El "golpe" de los 345 millones: La batalla entre Greenpeace y Energy Transfer redefine el futuro del activismo

El pasado 27 de febrero de 2026, el sistema judicial de Dakota del Norte cerró un capítulo extenuante, pero abrió una herida profunda en el derecho a la protesta global. El juez James Gion oficializó una sentencia que ordena a las entidades de Greenpeace pagar 345 millones de dólares a la corporación Energy Transfer (ET), la empresa detrás del polémico oleoducto Dakota Access (DAPL). Aunque la cifra es una reducción del veredicto inicial del jurado de marzo de 2025 -que ascendía a 660 millones-, representa la mayor penalización económica jamás impuesta a una organización de defensa del medio ambiente.

El origen del conflicto: De la tierra al tribunal

La disputa no es nueva; sus raíces se hunden en el barro y la nieve de 2016, cuando miles de activistas y casi 300 tribus indígenas americanas se movilizaron contra la construcción del gigantesco oleoducto Dakota Access, denunciando los riesgos para el agua potable y las tierras sagradas. Desde los campos petrolíferos de Bakken en Dakota del Norte hasta Illinois, el oleoducto de 1800 kilómetros cruza los ríos Misuri y Misisipi y parte del lago Oahe, a menos de 2 kilómetros de la reserva sioux de Standing Rock. 

Greenpeace se unió a las protestas, al igual que otros grupos ambientalistas, y organizó acciones de resistencia no violenta. Lo que comenzó como una defensa de la soberanía del agua y el territorio frente a los combustibles fósiles, terminó en los tribunales bajo una narrativa corporativa que Greenpeace califica de "fabricada".

Energy Transfer demandó originalmente a Greenpeace alegando una conspiración criminal bajo la ley RICO (destinada usualmente a la mafia), acusando a la ONG de orquestar actos de violencia y desinformación para perjudicar sus intereses económicos. Si bien los cargos de asociación ilícita fueron desestimados hace años, la demanda persistió bajo las figuras de difamación e interferencia torticera (ilícita).

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El caso no debe leerse como un simple litigio por daños y perjuicios, sino como un exponente de las llamadas SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Estas demandas no buscan necesariamente la "justicia" en el sentido tradicional, sino agotar los recursos financieros y la energía operativa de los críticos.

Energy Transfer sostuvo que el proceso era un "paso importante para responsabilizar a Greenpeace por sus acciones ilegales y dañinas". Sin embargo, desde una perspectiva analítica, el peligro radica en la criminalización de la solidaridad. Parte de la sentencia se fundamenta en actos tan básicos como la co-firma de cartas de protesta, lo que genera un "efecto inhibitorio" (chilling effect) sobre cualquier organización que decida apoyar causas ajenas por principios ideológicos.

"Esta sentencia refleja un mundo donde el poder corporativo intenta comprar el silencio", afirmó Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, en una reciente declaración tras conocerse el fallo.

Un contraataque transatlántico

La respuesta de la organización ambientalista ha sido elevar la apuesta hacia el terreno internacional. Greenpeace International ha iniciado un proceso legal sin precedentes en los Países Bajos: amparándose en la nueva directiva anti-SLAPP de la Unión Europea, busca que un tribunal holandés declare que la demanda de Energy Transfer es abusiva, lo que podría obligar a la petrolera a compensar a la ONG por los costos legales y daños sufridos.

Este "espejo judicial" es vital: si Greenpeace logra una victoria en Europa, se crearía un blindaje legal que complicaría a las multinacionales el uso de cortes estadounidenses para perseguir a entidades con sede en el extranjero.

El avance (y estancamiento) de la protección anti-SLAPP en América Latina

Mientras que la Unión Europea ya ha comenzado la cuenta regresiva para transponer su Directiva Anti-SLAPP (con fecha límite en mayo de 2026), América Latina navega en aguas mucho más turbulentas. A marzo de 2026, la región presenta un panorama de contrastes:

• El "Hub" de la judicialización: Según informes recientes de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), el 86% de los casos de acoso judicial en la región se concentran en México, Brasil, Colombia, Perú y Guatemala. La mayoría de estas demandas no buscan ganar el juicio, sino asfixiar financieramente a comunidades indígenas y periodistas ambientales.

• Liderazgo de Colombia: Es el único país que ha movido fichas legislativas concretas. Tras años de debate, en 2025 se consolidaron avances para reformar el Código General del Proceso, buscando que los jueces puedan desestimar tempranamente demandas que carezcan de fundamento real y solo busquen silenciar la participación pública.

• El rol de la Corte IDH: A falta de leyes nacionales robustas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en el escudo regional. Sentencias como Palacio Urrutia vs. Ecuador (2021) y Baraona Bray vs. Chile (2022) han sentado jurisprudencia al establecer que el uso del derecho penal para castigar expresiones sobre el interés público es incompatible con la Convención Americana.

• Uruguay y Costa Rica: Han optado por "despenalizar" parcialmente la difamación. En febrero de 2026, Costa Rica eliminó las penas de arresto por estos delitos, aunque los expertos advierten que las sanciones civiles millonarias (como las que enfrenta Greenpeace en EE. UU.) siguen siendo una amenaza latente que no requiere de la cárcel para ser efectiva.

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Proyectos Anti-SLAPP y situación en Argentina (Marzo 2026)

Argentina se encuentra en una posición contradictoria: posee una de las protecciones internacionales más avanzadas, pero carece de una herramienta procesal específica contra el acoso judicial.

1. El Marco Legal Actual: Escazú como Escudo

A falta de una "Ley Anti-SLAPP" nacional, el principal recurso hoy es el Acuerdo de Escazú (ratificado por Ley 27.566). El Artículo 9 de este tratado obliga al Estado argentino a garantizar un "entorno seguro y propicio" para los defensores ambientales. Sin embargo, en la práctica, los jueces argentinos rara vez lo aplican de oficio para desestimar demandas abusivas en etapas tempranas.

2. Proyectos en el Congreso (2025-2026)

Durante el último año, han ingresado proyectos que, aunque no llevan el nombre "Anti-SLAPP", buscan el mismo fin:

• Proyecto S-0679/2025: Este proyecto sobre "Principios de No Reversión y Progresividad en DD.HH." busca evitar que reformas legislativas o fallos judiciales reduzcan la protección de los ciudadanos frente al poder estatal o corporativo.

• Reformas al Código Procesal Civil y Comercial: Existe un debate (impulsado por organizaciones como FOPEA y Amnistía Internacional Argentina) para incluir la figura de la "Desestimación Temprana". Esto permitiría que un juez, ante una demanda por difamación de una empresa contra un activista, pueda archivar el caso en 30 días si detecta que el objetivo no es la justicia, sino silenciar una opinión de interés público.

3. El Contexto de Urgencia: El Caso de la Ley de Glaciares

La necesidad de estas leyes se volvió crítica hace apenas unos días. En febrero de 2026, la detención de 12 activistas de Greenpeace en las escalinatas del Congreso Nacional -mientras protestaban contra la modificación de la Ley de Glaciares- encendió las alarmas. El uso de tipos penales como "intimidación pública" o "resistencia a la autoridad" para protestas ambientales pacíficas es visto por los constitucionalistas como la versión penal de las SLAPP. Sin una ley que penalice el abuso del derecho por parte de los demandantes, el activismo ambiental en Argentina está quedando expuesto a una judicialización sistemática que busca agotar los recursos de las asambleas ciudadanas.

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Argentina tiene la doctrina (Constitución y Escazú), pero le falta el "arma procesal". Mientras no se sancione una ley nacional que obligue a los demandantes a demostrar que su demanda no es abusiva antes de iniciar un juicio largo y costoso, el precedente de Energy Transfer seguirá siendo una sombra amenazante sobre los glaciares y humedales del país.

El Efecto Dominó: Por qué el "Veredicto Dakota" es una amenaza directa para América Latina

La sentencia de 345 millones de dólares contra Greenpeace no es solo un golpe contable para una de las organizaciones más grandes del mundo; es el perfeccionamiento de una "tecnología de silenciamiento" que las corporaciones extractivas en América Latina observan con voracidad.

Para nuestra región, las consecuencias son alarmantes por tres razones fundamentales:

1. La Asimetría Financiera como Censura: Si una organización con el respaldo global de Greenpeace tambalea ante una multa de tal magnitud, ¿qué esperanza tienen las asambleas locales de Famatina, los defensores del Amazonas o los movimientos contra la minería en el Chocó? El veredicto valida la estrategia de "litigar hasta quebrar". En América Latina, donde el financiamiento del activismo es precario, no se necesita una sentencia de 300 millones; basta con una demanda de 50.000 dólares para paralizar una defensa territorial por años.

2. La Criminalización de la Red de Apoyo: El fallo de Dakota del Norte castiga la "conspiración" basada en actos de solidaridad. Esto pone en la mira a las ONG internacionales que financian o dan visibilidad a conflictos locales en el Sur Global. Si las sedes centrales deben retraerse por miedo a multas transfronterizas, los activistas de primera línea en nuestra región perderán su escudo de visibilidad internacional.

3. El "Manual" para el Extractivismo Local: Empresas con presencia en la región ya están tomando nota. El uso de la figura de "daños y perjuicios" o "interferencia en los negocios" se está volviendo el estándar para contrarrestar las consultas populares o las protestas pacíficas. Estamos pasando de la represión física (tristemente célebre en nuestra historia) a una "represión de guante blanco" en los tribunales.

El peligro real es que este caso transforme el sistema judicial -que debería ser el garante de derechos- en una ventanilla de cobro para las empresas que consideran la protesta social como un simple costo operativo negativo.

Mientras que Energy Transfer ha acumulado multas por derrames, contaminación y violaciones de permisos, el monto total es significativamente menor que la sentencia individual impuesta a Greenpeace por "difamación" y "conspiración".

El futuro del activismo climático

Con la apelación ante la Corte Suprema de Dakota del Norte en el horizonte, el activismo climático se encuentra en una encrucijada. Si la sentencia de 345 millones de dólares se mantiene, Greenpeace USA podría enfrentarse a la insolvencia, un resultado que Kelcy Warren, presidente de Energy Transfer, pareció anticipar en 2017 cuando declaró que su objetivo era que los manifestantes "pagaran por esto".

La resolución de este conflicto no solo determinará la supervivencia de una de las ONG más icónicas del mundo, sino que establecerá si, en la era de la crisis climática, la libertad de expresión sigue siendo un derecho fundamental o un lujo que solo aquellos con bolsillos profundos pueden permitirse defender.