COP4 de Escazú: avances en la región y retrocesos en la implementación en Argentina

En un contexto de debilitamiento de la democracia y de líderes que desprecian la protección ambiental, la COP4 se presenta como un espacio internacional clave para sostener el diálogo entre Estados y sociedad civil y fortalecer la democracia ambiental en la región.

Entre los principales ejes de esta edición se destacan:

• la implementación a nivel nacional del Acuerdo de Escazú,

• el registro de emisiones y transferencias de contaminantes,

• participación del público en los procesos de toma de decisiones relativos a proyectos y actividades que puedan tener un impacto ambiental significativo,

• acceso a la justicia en asuntos ambientales

• y transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú.

Asimismo, durante la COP4 se realizará un balance de la implementación del Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, aprobado en 2024. En ese marco, representantes del público presentarán un documento que aborda casos concretos que involucran a personas defensoras, en una región donde continúan enfrentando amenazas por su lucha en la defensa del ambiente.

Argentina: retrocesos normativos y falta de implementación

En Argentina, si bien existe una hoja de ruta y un Plan de implementación del Acuerdo de Escazú aprobado a fines de 2023, en la práctica los avances son nulos y la implementación se encuentra congelada. El Estado está más preocupado por otorgar privilegios fiscales y regulatorios a empresas por sobre la protección de las personas defensoras del ambiente y por sobre la generación de un entorno propicio para el ejercicio de los derechos.

Desde la última COP realizada en abril de 2024 en Chile, los cambios en nuestro país han sido regresivos. A través del Decreto 780/2024-publicado en septiembre de 2024-, se restringió el derecho de acceso a la información pública al limitar su alcance y ampliar de manera discrecional las facultades de los funcionarios para decidir qué información se brinda, invirtiendo el sistema de obligaciones establecido en la ley y amenazando con sanciones a quienes solicitan información de manera reiterada.

La participación pública también se ha visto afectada. Un ejemplo reciente es el proceso de audiencias públicas convocadas por la modificación de la Ley de Glaciares, caracterizado por restricciones a la participación social.

En este contexto, el Observatorio ambiental y climático para la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina, a partir de un informe elaborado por Proyecto Meulen -una iniciativa de investigación interdisciplinaria radicada en la FCJS-UNL (Santa Fe, Argentina), dirigida por la Dra. María Valeria Berros-, ha identificado regresiones regulatorias e institucionales que afectan la democracia ambiental, en línea con el principio de no regresión del Acuerdo.

Entre los principales retrocesos que destaca el informe están:

• la desaparición del organigrama del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

• la derogación de herramientas para promover energías renovables,

• la modificación de la Ley de Procedimientos Administrativos que habilita reemplazar audiencias públicas por otros mecanismos,

• la delegación de facultades ambientales al Poder Ejecutivo,

• la posible prevalencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones sobre normas ambientales,

• la eliminación del Fondo de Bosques Nativos,

• la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA),

• y el traspaso del Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad.

En comparación con otros países de la región, si bien Argentina cuenta con instrumentos formales como una hoja de ruta y un plan de implementación, los retrocesos normativos y la falta de avances concretos la ubican en un escenario preocupante en materia de cumplimiento de los compromisos asumidos.