Diez años de litigio climático han conseguido que gobiernos y empresas se vean obligadas a responder por sus acciones

Puede ser que la COP30 haya dejado una sensación agridulce en la lucha por la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y el mantenimiento del calentamiento global por debajo de 1.5°C. Sin embargo, cada vez más, las decisiones climáticas que toman los países y las empresas están altamente influenciadas por los reclamos y litigios climáticos que han interpuesto grupos y personas de la sociedad civil. Como lo revela el reciente informe ‘Sentando las bases para nuestro futuro compartido', una ola creciente de litigios climáticos está silenciosamente reconfigurando el panorama.

En este 2025 se conmemoran diez años del primer caso climático exitoso: el caso Urgenda, la primera vez que un tribunal, en cualquier parte del mundo, ordenó a un gobierno tomar una acción climática más contundente. Ese único fallo reconfiguró el debate global, mostrando que cuando la política se estanca, los tribunales pueden intervenir, desencadenando una década de litigios que ha construido una nueva arquitectura legal para la acción climática.

"Después de que Urgenda ganara el caso histórico contra el gobierno holandés, supimos que había impulso para el siguiente paso. Las corporaciones multinacionales como Shell continuaban aumentando sus emisiones e ignoraban el Acuerdo de París. Creíamos que nuestro caso judicial podría ser la respuesta a este problema. También sabíamos que no queríamos hacer este caso solos. Pudimos movilizar a más de 17.000 codemandantes individuales", explica en el informe la activista Nine de Pater. Al momento de la decisión de apelación del caso en 2024, siete de cada diez ciudadanos holandeses dijeron que querían ver a la empresa responsabilizada, incluyendo una mayoría de votantes tanto de los partidos de extrema derecha como de los partidos liberal-conservadores.

Litigio en Suramérica

Los ecos de las posibilidades transformadoras del litigio climático se han sentido también en Sudamérica. En noviembre de 2023, el Gobierno brasileño llegó a un acuerdo en una impugnación a su NDC (Contribución Determinada a nivel Nacional), presentada por seis jóvenes que alegaban que la NDC de Brasil de 2020 era menos ambiciosa que la anterior. En el acuerdo, el Gobierno reconoció la necesidad de volver al nivel de ambición establecido en la NDC de 2015 (lo cual se logró mediante una actualización de la NDC de 2020), y se comprometió a establecer la próxima NDC del país a través de un proceso transparente con amplia participación de la sociedad civil.

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Ese mismo año, el pueblo ecuatoriano protagonizó un hito histórico al unirse para dar un NO rotundo a la explotación de crudo en el Parque Nacional Yasuní, el área protegida más grande de Ecuador. Durante más de una década, la sociedad civil buscó incansablemente mecanismos para proteger este espacio del extractivismo petrolero, hasta que finalmente, el 20 de agosto de 2023, logró llevar a cabo una consulta popular que le dejó claro al gobierno su decisión, el Yasuní no se debía explotar.

La conmemoración de estos 10 años de litigio no puede llegar en un momento más pertinente, una vez que este 2025 será recordado como el año en el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas (ONU), dio a conocer su Opinión Consultiva sobre las responsabilidades estatales frente al clima. Un avance histórico, una vez que se reconoció al cambio climático como una cuestión de derechos humanos y se establecieron las obligaciones de los Estados para prevenir los daños climáticos. Esta victoria tuvo lugar gracias a que 27 estudiantes de derecho de las islas del Pacífico instaron a sus gobiernos a acudir al tribunal.

El litigio climático no es una solución mágica, pero es una de las herramientas más poderosas que existen para forzar un cambio sistémico en la acción climática. Independientemente de los vientos políticos, los tribunales están constitucionalmente obligados a hacer cumplir los compromisos legales, garantizar la equidad y proteger los derechos humanos, incluso para aquellos que no pueden participar en el sistema político.

En respuesta a los fallos climáticos, los gobiernos han aumentado los objetivos de mitigación, aclarado sus planes climáticos, establecido nuevos objetivos de reducción de emisiones e implementado sus compromisos. Los casos climáticos han inspirado la movilización pública y moldeado la opinión pública, y han comenzado a responsabilizar a las corporaciones por su papel en causar la crisis climática.

El desafío ahora es traducir el reconocimiento judicial en cambio sistémico, y asegurar que las órdenes judiciales y las leyes aprobadas por los parlamentos impulsen los recortes de emisiones que la política por sí sola aún no ha logrado. Esta estructura legal puede - y debe - ahora aplicarse a las corporaciones de altas emisiones, cuyo fracaso en hacer su parte para lograr los objetivos del Acuerdo de París está poniendo en peligro nuestro futuro compartido.

Hallazgos importantes del informe:

• El litigio climático es una respuesta directa a la incapacidad de décadas de los políticos para cumplir su promesa de proteger a las generaciones actuales y futuras de los impactos devastadores del cambio climático. 

• Quienes más se ven afectados por el cambio climático -jóvenes, generaciones mayores y pueblos indígenas- junto con amplias coaliciones de organizaciones de la sociedad civil e individuos preocupados, han sido la fuerza impulsora detrás de los últimos diez años de litigio climático. Lo que los une es la convicción compartida de que los tribunales pueden intervenir para proteger sus derechos cuando sus propias instituciones políticas han fallado. 

•  Diez años de litigio climático han sentado las bases de una arquitectura legal global para la protección climática, ahora reconocida por los más altos tribunales y cortes internacionales.  

• Los tribunales también han comenzado a reconocer las obligaciones de las empresas de reducir emisiones para prevenir daños públicos, hacer cumplir los límites legales sobre el apoyo gubernamental a la producción de combustibles fósiles y responsabilizar a los grandes contaminadores por los daños climáticos. 

• En conjunto, estos desarrollos se alinean con la evaluación del IPCC de que "el litigio climático se ha convertido en una fuerza poderosa en la gobernanza climática"  

La arquitectura legal global se ha creado caso por caso, a medida que los demandantes se inspiran en decisiones judiciales de todo el mundo y los jueces participan en un diálogo global.

El informe completo en inglés aquí