La transición energética debe proteger la naturaleza, el agua y los alimentos

En 2024, Elisa Morgera fue nombrada relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, convirtiéndose en la segunda persona en ocupar el cargo desde su creación en 2021.

Los relatores especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por la ONU para examinar, supervisar, asesorar e informar sobre cuestiones de derechos humanos o situaciones en países concretos. Sus mandatos pueden ser temáticos o específicos de un país y hablan con independencia del sistema de la ONU.

Desde que asumió el cargo, Morgera, profesora de derecho ambiental global en la Universidad de Strathclyde en Escocia, ha elaborado tres informes temáticos, entre ellos uno sobre la necesidad de "desfosilizar" nuestras economías. Otro, sobre minerales críticos, está en preparación. También ha visitado la nación insular de Vanuatu, en el Pacífico, para informar sobre medidas climáticas y de derechos humanos.

En esta entrevista con Dialogue Earth, Morgera destaca la necesidad de eliminar gradualmente los combustibles fósiles y realizar la transición hacia las energías renovables, pero solo de una manera que no viole los derechos humanos. Habla sobre el impacto de la extracción de minerales críticos en las comunidades y la necesidad de que los enfoques de la gobernanza climática y los procesos internacionales sean más inclusivos y significativos.

Dialogue Earth: ¿Cómo define su función y qué impacto espera tener?

Elisa Morgera: El objetivo de mi mandato es aclarar cómo podemos proteger mejor los derechos humanos en el contexto del cambio climático, analizando los impactos desproporcionados del cambio climático y aclarando las obligaciones de los Estados y la responsabilidad de las empresas en la protección de los derechos humanos. Tras mi nombramiento, elaboré dos informes para sentar las bases en los que sinteticé el trabajo realizado por otros relatores de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los derechos humanos y la interseccionalidad, y analicé también el acceso a la información. Luego, entablé un diálogo con Estados, titulares de derechos humanos, defensores, niños y ONG de todas las regiones del mundo.

Lo que se desprende es la necesidad de dar prioridad a las soluciones climáticas más eficaces para proteger los derechos humanos, basadas en los conocimientos científicos disponibles. Actualmente, ningún gobierno da prioridad a las soluciones basadas en la legislación climática. Este año, mi primer informe se centra en la eliminación gradual de los combustibles fósiles como cuestión de derecho internacional de los derechos humanos, basándose, entre otros ámbitos científicos, en las pruebas aportadas por los titulares de derechos humanos afectados por los combustibles fósiles a lo largo de todo su ciclo de vida.

¿Cuáles son, en su opinión, las prioridades más urgentes a la hora de vincular los derechos humanos y el cambio climático en la actualidad?

Aunque el año pasado superamos la barrera de aumento medio de la temperatura global de 1.5 °C, eso no significa que la hayamos superado definitivamente, y no debemos renunciar a la prioridad absoluta de mantener la acción climática en línea con la trayectoria de 1.5 °C. Por eso es tan importante adoptar medidas climáticas eficaces, es decir, la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la transición hacia las energías renovables, pero solo de una manera que sea eficaz para la mitigación del cambio climático y no viole los derechos humanos, especialmente los de las personas más afectadas por el cambio climático.

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Mi segundo informe de este año versará sobre un enfoque basado en los derechos humanos para las energías renovables, incluidos los minerales críticos. La transición energética no se limita a la energía, sino que también abarca la forma en que protegemos la naturaleza, el agua y los alimentos. Me complace enormemente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su reciente opinión consultiva sobre la emergencia climática, haya hecho hincapié en la necesidad de proteger el clima como parte de los sistemas que sustentan la vida en este planeta.

¿Está satisfecha con la opinión consultiva?

Apoyo plenamente todas las conclusiones de la Corte Interamericana. La opinión se basó en el trabajo realizado por más de 20 relatores especiales de las Naciones Unidas, aprovechando lo que aprendimos de titulares de derechos que vieron sus derechos humanos afectados, y aclaró las obligaciones jurídicas internacionales a nivel del sistema de las Naciones Unidas. La opinión consultiva es tan exhaustiva como esperábamos y ofrece orientación detallada sobre los derechos humanos y el cambio climático. Un aspecto destacable de la opinión es que el tribunal dejó claro que sus conclusiones no solo se basan en el sistema jurídico interamericano, sino que muchas de ellas también se basan en el derecho internacional general, que es relevante para todos los Estados.

América Latina está experimentando una tendencia hacia el "extractivismo verde" en medio de una mayor demanda de minerales para la transición energética. ¿Cómo deberían abordar los gobiernos y las empresas estas transiciones de manera respetuosa con los derechos?

El "triángulo del litio" [Argentina, Bolivia y Chile] ha sido objeto de extracción durante más de diez años, pero vemos que la búsqueda de minerales relevantes para la transición energética se está produciendo ahora en todas las regiones del mundo. Desde que asumí el cargo, he escuchado muchos testimonios de comunidades de todas partes sobre la violación de sus derechos humanos en el contexto [de extracción] de estos minerales.

Debemos cuestionar nuestras demandas y proyecciones energéticas. Si nuestra búsqueda de minerales críticos sigue respaldando el mismo modelo económico que sustenta la economía basada en los combustibles fósiles, un modelo que no se ajusta a los derechos humanos ni a los límites del planeta, entonces no estamos abordando la crisis climática de manera eficaz. La búsqueda de minerales críticos no se puede justificar si no se adopta un enfoque más holístico de la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos. Si las actividades destinadas a mitigar el cambio climático emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero y perjudican la contribución de la naturaleza a la regulación del clima, estamos dañando el sistema climático. No podemos permitir que eso ocurra.

¿Cómo deben garantizar los Estados la participación significativa de los pueblos indígenas, los jóvenes y otros grupos marginados en la toma de decisiones sobre el clima?

El Acuerdo de Escazú y el Convenio de Aarhus son fundamentales, ya que se centran específicamente en la participación pública en la toma de decisiones relacionadas con el medioambiente y los derechos humanos. Otros tratados internacionales de derechos humanos establecen obligaciones en materia de acceso público a la información, garantizando que dispongamos de información suficiente, comprensible y accesible para poder ejercer nuestro derecho a participar en la toma de decisiones y a acceder a la justicia en cuestiones que afectan a nuestros derechos humanos. Los Estados deben abrir sus procesos de toma de decisiones, permitiendo que los defensores contribuyan, justifiquen las decisiones sobre la base de estas contribuciones y proporcionen garantías de acceso a la justicia si las decisiones adoptadas no parecen adecuadas para proteger eficazmente nuestros derechos humanos en el contexto del cambio climático.

¿Qué responsabilidad tienen las empresas privadas, en particular las del sector de los combustibles fósiles y las industrias extractivas, en la defensa de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática?

Necesitamos legislaciones nacionales mucho más claras sobre las responsabilidades de las empresas en la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Sobre la base de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los distintos países en la contribución al cambio climático, la eliminación gradual no será la misma en todos los países, pero la legislación nacional debe dar una orientación clara de que los combustibles fósiles ya no son un sector viable.

También necesitamos legislación que aclare cómo todas las empresas deben proteger los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Lo vemos en algunos países, pero necesitamos más avances. Las empresas deben evaluar de antemano si alguna de sus actividades o cadenas de valor pueden tener un impacto negativo en los derechos humanos y tomar medidas preventivas, compartir esa información con el público, crear espacios de diálogo y aceptar las quejas si estas medidas no parecen adecuadas para proteger los derechos humanos de las comunidades potencialmente afectadas.

¿Existen debilidades estructurales en la gobernanza climática mundial que socavan la protección de los derechos humanos?

 No estamos incluyendo suficientemente la biodiversidad, los océanos, las ciencias de la salud y la experiencia de las personas afectadas por el cambio climático en la gobernanza climática. Hacerlo nos ayudaría a evitar los mismos errores del pasado: socavar el agua, los alimentos y la naturaleza, y violar los derechos de las personas. Otro reto es el lobby y el poder de ciertas industrias en los espacios de política climática, que está desviando la atención de las cuestiones climáticas prioritarias hacia otras direcciones que no han demostrado suficientemente su eficacia en términos de mitigación del cambio climático. Tenemos que abordar los conflictos de intereses en cualquier ámbito de la gobernanza climática y ser más claros sobre qué soluciones climáticas deben priorizarse.

¿Cuáles son sus expectativas para la cumbre climática COP30 que tendrá lugar en Brasil en noviembre?

Debemos abordar la inclusividad de este proceso de toma de decisiones, asegurándonos de que los defensores del medioambiente y los defensores de los derechos humanos puedan contribuir a las negociaciones de la COP, al tiempo que se abordan los conflictos de intereses y el creciente número de grupos de presión de los combustibles fósiles que forman parte de las delegaciones nacionales. También necesitamos un proceso claro para supervisar los avances en la eliminación gradual de los combustibles fósiles. De lo contrario, la COP seguirá perdiendo legitimidad. Además, debemos asegurarnos de que las NDC [contribuciones determinadas a nivel nacional, es decir, los planes de acción climática de los países] estén alineadas con el objetivo de 1.5 °C, pero no está claro quién llamará la atención a los Estados que no tengan NDC suficientemente ambiciosas. Si todas estas expectativas no se materializan en la COP30, estará en duda si la COP es un espacio para la acción climática significativa.

*Publicado originalmente en Dialogue Earth