Energía
Sustentabilidad

Energía solar en Buenos Aires: ¿cuánto cuesta convertirse?

Los subsidios a la energía eléctrica la vuelven tan barata, que el pase a las energías limpias no es competitivo a nivel dóméstico.

Las centrales térmicas de Argentina son las principales generadoras de electricidad. La matriz energética del país depende casi en un 90% de la combustión de fósiles. El Estado y las empresas privatizadas del sector en el Área Metropolitana de Buenos Aires le venden al usuario la electricidad un KW entre cinco y siete veces más barato de lo que le cuesta producir y transportar hasta los domicilios.

Existe una enorme diferencia entre lo que se paga en la capital argentina por el servicio de luz -subsidiado en alrededor del 60% del valor real- y lo que cuesta en otras capitales, como Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay), o San Pablo (Brasil).

¿Por qué ocurre esto? Porque las tarifas particulares siguen muy subsidiadas, a pesar de algunos fuertes incrementos en los valores ocurridos en los últimos años. Así, con la energía eléctrica tan "barata", y en un contexto de crisis económica, es muy difícil aspirar a que las familias se pasen a la energía renovable.

Si el principal conglomerado urbano de Argentina, que aloja a más de 15 millones de personas, pagara la electricidad a valores similares a los de la región, la inversión en paneles solares se recuperaría en una década, y a partir de entonces vendrían años de energía "gratis".

Ahora, considerando el 60% de subsidio a la energía eléctrica, en el país la transición se amortizaría en 25 años. Y si se agrega a la ecuación que los equipos solares tienen una vida útil de entre 15 y 20 años, no hay forma de que a un residente en Argentina le convenga económicamente este giro.

Por más que se difunda la importancia de la transición a energías limpias, mientras la brecha económica sea tan grande, la implementación doméstica de estas fuentes verdes se postergará cada vez más.

Según un análisis de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (APRA), cada MWh que se suma al sistema (de fuentes de centrales térmicas) le cuesta a los argentinos 344 dólares. El número se obtiene tras la suma del combustible, los gastos de operación, las pérdidas sufridas durante el transporte de electricidad y el proceso de distribución .

Si este esquema se trasladara directamente al precio final de Edenor, Edesur y Edelap, se produciría una suerte de colapso social y económico. Con los actuales subsidios no es rentable la energía renovable.



Esta nota habla de:
Más de Energía
El "traje a la medida" con el que la termoeléctrica Guacolda quiere seguir operando más allá de 2040
Energía

El "traje a la medida" con el que la termoeléctrica Guacolda quiere seguir operando más allá de 2040

La norma de emisión para termoeléctricas en Chile, aprobada en 2025, permitía a Guacolda operar con límites de contaminación hasta un 75% más laxos que el resto. La empresa lo consiguió prometiendo reconvertirse a co-combustión de carbón y amoníaco verde. Sin embargo, sus propios estudios indican que ésta solo tendría sentido económico si la central opera hasta 2050, diez años más allá del compromiso de cierre del uso de carbón para generar energía. El decreto fue, sin embargo, retirado por la administración Kast antes de entrar en vigencia. Mientras tanto, Huasco sigue respirando la contaminación de Guacolda.
Qué es El Quemado, el parque solar de paneles "de dos caras" que se inaugura hoy en el desierto mendocino
Energía

Qué es El Quemado, el parque solar de paneles "de dos caras" que se inaugura hoy en el desierto mendocino

El Quemado, el parque solar más grande del país, se inaugura en Las Heras con más de 500 mil paneles con nueva tecnología y sello RIGI
Se acerca la fecha límite de Brasil para avanzar en la regulación de la energía eólica marina
Energía

Se acerca la fecha límite de Brasil para avanzar en la regulación de la energía eólica marina

La regulación avanza bajo la presión de los plazos, con lagunas en la adaptación de las licencias medioambientales, incertidumbres sobre la asignación de áreas marítimas y debilidades en la garantía de los derechos de las comunidades costeras.