normativa provincial que exige la disposición adecuada de estos materiales. Sin controles eficaces ni sanciones reales, la mayoría de las industrias evita los costos del tratamiento formal y elige caminos más económicos, aunque ilegales y altamente contaminantes.

Desde ambas cámaras explican que también hay confusión al momento de diferenciar los basurales de los rellenos sanitarios. En este sentido, explicaron que los basurales a cielo abierto son lugares donde se depositan residuos de forma indiscriminada, sin ningún tipo de tratamiento, control ni infraestructura de protección ambiental. En estos sitios no hay impermeabilización del suelo, control de lixiviados (líquidos contaminantes que escurren desde la basura), ni monitoreo de gases generados por la descomposición. Este tipo de disposición genera contaminación del aire, del agua subterránea y de los suelos, con consecuencias directas sobre la salud de las personas.

En contraposición, un relleno sanitario es un sistema de disposición final de residuos que cumple con normas técnicas y ambientales. Está diseñado con capas impermeables, sistemas de captación de lixiviados, control de emisiones de biogás (como metano y CO), monitoreo ambiental y operación regulada. Estos sitios están habilitados por las autoridades ambientales y constituyen una alternativa para residuos no reciclables o no aprovechables.

La generación de residuos industriales y un tratamiento que no alcanza

Uno de los factores que agravan la expansión de los basurales ilegales es la escasa proporción de residuos industriales que reciben tratamiento. Según los últimos datos durante enero y febrero del 2025 proyectados por el Observatorio de Residuos Peligrosos, una iniciativa conjunta entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, CATRIES y CAITPA, en Argentina se generaron más de 25 millones de toneladas de residuos industriales en el último año. Sin embargo, solo el 4.07% de ese volumen fue tratado adecuadamente.

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Los datos se basan en una encuesta mensual realizada a 37 firmas tratadoras asociadas a las cámaras, con un total de 47 plantas operativas. El informe estima que hay más de 32.700 empresas generadoras de residuos en el país, pero menos del 8.5% de ellas contrata servicios de tratamiento con operadores habilitados.

"El 96% de los residuos industriales generados terminan sin tratamiento adecuado. Muchos de ellos van a parar directamente a basurales ilegales. Esto no solo genera un pasivo ambiental, sino que pone en riesgo la salud y la seguridad de toda la población", advierte Claudia Kalinec, presidenta de CATRIES.

Los basurales a cielo abierto generan múltiples contaminantes. Entre los más graves, se encuentra el lixiviado, que puede infiltrarse hasta las napas freáticas, contaminando el agua potable. También se libera biogás, una mezcla de metano y dióxido de carbono, que contribuye al cambio climático y representa un riesgo por su inflamabilidad. Además, el problema no solo es ambiental, sino también social. "Muchas veces estos basurales están ubicados cerca o dentro de barrios de bajos recursos. Allí, las familias acceden al agua desde napas contaminadas o viven sobre terrenos rellenados con residuos", señala Gustavo Solari, presidente de CAITPA.

El marco regulatorio: el caso de Santa Fe

La provincia de Santa Fe cuenta con legislación propia para la gestión de residuos industriales, articulada con la Ley Nacional 24.051, que establece que los residuos peligrosos deben ser tratados por operadores habilitados y controlados por las autoridades ambientales.

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que otorga habilitaciones y certificaciones a empresas tratadoras y exige a las industrias la presentación de un manifiesto de residuos, donde deben detallar la cantidad, tipo y destino final de los residuos generados. Además, rige la Ley Provincial N.º 11.717 sobre Política Ambiental y la N.º 13.055 para residuos industriales, que establece sanciones por disposición inadecuada.

Sin embargo, desde las cámaras alertan sobre la falta de fiscalización sistemática y la necesidad urgente de políticas públicas más integrales. "La ausencia de un control y monitoreo federal permite que las empresas no gestionen adecuadamente sus residuos sin mayores consecuencias para ellos pero con enorme impacto ambiental para la población en general y nuestro ecosistema. El problema no es la falta de normativa, sino la falta de aplicación. De nada sirve tener una normativa moderna si no podemos hacer que cuestiones básicas como volcar los residuos de manera informal no sea sancionado", remarca Kalinec.

Desafíos por delante

En este marco es urgente avanzar en múltiples frentes si se busca revertir el panorama actual. Uno de los ejes centrales es fortalecer la fiscalización por parte del Estado. Desde CATRIES y CAITPA sostuvieron que el control sobre el destino de los residuos industriales es escaso y las sanciones a quienes incumplen las normativas ambientales son excepcionales. Insisten en que sin consecuencias claras para quienes contaminan, el sistema seguirá desbordado y vulnerable a prácticas informales.

Junto con ello, proponen crear incentivos que fomenten el cumplimiento de las normativas, como beneficios fiscales para las empresas que gestionan sus residuos de forma responsable o el acceso preferencial a créditos verdes. En un contexto económico desafiante, estas herramientas pueden ser clave para promover un cambio de comportamiento en el sector privado.

También hacen hincapié en la necesidad de campañas de concientización dirigidas tanto a empresas como a la sociedad en general. El tratamiento de residuos suele percibirse como un tema técnico, alejado de las preocupaciones cotidianas, pero su impacto ambiental y sanitario afecta directamente a comunidades enteras, especialmente a las más vulnerables.

Por último, las cámaras promueven la gestión adecuada de residuos como parte esencial de cualquier política ambiental seria. No podemos hablar de sostenibilidad sin resolver este problema estructural. Gustavo Solari agrega: "La contaminación por residuos industriales no es invisible. Está en los cursos de agua, en los suelos, en el aire que respiramos. Si no abordamos este tema con urgencia y visión de largo plazo, los costos ambientales y sociales serán cada vez más altos e irreversibles".