COP30 cerró con 59 indicadores de adaptación al cambio climático: ¿qué son y para qué sirven?

Es innegable que el mundo debe avanzar en su proceso de adaptación al cambio climático, pues los datos son contundentes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que superar el límite de 1.5 grados Celsius de calentamiento global es casi inevitable y, precisamente por ello, los países de América Latina y el mundo deben prepararse para un futuro marcado por impactos climáticos cada vez más frecuentes y severos.

Así lo consignó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su informe sobre la Brecha de Emisiones 2025, que evidencia que las temperaturas globales están en camino de superar el límite más "ambicioso" del Acuerdo de París.

La adaptación fue uno de los temas esenciales de discusión en la 30° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que recién finalizó en Belém, Brasil. Sin embargo, también fue objeto de discordia, ya que no todos los países querían avanzar de la misma forma en la Meta Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés).

El GGA busca sentar las bases para planificar, cooperar y medir los avances de los países para afrontar el impacto del cambio climático y reducir las vulnerabilidades. De hecho, en 2023, durante la COP28 que se realizó en Dubái, se adoptó un marco para hacer operativa esta Meta Global, y era en Belém, Brasil, donde tenían que avanzar para su implementación.

Por este motivo, las y los expertos se dedicaron a depurar en los últimos dos años una lista inicial de 10.000 indicadores potenciales para evaluar los avances en adaptación, reduciéndola finalmente a unos 100 para la COP30.

Cuando la cumbre comenzó el 10 de noviembre, la adaptación no solo figuraba como una prioridad, sino que muchos anticipaban que sería "la COP de la Adaptación", pues se esperaba aprobar aquellos indicadores que permitieran medir el progreso en este ámbito.

Sin embargo, las divisiones surgieron rápidamente. Mientras los países latinoamericanos presionaron para que fueran adoptados directamente en la cumbre de Belém, el Grupo Africano propuso establecer un periodo adicional de dos años - hasta la COP32 que se realizará en Etiopía - para realizar ajustes antes de aprobar dichos indicadores. La postura del bloque africano se fundamentó en que los indicadores resultaban demasiado "intrusivos" y en que necesitaban más financiamiento para adaptación antes de poder implementarlos adecuadamente.

Finalmente, en la COP30 se aprobó una lista de 59 indicadores que tiene amplio margen de mejora y que establece un proceso de dos años, con el fin de que los países puedan alinearlos a sus políticas nacionales para implementarlos.

Asimismo, debía avanzarse en los medios de implementación, abriendo el paso a acciones concretas para cerrar la brecha de financiamiento; fortalecer el apoyo técnico y la transferencia de tecnología necesarios para cumplir las metas del marco.

Precisamente, los indicadores iniciales fueron el resultado de un trabajo técnico por parte del grupo de expertos y, más que eliminar los apartados en los que no estaban de acuerdo los países, la presidencia brasileña hizo cambios en su contenido a nivel de lenguaje, algo que fue cuestionado por diversos sectores de la sociedad civil y negociadores.

Y aunque estas discusiones se dieron al más alto nivel, con la participación de ministros, viceministros, cancilleres o negociadores técnicos de casi todos los 197 países que firmaron el Acuerdo de París, lo más importante es cómo harán las naciones para implementar los indicadores y proteger a sus ciudadanos.

Para Maritza Florian, asesora en diplomacia de Transforma, por primera vez, los países acordaron un "tablero común" para mirar cómo va la adaptación al cambio climático, el cual no habla en abstracto, sino de cosas muy concretas del día a día, como si la gente tiene agua cuando hay sequía; si los hospitales y escuelas están protegidos frente a inundaciones; o si hay redes de protección social para quienes pierden sus medios de vida; qué pasa con la salud, los ecosistemas, los barrios más vulnerables, entre otros.

"Detrás de los indicadores hubo un proceso especializado largo, cuando se diseñó la lista de 100, apenas el 20% contaba con metadatos y metodologías relativamente maduras, el resto dependía del apoyo técnico y financiero para construirse bien, al reagruparse en 59, se perdió claridad técnica y como no se acompañó de más recursos, van a tener que refinarse, desarrollar los datos y estrategias para que sean operativos", aclaró Florian.

Pero, ¿de qué sirven estos indicadores?

Lo primero que debe saberse sobre los indicadores es que son globales y buscan evaluar los progresos que hacen los países en materia de adaptación al cambio climático, garantizando acciones que sean medibles, efectivas y escalables.

El listado de indicadores incluye elementos cuantitativos, que mezcla una serie de datos estadísticos, pero también hace registro del desarrollo de políticas gubernamentales. Algunas de las mediciones se pueden alimentar con estadísticas que muchas naciones ya producen, como datos de salud, pobreza, acceso al agua. Otra parte, más desafiante, requiere de sistemas de información climática y social que todavía no existen o son muy débiles, sobre todo en los territorios más vulnerables.

Florian explicó que ya con la lista original de 100 indicadores, los propios expertos reconocían que solo una fracción tenía "metadata" y metodologías listas. Al pasar a 59 y reescribir varios de ellos, la tarea técnica no se volvió más fácil. Al contrario, ahora hace falta trabajo adicional para que lo que se acordó en el papel sea realmente medible.

Y pese a los desafíos que presentan, los indicadores son voluntarios, globales y orientativos, tampoco son de cumplimiento obligatorio, ni representan un intento de ranking entre los países. De hecho, no pueden usarse formalmente como condición para dar o negar financiamiento.

"Lo que sí establece la COP es una serie de planes de trabajo para tratar de afinar estos indicadores, se creó una ‘visión' Belém-Addis para trabajar entre el 2025 y 2027 en mejorar metodologías y guías, y se engancha al llamado ‘Baku Adaptation Roadmap', que debería concentrarse en cómo llevar la adaptación a la práctica. La expectativa es que, a través de esos procesos técnicos, los 59 indicadores se vuelvan más claros y utilizables. Sin embargo, sin recursos nuevos sobre la mesa, la implementación seguirá siendo un cuello de botella", analizó la experta.

Es decir, se pide a los países que usen este tablero como referencia, pero no se garantiza el financiamiento adicional que muchos necesitan para montar sistemas de datos, formar equipos o sostener mediciones en el tiempo.

De acuerdo con Daniel Porcel, especialista en política climática del Instituto Talanoa y miembro de la Fuerza de Tarea Adaptación como Prioridad de CANLA, algunas de las temáticas que se incorporan en el listado de 59 indicadores abarcan, por ejemplo, el registro del nivel de estrés hídrico en los sistemas de agua y saneamiento; la gestión para la producción de alimentos y cultivos agrícolas que utilizan prácticas y tecnologías enfocadas a la adaptación al cambio climático; o la tasa de mortalidad asociada a los impactos climáticos.

Otros miden el nivel de resiliencia de los ecosistemas, incluso como resultado de acciones de adaptación; o la proporción de infraestructuras y asentamientos humanos que son vulnerables a peligros climáticos y otros eventos extremos, y las personas que son reubicadas a lugares seguros.

Entre los indicadores de consenso durante la COP30 también destacan la medición de la proporción de la población en áreas vulnerables al clima con acceso a servicios de protección social y que tienen alta incidencia en los niveles de pobreza de una población en cualquier lugar del mundo; el porcentaje de sitios y elementos del patrimonio cultural y natural que está en riesgo para determinar si cuenta con medidas de adaptación implementables.

En cuanto a los indicadores cuantitativos, que tienen que ver con el desarrollo de capacidades instaladas de los países, se incorporarían los sistemas de alerta temprana o información climática con la que cuente una nación; los planes nacionales de adaptación; así como, los instrumentos de política y planificación.

Sumado a esto, incluye mediciones sobre los montos de financiamiento para la adaptación climática reportado en el Marco de Transparencia Reforzada (MTR) del Acuerdo de París.

"En términos generales, logramos avanzar con la agenda de la adaptación en la COP30. Si bien no con la ambición que demandamos, es verdad que estuvimos muy cerca de salir de Belém sin un acuerdo sobre el Objetivo Global de Adaptación. Por eso, consideramos el acuerdo sobre el GGA como importante y positivo y, aunque sabemos que los indicadores adoptados tienen inconsistencias y algunos no están listos para su implementación inmediata, ahora contamos con un proceso claro", detalló Porcel.

Para los países, especialmente, los que están en vías de desarrollo -que son los más afectados por los eventos extremos, pese a contribuir mínimamente al cambio climático- contar con indicadores claros les permite medir el progreso que realizan en adaptación y así buscar el financiamiento adecuado.

Cuando las acciones se implementan de manera descoordinada o inconsistente, resulta difícil reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y acceder a recursos de cooperación. Las brechas entre países son tan amplias que muchos proyectos quedan sin ejecutar.

"La resiliencia es crucial en América Latina. El año pasado tuvimos 74 desastres importantes que causaron daños por valor de al menos US$10.000 millones de dólares y afectaron a millones y millones de personas. Por eso ponemos la resiliencia en primer plano", manifestó Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de la COP30.

La clave sigue estando en el dinero

Por su parte, Karla Maass, asesora de incidencia y campañas de CANLA enfatizó en que los países del sur global han pedido de forma colectiva y articulada una conversación enfocada en impulsar la acción climática en los territorios donde hay más desafíos, incluso en acceso de servicios básicos y para ello, no basta contar con los indicadores, sino que se requiere de recursos.

"La provisión de financiamiento de calidad de los países del norte global no es un capricho, está establecida en el artículo 9.1 del Acuerdo de París y es una señal de responsabilidad y solidaridad con territorios que, esos países continúan explotando. El resultado de la COP30 es mezquino, carente de visión y un desconocimiento de que esta conversación llegó para quedarse, por lo que la deuda del norte sigue, y se incrementa", argumentó la experta.

Muchos sectores manifestaron su decepción ante las negociaciones, sobre todo porque no hubo ningún avance en el tema de la salida de los combustibles fósiles, ni tampoco en garantizar la provisión de financiamiento público por parte de las naciones que históricamente han sido más responsables por la crisis climática.

Carola Mejía, coordinadora de Justicia Climática de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (LATINDADD) recordó que estos países desarrollados por muchos años incumplieron su compromiso, canalizando más de 70% de los financiamientos a través de préstamos, los cuales injustamente exacerban la deuda en el sur.

"Sin dinero predecible, de fuentes públicas, libre de deuda y accesible, no se podrá avanzar en la agenda climática. Proponer un programa de dos años para discutir el artículo 9.1 solo suma a un proceso burocrático que en los últimos 30 años no ha logrado resolver una crisis urgente, que cobra vidas, que es cada día más severa y para la cual se agota el tiempo de actuar", condenó la representante de la sociedad civil.

Desde su perspectiva, si bien se solicitó a los países desarrollados que hagan un esfuerzo en triplicar el financiamiento para adaptación, no se apunta a que sea 100% de fuentes públicas y a través de donaciones, dado que el sector privado jamás tendrá interés de invertir en adaptación si no recibe ganancia.

El acuerdo final reafirmó la duplicación del financiamiento al 2025 e instó a los países a triplicarlo al 2035, sin embargo, no se fijó una base, ni reglas de quién paga o cuánto, pero ambas metas están lejos de cumplirse.

De hecho, el Adaptation Gap Report, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió sobre la brecha de financiamiento de al menos US$310.000 millones de dólares anuales para las medidas de adaptación en los países en desarrollo a partir de 2035.

Esta cifra es doce veces mayor que los flujos actuales de financiamiento internacional, que se situaron en el año 2023 en apenas US$26.000 millones de dólares, una disminución respecto a los US$28.000 millones de dólares del año 2022.

Al cierre de la COP30, los países más pobres señalaron el poco esfuerzo que hubo por impulsar el incremento del financiamiento para adaptación al 2035, mientras que Colombia, el que lideraba al grupo de países de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), hizo un último intento desesperado para incluir lenguaje sobre combustibles fósiles en un programa de trabajo sobre reducción de emisiones.

Este reportaje fue producido en el marco del programa de cobertura de la COP30 de Climate Tracker América Latina, con apoyo de Oxfam.