Europa debate sus políticas de acceso a minerales mientras crecen los impactos en América Latina

En este marco, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron sobre los impactos socioambientales de la creciente demanda mundial de minerales como el litio, el cobre y el níquel, impulsada no solo por el actual modelo de transición energética, sino también por la expansión de la economía digital, la infraestructura de datos y las industrias militar y aeroespacial.

"América Latina, la región más biodiversa y una de las más ricas en diversidad cultural del planeta, concentra además grandes reservas minerales, lo que la ubica en el centro de una tensión cada vez mayor entre el interés global por la extracción intensiva y la protección de ecosistemas frágiles y territorios de comunidades indígenas y tradicionales. Este escenario profundiza la vulnerabilidad climática y multiplica los conflictos socioambientales, poniendo en riesgo la integridad ecológica y cultural de estos territorios", explicó Laura Castillo, coordinadora del Programa Altoandinos del área de Política Ambiental de FARN.

Por su parte, Teresa Hoffmann, experta en políticas de materias primas de la Unión Europea e integrante de FARN, sostuvo que "el impulso por ampliar la extracción contradice los marcos multilaterales y los compromisos climáticos y de biodiversidad suscritos por la Unión Europea. Esta tendencia corre el riesgo de reproducir los mismos patrones de desigualdad global y daño climático que dichas políticas pretenden superar".

Desde FARN indicaron que la UE debe avanzar hacia políticas que reduzcan de manera efectiva el consumo de materiales y energía, estableciendo metas vinculantes y medibles dentro de los límites planetarios. Asimismo, debe garantizar el pleno cumplimiento de sus compromisos ambientales y de derechos humanos, evitando cualquier retroceso en su marco normativo.

En ese sentido, resulta fundamental no debilitar instrumentos clave como la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) ni permitir que las empresas demuestren el cumplimiento de las regulaciones públicas mediante mecanismos privados, como la autorregulación, esquemas de verificación internos de la industria, y las auditorías de terceros, que resultan insuficientes para asegurar la rendición de cuentas y la protección de las comunidades y los ecosistemas.

"Es imprescindible garantizar la transparencia, el acceso a la información, la participación efectiva de las comunidades locales así como el pleno respeto al derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación, al consentimiento libre, previo e informado y a decidir frente a actividades que puedan afectar sus formas de vida o sus territorios, en todos los proyectos y actividades planificadas dentro de las asociaciones estratégicas y en la implementación de Global Gateway. Incluir sus voces no solo es un deber ético y legal, sino también una condición esencial para asegurar una transición justa, legítima y sostenible", enfatizó Castillo.

La minería de litio y la amenaza a los humedales andinos

Los humedales andinos -salares, bofedales, lagos y lagunas- de Argentina, Bolivia y Chile enfrentan un grave riesgo por el avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética del norte global. En estos ecosistemas se concentra más del 53% de los recursos de litio del planeta.

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En Catamarca, Argentina, la extracción de litio por parte de Minera del Altiplano S.A. -subsidiaria de Livent, actualmente perteneciente a Río Tinto- ha generado desde 1997 daños ambientales profundos en el Salar del Hombre Muerto, entre ellos la desecación de más de cinco kilómetros de la vega del río Trapiche, un impacto que persiste hasta hoy.

Actualmente existen 12 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo en ese salar. Ante la afectación del río Trapiche y la intención de cinco empresas de extraer agua del río Los Patos, la comunidad local inició acciones judiciales. En 2024, la Corte de Justicia de Catamarca reconoció el daño ambiental y ordenó al gobierno provincial abstenerse de otorgar nuevos permisos hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral de todos los proyectos activos.

"Una de las consecuencias de la minería fue la muerte de una de las vegas del río Trapiche, la matanza de animales y también la desviación del río Los Patos", expresó Elizabeth Mamani, de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, en Antofagasta de la Sierra en la Provincia de Catamarca.

En el marco de un encuentro realizado en Catamarca con distintas comunidades de Argentina, Chile y Bolivia, Franco Vedia, integrante de la comunidad Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy), advirtió: "En Jujuy las empresas están intentando ingresar al territorio sin consultar a las comunidades. Se están violando derechos fundamentales: el derecho a decidir, a conservar la identidad cultural y, sobre todo, el derecho colectivo al agua".

"Para nosotros, la extracción de litio es algo terrible; significa la muerte, porque se están llevando el agua. En Catamarca vimos lo que no debería pasar: están dejando morir a la Pachamama, a la tierra y a sus habitantes", agregó.

Desde Chile, Rodrigo Espíndola Araya, de la comunidad Lickan Antay de Toconao, remarcó las similitudes entre ambos países: "Lo que está pasando en Catamarca es similar a lo que ocurre en Chile, particularmente con el tema del agua. Se avecina una lucha muy fuerte contra las mineras: como pueblos originarios, defendemos nuestro derecho al uso y al acceso al agua".

Finalmente, Cindy Quevedo Monardes, de la comunidad Colla Finca El Chañar (Tierra Amarilla, Copiapó, Chile), expresó: "Ha sido doblemente conmovedor ver la naturaleza de Catamarca, pero también el impacto de la actividad minera, que ha secado vegas completas como la del río Trapiche. Estar acá permite dimensionar lo que ya ocurre en Argentina y lo que puede suceder en otras regiones expuestas a la minería".