Política
Energía

Portezuelo del viento: la política partidaria la detiene una vez más

La obra que podría abastecer de electricidad a 130.000 hogares está frenada hace años.

Argentina invirtió durante varias décadas buena parte de sus presupuestos nacionales en el desarrollo de centrales hidroeléctricas para lograr el autoabastecimiento energético gracias a fuentes renovables.

Pero las diez obras más grandes de la historia del país se remontan a las décadas de los setenta, ochenta y noventa, en el siglo pasado. Hace más de veinte años que Argentina no logra poner en funcionamiento grandes obras energéticas.

En 1973 inauguró El Chocón, sobre el Rìo Limay, en Neuquén. En 1976 Agua del Toro, Río Diamante, Mendoza. En 1978 Futaleufú, en Chubut. En 1978 Pichí Picún Leufú, en Neuquén, (Río Limay). En 1979 puso en marcha Salto Grande, sobre el Rìo Uruguay, frente a Federación. En 1983 Los Reyunos, en Mendoza (Río Diamante). En 1985 Alicurá, también sobre el Limay, en Neuquén. En 1986 Río Grande, en Río Tercero, Córdoba. En 1992 fue el turno de Piedra del Águila, en Neuquén, sobre el Río Limay, y en 1998 se terminó Yacyretá, luego de varios años de espera.

Sin embargo, existe un proyecto de mega-obra por unos 1000 millones de dólares que podría quebrar la mencionada inercia: la mendocina Portezuelo del Viento.

Sería la mayor obra de ingeniería civil de la historia provincial, con capacidad para abastecer a 130.000 hogares con 884 GWh al año, cuatro veces más de lo que genera el Dique Potrerillos.

La controversia ambiental

La futura central se erigiría sobre el Río Grande, principal afluente del Río Colorado, el más septentrional de los cursos de agua de la Patagonia que sirve de límite entre Mendoza, Neuquén y Río Negro.

A lo largo de todo su curso, el Colorado baña regiones de estepa desértica, por lo que es un recurso muy valioso para todos los territorios que atraviesa. Por consiguiente, el aprovechamiento hídrico del Colorado y de sus afluentes, como el Grande o el Atuel, debe ser consensuado entre todas las provincias implicadas, que integran el Comité interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO): Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Pero mientras La Pampa duda y desconfía, el Gobierno de Mendoza asegura que Portezuelo será beneficioso para todos, y con muy poco sacrificio. "Se aprovecha la fuerza de los ríos de montaña y de los canales para generar electricidad sin contaminar el aire ni el agua", sostienen.

"Portezuelo generará energía limpia, renovable y sin consumir una gota de agua del río Grande", dice Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería. Y es que, en la represa, el agua generará energía y luego volverá a su cauce sin haberse contaminado y sin contaminar el aire.

La política mete la cola

En 2016, el expresidente Mauricio Macri y el entonces gobernador mendocino Alfredo Cornejo firmaron un convenio que aceleró todos los procesos. El acuerdo contaba con la aprobación de María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una de las integrantes de COIRCO.

En 2017 se realizaron los estudios geológicos y geotécnicos, además de aprobarse las normas de llenado del dique. Al mismo tiempo, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) terminó sus informes arqueológicos y antropológicos y dio luz verde al proyecto.

En mayo de 2019 el gobernador Cornejo presentó ante el Comité interprovincial el estudio de impacto ambiental que demostraba los múltiples beneficios, no solo para Mendoza, sino para las provincias vecinas, que traerían todas las obras asociadas a Portezuelo del Viento.

El presidente Macri laudó a favor de su aliado político y desestimó los cuestionamientos opositores.

¿Por qué entonces en 2020 no arranca de una vez este viejo sueño mendocino? En el mayor estado provincial argentino, Buenos Aires, y en la Casa Rosada, se produjeron grandes cambios.

Ya no están ni Macri ni Vidal. Ahora, "reinan" Fernández y Kicillof.

El gobernador de Buenos Aires desconfía de los argumentos de su antecesora, ya que descubrió "serios problemas" que podría generar el emprendimiento. Por eso, pidió que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental con alcance regional y dependiente del ministerio de Ambiente de la Nación.

En otras palabras, dejar de lado el texto técnico aprobado y contar en 2020 con uno más político, basado en la opinión de un conjunto de gobiernos reunidos por el ministro de Interior Wado de Pedro y no alineados con Juntos por el Cambio (con excepción de Mendoza).

En resumen: la obra está aprobada y en proceso de licitación, pero el giro copernicano de enfoque que propicia el kirchnerismo no deja de sorprender. ¿Se entiende ahora por qué Argentina está a punto de cumplir un cuarto de siglo sin nuevas construcciones hidroeléctricas de relevancia?

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