Colombia gasta más del 2% de su PIB en subsidiar combustibles fósiles, a pesar de su compromiso para eliminarlos

Este lunes 27 de abril se reunirán en Santa Marta los representantes de los gobiernos de cerca de 60 países para hablar sobre un aspecto clave para la transición energética: cómo dejar de utilizar carbón, petróleo y gas en lugares como Colombia, cuya economía depende en gran medida del uso de estos combustibles. La urgencia de esta discusión, más allá de las tensiones políticas que genera, tiene que ver con los llamados que han hecho científicos de todo el mundo para evitar una catástrofe ambiental y climática.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), por ejemplo, ha sido claro en señalar que se nos está haciendo tarde para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el aumento de temperatura del planeta. Si no se logra limitar ese incremento a 1.5 °C para finales de siglo, se intensificarán problemáticas que se han hecho evidentes en los últimos años. La pérdida de biodiversidad y de ecosistemas claves, como la Amazonia, el incremento del nivel del mar y la intensificación de fenómenos meteorológicos, como sequías y huracanes, son solo algunos ejemplos.

Sin embargo, un nuevo análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) revela que los gobiernos destinaron cinco veces más fondos públicos a los combustibles fósiles que a las energías renovables, lo que pone en riesgo no solo al clima, sino también la seguridad energética. Según el reporte, que fue publicado este lunes 27 de abril en el marco de la conferencia de Santa Marta, las decisiones de los gobiernos en materia de finanzas públicas siguen sin estar en consonancia con una transición creíble que permita abandonar los combustibles fósiles. El análisis sostiene que cualquier hoja de ruta de transición creíble debe comenzar por poner fin al apoyo financiero público a los combustibles fósiles y redirigirlo hacia sistemas energéticos más limpios y resilientes.

En ese sentido, Colombia ha reconocido la necesidad de abandonar progresivamente el uso del carbón, el petróleo y el gas, para sustituirlos por fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar. De hecho, el Gobierno de Gustavo Petro decidió, desde la cumbre climática que se realizó en Dubái en 2023 (COP28), asumir el liderazgo de un conjunto de países que consideran urgente tomar decisiones para lograr esa transición. Por eso, junto a Países Bajos, se organizó la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, que tiene lugar en Santa Marta del 24 al 30 de abril.

Una de las medidas claves para esa transición, y que hará parte central de las discusiones en Santa Marta, tiene que ver con la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Desde 2023, el Gobierno ha avanzado en la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles Fósiles, que le costó COP 80 billones (más de USD 22.500 millones) al país tras la pandemia por covid-19. Aunque a inicios de 2026 la deuda era de COP 3.2 billones (USD 900 millones), su cierre ha estado impulsado principalmente por el incremento al precio de la gasolina.

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Sin embargo, como detalla Así va la Energía, un observatorio del centro de pensamiento climático Transforma, los subsidios al petróleo, el carbón y el gas cada vez le cuestan más a Colombia y hay un avance muy reducido en el compromiso de eliminarlos. El subsidio al diésel, exenciones tributarias y otros incentivos al uso de combustibles fósiles hacen parte de un largo listado que representa cerca del 2% del PIB nacional y que todavía no está claro cómo se va a desmontar.

El déficit ocasionado por la gasolina y el diésel

En junio de 2022, el Ministerio de Hacienda anunció el primero de varios incrementos mensuales al precio de la gasolina, que pasó de costar COP 9000 (USD 2.5) por galón, a cerca de COP 16.000 (USD 4.5) para 2025, alineando el precio nacional con los precios internacionales de este combustible. El objetivo, planteado a finales del Gobierno de Iván Duque e implementado en su mayoría por la administración de Petro, era cerrar un déficit que se acumuló durante años y que, de acuerdo con la dirección de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía (Minminas), llegó a representar un costo anual cercano a los COP 20 billones (USD 5600 millones) para 2023.

Se trata del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), un mecanismo que se creó en 2007 para evitar que los cambios del precio internacional del petróleo tuvieran un impacto en la economía nacional. Como explica Paula Osorio, ingeniera eléctrica, economista e investigadora de Transforma, "el objetivo era que los momentos en los que el precio internacional estuviera por debajo del precio nacional generaran un ahorro para financiar los momentos en los que el precio internacional incrementara". Sin embargo, el mecanismo no funcionó como se esperaba, pues el precio internacional estaba la mayoría del tiempo por encima del nacional.

Antes de 2020, el costo del FEPC ya representaba un problema para las finanzas del Estado, pero la situación se agravó los años que siguieron. La pandemia por covid-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia ocasionaron un incremento en los precios del petróleo y, como consecuencia, un aumento en el costo de los subsidios para el país. En los últimos seis años, señala Julián Flórez Quiroga, director de Hidrocarburos del Minminas, se han pagado más de COP 82 billones (USD 23.000 millones) para subsidiar que el precio de los combustibles esté por debajo del costo internacional.

Con el precio de la gasolina cerca de los COP 16.000 (USD 4,5) en 2025, el déficit anual del fondo había logrado reducirse a COP 3.2 billones (USD 900 millones). Sin embargo, "el 28 de febrero, que fue cuando Estados Unidos atacó a Irán y sus instalaciones, el precio internacional del petróleo se dispara, llegando a niveles que no veíamos hace dos décadas. Eso hace que el déficit vuelva a aumentar", asegura Flórez. Aunque el plan del Gobierno era que, para finales de 2026, se eliminara por completo la deuda con el fondo, el Centro de Estudios Económicos de Colombia (ANIF) estima que este nuevo escenario podría llevar la deuda hasta los COP 10.7 billones.

A esto se suma un problema más. Hasta ahora, la reducción del déficit se había logrado gracias al incremento del 74% en el precio de la gasolina. El diésel, sin embargo, pasó de costar COP 9000 (USD 2.5) en 2020, a COP 10.650 (USD 3) en 2025, muy por debajo del precio internacional. ¿Por qué se ha mantenido el subsidio a un combustible más contaminante? La respuesta tiene varios matices.

El reto de tocar el precio del diésel

En Colombia, una parte importante de la economía se mueve en vehículos de gran tamaño impulsados por diésel. Algunos ejemplos son las mercancías que entran y salen por los principales puertos del país, el desplazamiento de alimentos desde el campo hacia las grandes ciudades y el transporte de pasajeros a nivel nacional.

Para Osorio, de Transforma, hay varias consideraciones a la hora de pensar en incrementar el precio de este combustible. Una de las más importantes es que las actividades vinculadas a su uso están también relacionadas con la inflación de precios y la economía de sectores vulnerables, como los pequeños agricultores. "Por eso, cuando se dieron los primeros incrementos al diésel, hubo mucha presión por parte de los transportadores para frenarlos. Es un sector que necesita un enfoque diferente", advierte Osorio.

El problema tiene una magnitud importante. Cuando el precio del diésel a nivel internacional incrementa, el subsidio al diésel en Colombia ha alcanzado "hasta el 65% del precio", explica Flórez. Según el funcionario, desde que aumentaron los precios a raíz del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al país le ha costado COP 4 billones (USD 1125 millones) mantener los precios del combustible estables.

Al respecto, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, asegura que "subsidiar de manera generalizada los combustibles fósiles no es sostenible, ni fiscal ni ambientalmente. Esos recursos públicos terminan profundizando la dependencia del petróleo y el diésel, cuando deberían orientarse a financiar la transición energética, la movilidad limpia, la restauración ecosistémica y la protección social de las comunidades más vulnerables".

En 2024, el Instituto Ambiental de Estocolmo y el Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad publicaron un documento analizando los retos que plantea desmontar el subsidio al diésel en Colombia y haciendo recomendaciones para lograr ese objetivo. Una de ellas es tener mesas de trabajo permanentes con el sector transportador y establecer programas sociales que permitan reducir el impacto del incremento de precios en los sectores más vulnerables. Además, hacen un llamado a la renovación tecnológica del parque automotor de transporte, con el fin de reducir la demanda de diésel.

Frente a esto, Flórez asegura que se está trabajando en varias decisiones que apuntarían a un desmonte parcial del subsidio al diésel. Por ejemplo, el Minminas está trabajando en un listado para identificar a los grandes consumidores de este combustible, aquellos que superan los 20.000 galones al mes, para que paguen un precio diferencial, alineado con el internacional, y no uno subsidiado. Además, un decreto publicado a inicios de año eliminó este subsidio para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales.

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Para Osorio, estas medidas están en la dirección correcta, pero no son suficientes. Entre 2020 y 2024, los subsidios a la producción y el consumo de combustibles fósiles pasaron de representar menos del 02% del PIB del país, a superar el 2%. Solo en 2023, el país gastó USD 7.400 millones en el subsidio a estos combustibles.

¿Cuántos subsidios a los combustibles fósiles tiene Colombia?

Durante estos días de discusión en Santa Marta, uno de los resultados esperados es que "Colombia encuentre inspiración en otros países para implementar políticas a nivel nacional", asegura Alex Rafalowicz, director del Tratado para la no Proliferación de Combustibles Fósiles, una de las iniciativas que ha impulsado esta Conferencia y el abandono del carbón, el gas y el petróleo desde hace varios años.

Para Osorio, de Transforma, es clave que las medidas que se implementen en el país sean planificadas y progresivas. "Por ejemplo, Bolivia eliminó todos sus subsidios de un día para otro, pero eso tuvo un efecto social y económico muy fuerte, porque no fue medido ni ordenado", señala. El observatorio Así va la Energía -que contempla datos hasta 2024- destaca casos como el de Chile, en donde los subsidios a los combustibles fósiles no representan más del 1% del PIB nacional, en contraste con países como México y Argentina, que son los países de la región que más gastan en subsidiar los combustibles fósiles.

Sin embargo, el caso chileno también refleja una complejidad, puesto que el principal subsidio es el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO), el que fue eliminado en marzo de 2026 por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, generando un aumento en el precio de las bencinas cercanas a un dólar desde entonces.

Un primer paso para cumplir con el compromiso de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles "es tener un inventario de cuáles son esos subsidios y cuánto gasta el Estado en cada uno de estos, porque hoy no hay claridad sobre esa cifra", apunta Osorio.

"Tener un inventario claro de los subsidios a los combustibles fósiles -su dimensión fiscal, sus impactos distributivos y sus efectos sobre la transición energética- no es solo una buena idea, sino una necesidad de política pública", señala Vélez, ministra (e) de Ambiente. "La pregunta no es si debemos hacerlo, sino cómo hacerlo sin profundizar desigualdades sociales ni afectar a las poblaciones más vulnerables", añade.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que Colombia tiene 13 subsidios a los combustibles fósiles. Sin embargo, Transforma está trabajando en un listado que ya ha identificado 30, teniendo en cuenta exenciones tributarias y subsidios directos.

Un caso es el subsidio a la tarifa de energía eléctrica en Colombia, que cubre a los estratos socioeconómicos más bajos. Aunque la generación de electricidad en Colombia es principalmente renovable, a partir de hidroeléctricas, también hay un porcentaje de generación con carbón y gas. "No sabemos cuánto de ese subsidio está cubriendo la generación con combustibles fósiles", señala Osorio. Otro ejemplo es el consumo de gas, que está exento de IVA, sin importar si se trata de un hogar de bajos ingresos o una gran industria.

Una de las razones fundamentales para eliminar los subsidios a la producción y consumo de gasolina tiene que ver con el impacto que tiene en las finanzas públicas. Sin embargo, no se trata solo de un tema económico. "Es importante discutir cómo va a dirigirse la financiación pública para que sea mejor aprovecha da", asegura Osorio. Por ejemplo, en la implementación de energías renovables o en el fortalecimiento de sectores económicos que ayuden a reducir el impacto de la salida de los combustibles fósiles. "Hay una expectativa muy grande para que lo que salga de Santa Marta funcione como un insumo para la hoja de ruta que determine cómo vamos a hacer esta transición", concluye la investigadora.

*Este artículo fue producido por Climate Tracker América Latina