Glaciares en riesgo: la urgencia de proteger las reservas de agua y vida

Los glaciares desempeñan un papel crucial en la regulación del clima, resguardan el 70% del agua dulce en forma de nieve o hielo. Sin embargo, Naciones Unidas advirtió que, debido al cambio climático, están derritiéndose a un ritmo alarmante. En respuesta a esta crisis, el organismo ha declarado al 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares.

Según el último estudio de la revista Nature, publicado el pasado 19 de febrero, la pérdida de hielo glaciar aumentó en los últimos años: entre 2000 y 2023, los glaciares perdieron en promedio 273.000 millones de toneladas de hielo por año.

En Argentina, estos ecosistemas, aunque hoy están protegidos por ley, están amenazados continuamente por el sector minero que ha intentado modificar las normas que los resguardan. La actual Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, fue debatida y sancionada por el Congreso de la Nación dos veces (primero en el año 2008 y luego en el 2010), a la luz de un debate público amplio y con la participación de expertos. Además, la Corte Suprema de Justicia tuvo que reafirmar su constitucionalidad en dos oportunidades frente a los embates del sector minero.

Esta ley es una norma de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, para la recarga de cuencas hidrográficas, como fuentes de información científica, por su valor turístico y para la protección de biodiversidad.

La última vez que se intentó modificar la Ley de Glaciares fue con el proyecto denominado de Ley Ómnibus -en enero 2024- en donde se propuso cambiar la normativa vigente con el fin de habilitar la actividad económica en la zona periglacial, y que no prosperó debido al rechazo conjunto y masivo de 150 organizaciones ambientales.

A su vez, a fines de 2024, en la provincia de Mendoza, mediante la Ley 9588 fueron aprobadas conjuntamente las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 34 proyectos mineros de exploración, a desarrollarse en el departamento de Malargüe. Se tratan mayoritariamente de proyectos de minería de cobre aunque también podemos detectar un proyecto de uranio. Durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de MDMO, el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), presentó un dictamen técnico señalando que los proyectos mineros podrían afectar el ambiente glaciar y periglacial que forma las nacientes del Río Colorado, cuenca interprovincial que atraviesa Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

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Asimismo, en el Informe de Transparencia presentado por Argentina ante la ONU en diciembre del 2024 se menciona el retroceso de glaciares en el país: "el aumento de la temperatura ha generado también un retroceso de casi todos los glaciares de los Andes patagónicos entre los 37° y 55° S durante las últimas décadas. Cuarenta y ocho de los cincuenta principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur presentaron una creciente disminución de la superficie de hielo".

La afectación de los glaciares y el área periglacial tendría impactos ambientales, sociales y económicos, si consideramos su rol relevante para alimentar el caudal de los ríos, recurso del cual dependen múltiples actividades productivas. No podemos permitir que los intereses de las empresas privadas se sobrepongan frente a las fuentes de vida de todos los argentinos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció en agosto del 2024 una alerta mundial que advierte que el nivel global del mar alcanzó un nuevo máximo histórico como consecuencia del calentamiento de los océanos y del deshielo de glaciares y capas de hielo, fenómenos que son resultado directo del cambio climático.

Los habitantes de las zonas costeras de países densamente poblados como Bangladesh, China, India, Países Bajos y Pakistán podrían sufrir inundaciones catastróficas. Y también mencionó que otras ciudades costeras corren peligro como Buenos Aires, Bangkok, Lagos, Londres, Bombay, Nueva York y Shanghai.

Nos encontramos en un contexto de crisis climática, ecológica, social y económica, que requiere de una mirada integral y de un debate amplio para la construcción de políticas legítimas que contemplen no sólo las pretensiones de un determinado sector económico, sino también las dimensiones ambientales y sociales de cada medida y sus consecuencias para las futuras generaciones.