¿Será el 2023 el año en el que se sancione la Ley de Envases?

El 14 de junio, se presentó nuevamente el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo en la Cámara de Diputados. Su objetivo es facilitar la gestión de los envases en todo el territorio, reducir su impacto sobre el ambiente y la salud, promover la responsabilidad de las empresas productoras y reconocer y poner en valor el trabajo de las personas a cargo de la recuperación urbana.

Pero, ¿por qué los envases son un problema?

La problemática de los residuos sólidos urbanos es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país, tanto como cualquier otro. En Argentina se producen más de 60.000 toneladas de residuos por día y los envases representan el 25 % de los residuos sólidos urbanos y el 60% de los residuos domiciliarios. Lamentablemente, en la actualidad se recupera como máximo un 10% de los residuos generados.

Es por eso que desde 2004 se presentan proyectos de ley para brindar una solución a esta problemática. En los últimos 20 años se presentaron más de 48 proyectos, sin embargo, seguimos sin una ley de envases. El último intento, en el 2021, llegó a ser tratado en comisiones, pero a fines de 2022 el texto perdió estado parlamentario.

La iniciativa de la ley se basa en el principio de responsabilidad extendida del productor, quien debe financiar el tratamiento de sus envases e incorporar los costos ambientales generados a lo largo de su ciclo de vida: desde la extracción de materiales hasta la producción, distribución, el consumo y la disposición final.

Además, el proyecto prioriza la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización; alienta una forma de fabricación tendiente al diseño de productos amigables con el ambiente y genera obligaciones a las empresas productoras para tratar los envases mediante distintos mecanismos.

¿Cuáles son los objetivos de la ley? Que quienes colocan envases en el mercado tengan que hacerse cargo de la gestión del residuo a través del pago de una tasa y de la diagramación de circuitos de recuperación debido al principio de Responsabilidad Extendida del Productor. En pocas palabras: que las empresas incorporen el costo ambiental de los productos que insertan en el mercado y que desarrollen nuevas estrategias de envasado y empaquetado teniendo en cuenta el ecodiseño y la circularidad del material.

¿De qué hablamos cuando decimos "tasa"? Una tasa no es lo mismo que un impuesto; la tasa ambiental, a ser pagada por los productores y no por los consumidores, equivale al costo de gestión de cada envase, o sea, a lo que cuesta recolectarlos y clasificarlos para que puedan ser reciclados. Este punto generó en el pasado la oposición de varios sectores por lo que se presentó un nuevo proyecto con algunas modificaciones, proponiendo la coexistencia de un sistema de reciclado privado con uno público.

Se pretende, además, el reconocimiento de la labor de unos 150.000 recuperadores urbanos que gestionan de manera informal los residuos reciclables desde hace 20 años, para brindarles condiciones de trabajo dignas.  

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¿Existe Ley de Envases en otros países?

Hay varios ejemplos a nivel mundial:

- En Chile cuentan con la ley 20.920 que tiene como principal instrumento la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la cual definen como "un mecanismo en virtud del que "los productores de productos prioritarios son responsables de la organización y el financiamiento de la gestión de los residuos derivados de la comercialización de sus productos en el país". 

Según el Ministerio de Ambiente de Chile, "Esta ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización; a través de la instauración de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente". Además, la ley contempla un fondo para el reciclaje como mecanismo de apoyo a la REP, que permitirá financiar proyectos, programas y acciones desarrollados por municipalidades y asociaciones de municipalidades.

- Por otra parte, en Uruguay, cuentan con la RM 271/021 de 28 de abril de 2021, que establece objetivos mínimos de recuperación y valorización de envases no retornables disminuyendo su disposición final y potenciando el desarrollo de productos en base a materiales reciclados.

- Otro ejemplo es el caso de la Unión Europea, que cuenta con la Directiva de Envases, que abarca todos los envases existentes en el mercado europeo y todos los residuos de envases y exige que se adopten medidas, "como programas nacionales, incentivos a través de regímenes de responsabilidad ampliada del productor y otros instrumentos económicos, encaminadas a prevenir la generación de residuos de envases y a reducir al mínimo el impacto medioambiental de los residuos".

Además, establece que:

• Los países de la UE deben fomentar un aumento de la proporción de envases reutilizables presentes en el mercado y de los sistemas de reutilización de envases de forma respetuosa con el medio ambiente sin comprometer la seguridad alimentaria ni la seguridad de los consumidores.

• Deben adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de objetivos de reciclado.

En lo que respecta específicamente a la responsabilidad extendida del productor, "a más tardar a finales de 2024, los países de la UE deberán garantizar la puesta en marcha de regímenes de responsabilidad ampliada del productor para todos los envases. Los regímenes de responsabilidad ampliada del productor cubren la dimensión financiera (o financiera y organizativa) de la devolución y/o la recogida de los envases usados y/o de residuos de envases y la orientación de los mismos hacia la opción de gestión de residuos más apropiada, así como la reutilización o el reciclado de los envases y los residuos de envases recogidos".

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Si bien el historial de proyectos infructuosos puede hacernos pensar que esta nueva presentación tendrá la misma suerte, es importante resaltar que el contexto global no es el mismo que en 2021 (y mucho menos que en 2004). Repasar casos de otros países que ya incorporaron la ley e implementan regímenes similares es una de las pruebas de que es posible. La otra es la presión existente a nivel internacional para tomar acciones a nivel local.