La modificación de la Ley de Glaciares propuesta por el Gobierno nacional es ilegal e inconstitucional. Reduce la protección de los glaciares y el ambiente periglacial para favorecer al sector minero y atenta contra el concepto de presupuestos mínimos, establecido en nuestra Constitución Nacional para garantizar una tutela común ambiental en todo el territorio nacional. Esta reforma, que de aprobarse establecerá un precedente peligroso para otras normas de protección ambiental, pone en riesgo recursos estratégicos para la provisión de agua dulce y la regulación de cuencas hídricas que abastecen a distintas localidades y jurisdicciones de nuestro país.