Mendoza: polémica por la modificación de una ley que facilitaría la contaminación del agua

Recientemente salió a la luz que el Departamento General de Irrigación mendocino (DGI) hizo dos modificaciones a la resolución 778 (de 1996) sobre el control de la contaminación de las aguas. 

Estas modificaciones, que se hicieron justo antes del comienzo de la cuarentena pero no habían trascendido, generaron revuelo en la sociedad civil, en las asambleas que defienden el agua y en algunos sectores de la política, ya que consideran que violan la Ley General del Ambiente y que "permiten" la contaminación del agua.

La 778 establece los parámetros de los efluentes que pueden ser volcados al agua sin ser considerados contaminantes, y las sanciones que se aplicarían a cada empresa o persona que los incumpla.

Las modificaciones, hechas entre febrero y marzo, y que se conocieron ahora, son:

   Se crea la figura del "Agente contaminante", que da un marco de legalidad y autorización a las empresas que contaminan, mientras se inscriban en un registro del Departamento General de Irrigación (DGI) y presenten un Plan de Reconversión de sus efluentes industriales para utilizarlos para el riego.

   Le quitan al inspector la facultad de clausurar inmediatamente a una empresa que contamine de modo visible, eliminando el concepto de "contaminación manifiesta" que lo habilitaba labrar actas sin tomar muestras, solo basándose en su aspecto, textura, olor y demás, o al ver un caño ilegal con salida al río.

Ahora, si el inspector nota que se está infringiendo la norma, debe dar aviso a la empresa e iniciar un trámite judicial. Además tiene que tomar muestras y llevarlas a analizar, mientras que la empresa también presenta sus contramuestras y continúa el trámite, además de la contaminación. Para los activistas esto supondrá una burocracia que no hará más que posponer la resolución.

   Permite la dilución de los efluentes contaminantes en agua viva (agua dulce que se puede potabilizar) para usar para el riego. Algo que estaba prohibido en la 778 anterior.

A simple vista, el comunicado de Irrigación se contradice, asegura Ciudadanos por Mendoza, ya que afirma que continúan prohibidos, pero en el artículo 13 de la modificación se aclara que es posible si su fin es productivo.

Dice el artículo 13: "Se establece la prohibición de la mezcla o confusión de efluentes industriales con efluentes cloacales para el vuelco de los mismos al dominio público hidráulico, salvo excepciones expresamente autorizadas por este Departamento, debidamente justificadas por razones técnicas. Asimismo, queda prohibido la utilización de caudales de agua que sirvan para la dilución de efluentes, salvo que la misma tenga por objeto el uso productivo, disminuyendo el consumo de aguas vivas y demás casos especiales debidamente autorizados y habilitados (Texto modificado por Res.51/20)".

   Se permite la infiltración, es decir, el procedimiento por el cual se inyecta directamente al suelo el agua de desecho industrial. Esto podría contaminar las napas.

   Aumentan los valores de Conductividad Eléctrica (CE) específica de algunos componentes. Esto quiere decir que los efluentes industriales pueden ser más contaminantes y que, por lo tanto, al usarlos para el riego, afectarán a la vegetación y, posiblemente, también a las napas. 

Según el DGI, la modificación "busca incentivar el reúso de efluentes industriales en el riego agrícola de cultivos como una nueva medida para afrontar la sequía". 

Mientras, referentes mendocinos del FIT y de Ciudadanos por Mendoza sostienen que con estas modificaciones se "legalizaría" el mal manejo de muchas empresas y la "falta de control" del DGI. Además, aseguran que la 778 ya "no se cumplía".

En diálogo con Carbono.news, el diputado provincial Mario Vadillo, de Ciudadanos por Mendoza, y el senador del FIT Lautaro Jiménez, explicaron que más de 1450 empresas no cumplían con la 778 y que, de esta forma, se les estaría dando un marco "legal" para contaminar.

Ambos advierten que es similar a lo que sucede con el Riachuelo ya que las empresas a pesar de tener la oportunidad para reinventarse con la figura del "Agente contaminante", solo consiguen prórrogas para seguir operando mal. La diferencia, señalan, es que en Buenos Aires "hay mucha agua" y en la provincia cuyana, no.

Otro tema que resaltó Vadillo es la utilización de los efluentes tratados para el riego agrícola ya que con la 778, las empresas debían, según explicó, verterlos en sistemas de riego cerrados. Es decir, "en acres, superficies de 100 o 200 hectáreas de determinada vegetación como eucaliptos, totora y alfalfa ya que estos cultivos hacen un tratamiento natural de la contaminación en forma biológica". Con las nuevas modificaciones, aseguró, esto no es necesario y podrán mandarse a cualquier cauce de riego.

Para él, el problema de fondo son los "costos" de los sistemas cerrados ya que son "caros" y las empresas "no quieren invertir" ni en ellos ni en otras "tecnologías" avanzadas.

Además, el diputado se quejó por la "infiltración": "", dijo.

Sobre la dilución, aseveró: "Quieren disfrazar algo que es terrible". Y continuó: "No es que los contaminantes no van a existir, es que se van a esparcir las partículas. Utilizás millones de litros de agua viva cruda que se puede potabilizar. Y entonces, ya no va a servir para potabilizar o va a ser muy caro".

"Es una resolución inconstitucional", remarcó Vadillo, y continuó: "Vulnera el principio de progresividad. Es una norma del ‘96 y en 2020 viene a ser más tolerante".

Por estos motivos, desde el bloque de Protectora (que Vadillo luego abandonó) presentaron un pedido de resolución de la Cámara para que se expida para que Irrigación lo derogue ya que, si no es de este modo, habría que ir por la vía judicial.

En cuanto a contaminación no hay "grieta" para el diputado. "Los dos partidos mayoritarios, tanto el radicalismo como el peronismo se pusieron de acuerdo para que existiera una industria minera (megaminería contaminante) porque siempre son avalados por estas empresas en las campañas políticas", enfatizó.

Por su parte, Lautaro Jiménez dijo que hay que analizar todo con "expertos, productores y la sociedad civil". Además, aclaró que no se trata solo de volver atrás con las modificaciones, sino que, hay que hacer "una discusión mucho más profunda y una ley de aguas integral" para "encarar la discusión de fondo" que es, ni más ni menos, el cuidado del agua para toda la provincia.

¿Otro intento para derribar la defensa del agua como probaron con la 7722?

Estas modificaciones se dan en un contexto donde la sociedad civil, ONG, asambleístas y expertos luchan por la defensa del agua, en especial, por la ley 7722 que prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas tóxicas en la actividad minera.

En diciembre de 2019, el gobernador Rodolfo Suárez, con apoyo de ambas cámaras, modificó la 7722 para permitir la megaminería, pero tuvo que volver atrás por la gran movilización de la sociedad civil donde alrededor de 50.000 personas coparon las calles. Por lo tanto, varios políticos y activistas tildan a estas nuevas modificaciones de la 778 como otro intento de beneficiar a las empresas a costa del agua de los mendocinos.