Transición energética (in)justa: cuando la minería busca imponerse sobre las comunidades de Latinoamérica
En el río Sonora, en México; en la cordillera de San Juan, en Argentina; y en los cerros de Penco, en Chile, la transición energética tiene una cara que no aparece en los acuerdos entre potencias: la de territorios que viven donde están los minerales que el mundo necesita. Mientras Estados Unidos y China se disputan el control de los recursos críticos de América Latina, son los vecinos de estas tres zonas quienes enfrentan en su cotidiano los costos de un modelo que los excluye de las decisiones pero no de las consecuencias.
En la localidad de San José de Gracia, una comunidad al norte de México, aún se resienten las secuelas del incidente en el río Sonora, conocido como "el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica" en el país.
En agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre -perteneciente a la empresa Grupo México- derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el Arroyo Tinajas, ubicado en el municipio de Cananea. Pronto el derrame alcanzó a los ríos Sonora y Bacanuchi, hasta llegar a la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo y capital del estado. La afectación llegó a más de 270 kilómetros lineales de río e impactó las vidas de más de 22 mil personas de ocho municipios del estado.
Los efectos de este caso persisten literalmente en la sangre de las personas afectadas, después de 12 años. La mayoría de quienes aún sobreviven, lo hacen con altos índices de metales pesados en el cuerpo, con cada vez mayores complicaciones en su salud y economía.
En este tiempo, la minería no se ha detenido. México se mantiene como uno de los principales productores mundiales con cerca del 3% del mineral en 2024. El estado de Sonora juega un papel clave en esta industria, concentra más del 80% de la producción mexicana de cobre, casi toda proveniente de donde se originó el derrame. Ese mismo año, Grupo México fue responsable del 78% del cobre extraído en el país.
Bajo ese panorama persisten dos grandes realidades. Por un lado, la necesidad de la minería del cobre para la transición energética y las consecuencias, aún desatendidas, en quienes pagan el precio por su extracción masiva.
La disputa por los territorios estratégicos
Zonas tan distintas como el norte mexicano, la cordillera argentina y la costa chilena están enfrentando presiones globales que se ven reflejadas en los territorios. Por un lado, está la industria de los combustibles fósiles -el petróleo, gas y carbón-, cuya expansión va precisamente en contra de la transición energética, porque generan más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático, de acuerdo con Naciones Unidas.
Por otro lado, está la extracción de los llamados minerales críticos: cobre, litio, cobalto, tierras raras, grafito, entre otros, que son clave para la transición hacia energías más limpias, pero también para otras industrias. Por ejemplo, sin litio no hay baterías para vehículos eléctricos ni para almacenar energía solar. Sin tierras raras no hay imanes permanentes en las turbinas eólicas. La transición energética implica entonces la necesidad de extraer minerales de la tierra.
Esa demanda es considerable y va escalando. Según el informe Global Critical Minerals Outlook 2025 de la Agencia Internacional de Energía, la demanda de litio crecerá cinco veces entre hoy y 2040, mientras que la de grafito y níquel se duplicará en el mismo período. La demanda de cobre, el mineral con el mercado más consolidado del mundo, crecerá un 30% adicional en esa misma ventana de tiempo, impulsada sobre todo por la expansión de redes eléctricas y la electromovilidad.
Este nivel de consumo convierte a América Latina en un territorio estratégico para las grandes potencias porque la región concentra reservas enormes de varios de estos minerales, y sobre sus suelos se está zanjando quién los extrae, bajo qué condiciones y a beneficio de quién.
La estrategia de Estados Unidos para asegurar el acceso a esos recursos ha tomado la forma de una ofensiva diplomática acelerada. En febrero de 2026, Washington convocó una Cumbre Ministerial sobre Minerales Críticos encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que suscribió acuerdos bilaterales con más de una decena de países, entre ellos Argentina. Con México formalizó un Plan de Acción específico, y con Japón y la Unión Europea exploró un tratado plurinacional orientado a construir una zona comercial preferencial fuera de la órbita china. El acuerdo con Chile llegó semanas después, el 12 de marzo, el día siguiente a la asunción de Kast y ya en abril firmó un memorando para impulsar la industria. En menos de seis meses, Estados Unidos tejió una red de compromisos que cubre prácticamente todo el continente con un propósito declarado: diversificar sus cadenas de suministro de minerales críticos y reducir su dependencia de China.
Ese objetivo explica la urgencia porque mientras, por un lado, Washington avanza en sus alianzas bilaterales, por el otro, China ha respondido endureciendo su posición: restringió las exportaciones de tierras raras, uno de sus instrumentos de presión más efectivos frente a Estados Unidos, que depende casi completamente de proveedores externos para varios de estos elementos. América Latina queda así atrapada entre dos lógicas que, pese a sus diferencias, convergen en lo esencial: la región es vista principalmente como reservorio de materias primas para las industrias y las transiciones energéticas de otros países. Las comunidades que viven sobre esos recursos, en las cuencas del río Sonora, en la cordillera sanjuanina, en los cerros de Penco, están lejos de estos acuerdos.
Una deuda de 12 años en la Cuenca del Río Sonora, México
En 2022, un informe de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) y del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER Latam) reveló lo que las comunidades señalaban desde hace años atrás: la presencia masiva de metales como plomo, arsénico y cadmio, así como impactos ambientales y económicos en la región.
El informe incluye análisis realizados por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) que confirma la presencia de plomo en la orina en más del 95% de la población examinada; arsénico en más del 50%, y en cadmio en más del 79%. El porcentaje de presencia de plomo en la sangre varía del 58 al 90% de las personas, según su localidad.
María Filomena Bonilla Oliva con los resultados de los estudios realizados por Cenaprece que identificaron metales pesados en cientos de habitantes de la cuenca del Río Sonora. Foto: Poder Latam
Como químico y académico, Romo se ha dedicado a estudiar cerca de 3500 muestras de la calidad del agua en la cuenca del río Sonora para entender la magnitud de los riesgos que enfrentan, los cuales, asegura, pueden ser mayores en temporadas de lluvias, con el incremento de metales tanto en agua superficiales como de pozos.
Antonio Romo Paz, químico e integrante de los comités de cuenca del Río Sonora, ha dedicado parte de su vida a analizar los metales pesados que hasta el día de hoy persisten en el subsuelo tras el derrame de la minera de cobre. Foto: Poder Latam
En estos casi 12 años, dice Romo, una de las mayores dificultades ha sido que las autoridades entiendan la importancia de contar con agua limpia, plantas potabilizadoras y restauración de los suelos porque de eso depende el futuro de miles de afectados por el derrame.
De acuerdo con el profesor universitario, de las 22 mil personas afectadas por el derrame del río Sonora, cerca de 2000 ya presentan síntomas de degradación en sus órganos. A pesar de esto, explica, no hay medidas de atención o prevención en la salud de los afectados.
Integrantes de los comités de cuenca del Río Sonora han fallecido esperando medidas de reparación por los impactos del derrame en el agua y en la salud. Foto: Poder Latam.
Una expansión minera en México ¿para la transición energética?
Mientras la deuda socioambiental por el caso del río Sonora ha crecido en estos años, Grupo México ha incorporado la transición energética como uno de sus pilares, al ser el cobre (su principal producto) clave para la electrificación y producción de energías renovables.
La expansión de la minería de cobre y otros minerales es clave en Sonora, el estado que concentra el 22% de los 574 proyectos mineros del país (43 de cobre) que estaban asignados hasta 2024.
El auge minero coincide también con un plan de acción que México está negociando con Estados Unidos para suministrar minerales críticos, varios de ellos necesarios para la transición energética, pero también para la industria tecnológica, militar y armamentista.
Efectos del derrame en el Río Bacanuchi en 2014. Foto: Poder Latam
Además, Grupo México también tiene el acaparamiento del 57% del volumen de agua subterránea, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigida a autoridades federales.
Para este reportaje se buscó a Grupo México y a autoridades de la Secretaría de Gobernación en México para tener su versión sobre los adeudos ambientales a 12 años del derrame, sin que hasta la publicación de este texto se tenga respuesta.
La lucha de las comunidades sanjuaninas y la Ley de Glaciares en Argentina
Hace ya algunos años que la multinacional Suiza Glencore está instalada en el departamento sanjuanino de Calingasta, a pocos kilómetros de la frontera entre Argentina y Chile, con su proyecto "Pachón", en lo que se cree que es uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, aún sin explotar. Se estima que podría producir unas 400.000 toneladas de cobre al año, además de molibdeno, lo que lo convertiría en un pilar de las exportaciones mineras argentinas.
Activistas denuncian desde hace años la explotación antes llamada José María, ahora renombrada Vicuña, que la empresa BHP operará sobre el glaciar GE110. Crédito Asamblea Jáchal no se toca.
La zona de explotación es un área antes protegida por comprender al glaciar GE137, ubicada a apenas cinco kilómetros del límite con Chile y a alturas que oscilan entre los 3600 y 4200 metros sobre el nivel del mar.
Glencore, que en su paquete accionario tiene capitales estadounidenses, entre ellos los fondos Blackrock y Vanguard, presentó en forma reciente una solicitud para aplicar al RIGI con una inversión estimada de 9500 millones de dólares para su primera fase.
Actualmente, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lanzado por el gobierno argentino en 2024, convirtió a la provincia de San Juan, en el centro oeste argentino, en la tierra prometida para la minería, con proyección de ganancias por 20.000 millones de dólares para 2035.
Sin embargo, las empresas que desembarcaron en la provincia necesitaban otro aval jurídico para comenzar su actividad y éste llegó la segunda semana de abril: la reforma de la Ley de Glaciares, que el Congreso argentino votó a pedido del presidente Javier Milei.
En contexto de recesión económica y parálisis industrial, Argentina rememora las experiencias menos rentables de su historia, y una pesada herencia continental, para echar mano a la entrega de sus materias primas, casi sin valor añadido. Adaptadas a la época, las negociaciones están engalanadas en el supuesto interés de una transición energética, que no responde a las necesidades locales.
Los habitantes del pueblo de Barreal, en el sanjuanino Valle de Calingasta, viven a los pies de la Cordillera gracias a la agricultura y a la ganadería montañosa de baja escala. Crédito: Fernando Belert.
Las primeras bodegas boutique y restaurantes llevan algún tiempo en la región de Calingasta, y suman una nueva actividad productiva a una región conocida por sus cultivos de cebolla y su ganadería de baja escala de ovejas, cabras y vacas, estas últimas, activo de ahorro para familias locales que invierten en terneros, los reproducen y vuelven a venderlos.
A unas horas de allí, en dirección al oeste de la provincia, otro proyecto aguarda detalles para iniciar a producir. Se trata de Vicuña, antes llamado José María, operado por otra multinacional, la australiana BHP, que también cuenta con BlackRock y Vanguard en su paquete accionario, entre otros fondos de EEUU.
Esta explotación es criticada por su inviabilidad ambiental y por ubicarse sobre el glaciar GE110, que integra el censo de hielos eternos realizado por orden de la norma recién retocada.
Vicuña tiene aprobado un borrador del informe de impacto ambiental con 130 objeciones firmado por el ex gobernador Sergio Uñac. Una de ellas fue del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que no aprobó el diseño del paredón del dique de cola, una obra esencial. Ese borrador no atiende el reclamo comunal por el uso del agua, que tendrá que ser avalado por hidráulica, en algún momento.
"Jáchal no se toca" conoce de luchas ambientales. Hace 10 años que tiene instalada una carpa en la plaza central de Jáchal, producto de sus reclamos por la instalación de la minera Barrick Gold y los más de 20 derrames de sustancias tóxicas detectados por la asamblea que han afectado los ríos con metales pesados como mercurio. Hace unos meses denunciaron la mortandad de peces, río abajo.
La Asamblea Jáchal no se toca reclama por la reciente mortandad de miles de pejerreyes en el Dique Cuesta del Viento por exceso de mercurio en el agua, comprobado con estudios. Crédito: Asamblea Jáchal no se toca.
"Hace 10 años que tenemos emergencia hídrica declarada por ley de la legislatura de la provincia, que lo renuevan todos los años, y esa ley corresponde a una situación crítica, en donde, en la cordillera de los Andes, en estos últimos diez años, nunca ha nevado lo suficiente para abastecer a toda todas las actividades de de la provincia de San Juan", denuncia Saúl Ceballos, cofundador de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
Y recuerda que "en 2020, Alfredo Vitaler, el CEO de José María, dijo que iban a ocupar 350 litros de agua por segundo. Luego dijeron 515 litros, luego dijeron 1200, y nosotros, en función del informe de impacto ambiental que lo desmenuzamos, hemos descubierto que son 3056 litros de agua por segundo, de agua fresca, de agua nueva, que van a ocupar".
Un documento al que accedió Climate Tracker da cuenta de la existencia de un entramado familiar, societario y patrimonial vinculado al clan Bastías en San Juan, que posee derechos sobre 79 proyectos mineros que abarcan más de 108.000 hectáreas, una superficie superior a la totalidad de las tierras cultivadas en la provincia.
Juan Pablo Perea, el actual Ministro de Minería de San Juan, mantiene lazos familiares directos con figuras centrales de este grupo por ser el esposo de María Laura Perea, directiva de Aurora Mining en sociedad con su padre, Hugo Enrique Bastías, titular de 16 explotaciones en la provincia.
En entrevistas locales, relativizó los posibles impactos al referir que sólo "se están poniendo en estudio con implicancia directa" ocho glaciares de las 5000 formas registradas, de las cuáles 3226 están en el ambiente periglaciar. En el mismo reportaje confirmó que se sacarían del inventario y se pasarían a instancia productiva.
De momento, ni la empresa, ni el gobierno sanjuanino han respondido los pedidos de entrevistas por parte de Climate Tracker.
Las tierras raras de Penco, en la zona centro sur de Chile
Entre la cordillera de la Costa y el mar, se ubica la comuna de Penco, en la Región del Biobío. Cerca de Concepción, con un puerto central y menos de 50 mil habitantes, la zona se caracteriza por sus bosques nativos y, este último año, lamentablemente, también por el impacto que han tenido los incendios forestales. En enero los siniestros destruyeron buena parte de la zona, incluido bosques y asentamientos como la localidad de Lirquén.
A eso se suma, además, batallas que ha dado la comunidad contra proyectos de extracción, la más reciente todavía en curso y que tiene como protagonista a las tierras raras.
Es el caso del "Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras" de la empresa REE UNO SpA, propiedad de la canadiense Aclara Resources. Se trata de una iniciativa que ya ha pasado sin éxito por cinco tramitaciones ambientales previas (dos Declaraciones de Impacto Ambiental y tres Estudio de Impacto Ambiental), y que recientemente ingresó una nueva adenda al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para continuar su tramitación.
Detrás de los compromisos técnicos de la firma, hay un territorio que lleva décadas siendo algo más que un suelo productivo, explica la comunidad, representada bajo el movimiento "Penco sin minera", que defiende un ecosistema donde el agua, la tierra y las personas que lo habitan han construido vínculos que buscan proteger.
El rechazo al proyecto ha sido transversal en el territorio. El estudio del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) "¿Qué se le cuestiona al proyecto minero de tierras raras en Penco?", detalla que en 2022, en Penco se organizó un plebiscito comunal donde participaron 9.626 personas: de estas, 9.532 votaron en contra de la iniciativa, lo que equivale al 99,02% del total.
En más de una zona de la comuna se levantan pancartas, grafitis y letreros en contra del proyecto. Crédito Judith Herrera
Se suma además la preocupación por residuos radiactivos ya que la extracción de tierras raras genera uranio y torio como subproductos y la comunidad recuerda que en 2019 la Comisión Chilena de Energía Nuclear ya había detectado radionucleidos en la zona. Ante eso, una de las observaciones ciudadanas planteó directamente: "¿Quién responderá por la pérdida de vidas y calidad de vida de las personas? ¿Quién pagará los gastos médicos? ¿Quién compensará a las familias por dañar a sus familiares, con estos desechos tóxicos?".
En su análisis, el OLCA plantea que el principal argumento con que el proyecto busca conquistar adhesión en Penco es el empleo, especialmente relevante tras el cierre de la siderúrgica Huachipato en 2024. Sin embargo, según datos analizados por la Fundación Sol, que recoge el informe, la iniciativa generaría un máximo de 600 puestos durante la construcción y solo 320 empleos permanentes en su operación, lo que representa menos del 15% de la población ocupada en la comuna. La investigación también documenta que la empresa financió talleres, cursos y casas abiertas orientadas a posicionar el proyecto favorablemente en la comunidad, una estrategia que algunos vecinos percibieron como genuina y otros como una forma de cooptación.
La defensa central de Aclara Resources descansa en presentar su proyecto como algo distinto a la minería tradicional. En su sitio web, la empresa sostiene que el proceso de extracción en Penco no requiere explosivos, sino un movimiento de tierra que describen como "sencillo" y que permitiría producir lo que llaman un "concentrado de tierras raras limpias".
Ese argumento se conecta directamente con la narrativa climática que apunta a que las tierras raras son indispensables para la transición energética y que se necesitan para fabricar los imanes permanentes que hacen funcionar los autos eléctricos y las turbinas eólicas. Así, Aclara se presenta como una alternativa responsable para abastecer esa demanda global desde el hemisferio occidental, frente al dominio chino en el procesamiento de estos minerales. El eslogan que sintetiza su comunicación pública expone esa apuesta: "Es ahora o nunca".
Penco y sus localidades se caracterizan por sus bosques nativos. Crédito Judith Herrera
En su página web, la minera menciona haber alcanzado a más de diez mil vecinos de manera directa e indirecta, y ha recibido un reconocimiento de SOFOFA como "Empresa Abierta" por su disposición al diálogo. En paralelo, se ha vinculado académicamente con universidades de primer nivel internacional, entre ellas Stanford, Virginia Tech y Toronto, para validar su tecnología de separación. Todo ese andamiaje apunta a construir una imagen de empresa que no llega a imponer, sino a escuchar, y que no extrae para otros, sino que desarrolla junto a la comunidad.
Es exactamente esa imagen la que el movimiento "Penco Sin Minera" lleva años cuestionando.
La Escuela de Penco es una de los recintos que podría verse afectado por el proyecto, debido a la cercanía de su instalación. Crédito Judith Herrera
A pasos de la Escuela de Penco, se levanta un bosque con pradera y riachuelo. Es por ese lugar, a metros, que podría instalarse el proyecto de la minera canadiense.
Son más de las 13:00 horas de un sábado y un grupo de activistas de distintas organizaciones pro medioambiente de la comuna realizan un monitoreo del estado del agua. ¿El objetivo? Medir los parámetros y establecer un estándar comparativo para el futuro.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, explica que ingresaron al SEA sus observaciones a la adenda de la minera. "Esta es una consecuencia de los actos tanto administrativos, jurídicos que vamos a seguir en oposición a este proyecto", dice y detalla que el proyecto a la fecha "sigue teniendo el mismo impacto en el medio ambiente, con lo cual no estamos de acuerdo y sobre todo no va en coherencia con el desarrollo turístico, gastronómico, que queremos para nuestra comuna".
El 29 de mayo, el SEA de la Región del Biobío dio un paso decisivo: recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, argumentando que la iniciativa cumple con la normativa ambiental aplicable y que las medidas de mitigación, compensación y reparación propuestas por la empresa son apropiadas. La recomendación, contenida en el Informe Consolidado de Evaluación, se produce tras el cierre del proceso de consulta a pueblos indígenas y luego de que el titular subsanara las observaciones planteadas en las sucesivas rondas de aclaraciones.
Esa decisión, además, fue finalmente corroborada el pasado 8 de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, que votó de manera unánime, y encabezada por el delegado presidencial regional, Julio Anativia, a favor de otorgar la Resolución de Calificación Ambiental.
La noticia enciende las alarmas dentro de los movimientos sociales. De hecho, distintas organizaciones ambientales y vecinos de la comuna han convocado a manifestaciones para reiterar su rechazo al proyecto.
Chile, el creciente atractivo extractivista
En el mundo de los minerales críticos, Chile ocupa un lugar singular en el mapa. De acuerdo con el informe Mineral Commodity Summaries 2026 publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), es el primer productor mundial de cobre, con 5.3 millones de toneladas en 2025; y el segundo de litio, con 21% de participación según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.
En enero de este año, el gobierno de Gabriel Boric publicó la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, un instrumento de política pública diseñado para guiar la acción del Estado en torno al desarrollo de estos recursos, que identifica 14 minerales críticos para el país e incluye cinco pilares: producción y diversificación, minería responsable, oportunidades de desarrollo, inserción internacional y capacidades habilitantes.
Pero el documento no está libre de tensiones. Desde el OLCA, se critica el concepto de minerales críticos por ser una categoría construida desde las grandes economías industrializadas para asegurar su provisión, y se advierte que la estrategia valida el aumento de la extracción sin poner el énfasis en agregar valor, inteligencia o tecnología, y sin que haya habido consulta indígena a los pueblos de los territorios que serán afectados.
El 12 de marzo de 2026, apenas un día después de que José Antonio Kast asumiera la presidencia de Chile, el canciller Francisco Pérez Mackenna y el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau firmaron en La Moneda una Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras. Y, a mediados de abril, el Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento que busca avanzar en el desarrollo de esta industria.
Algo que deja ver este tipo de medidas es que Estados Unidos busca diversificar su suministro de materias primas estratégicas y reducir su dependencia del gigante asiático, principal proveedor mundial de tierras raras.
Y es que China se ha consolidado como líder en la producción y el consumo dentro de la economía baja en carbono, dominando la compra y el procesamiento de minerales críticos a nivel mundial, así como la fabricación de tecnologías clave como vehículos eléctricos y paneles solares. Esa posición no es casual ya que la Agencia Internacional de Energía muestra que en el caso de 19 de los 20 minerales estratégicos más importantes del globo, China es el principal refinador, con una cuota de mercado media del 70%.
Para América Latina, plantea un informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), eso se traduce en una relación asimétrica porque la región enfrenta el riesgo de quedar relegada de forma permanente al rol de proveedora de minerales críticos. Además, como señala el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en medio de la creciente tensión arancelaria entre ambas potencias, China ha utilizado su dominio en minerales críticos como palanca de presión, anunciando recientemente restricciones a la exportación de tierras raras, insumos clave para las industrias tecnológica y de defensa estadounidenses.
En ese contexto, para Chile, el acuerdo con Estados Unidos llega en un momento en que esta disputa geopolítica global ya tiene una dirección territorial notoria: los cerros de Penco, en la región del Biobío, con el proyecto minera de Aclara en tramitación en el SEA. La empresa planea iniciar las obras a fines de 2026, si logra obtener los permisos ambientales de acuerdo con la calendarización prevista, con una inversión estimada de US$175 millones.
Además, que Aclara sea una empresa con sede en Toronto no le quita su cercanía con Estados Unidos. La compañía busca levantar alrededor de US$1000 millones para minas en Latinoamérica y procesamiento en Estados Unidos, bajo el marco de disminuir la dependencia con China por minerales críticos.
Lo que Aclara extraería en los cerros de Penco no está pensado para quedarse en Chile. Según medios como Radio Biobío, el director ejecutivo de Aclara, Ramón Barua, no ocultó sus expectativas con el cambio de gobierno y la llegada de Kast al poder. Manifestó confiar en que podrían recibir apoyo "para agilizar lo que estamos haciendo".
La paradoja que Penco encarna es la misma que atraviesa a toda la región y es que los minerales que el mundo necesita para construir turbinas eólicas, baterías eléctricas y paneles solares se extraen de territorios que muchas veces no fueron consultados, en comunidades que posiblemente no verán los beneficios de esa transición global pero sí cargarán con sus costos locales.
Más del 99% de los habitantes de Penco han mostrado su rechazo al proyecto y quieren resguardar el ecosistema de su comuna. Crédito Judith Herrera
Resistir desde adentro
La "zona de sacrificio somos nosotros", advierte Mingo, activista de San Juan, en Argentina. La frase, eso sí, podría haberla dicho cualquier habitante de las riberas del río Sonora en México o vecino de Penco en Chile.
Es el primer patrón que atraviesa a los tres casos de este reportaje: la distancia entre el lenguaje con que se justifican estos proyectos - transición energética, descarbonización, minerales críticos-, y la experiencia de quienes viven donde están esos recursos.
La segunda conexión es la opacidad institucional como condición de posibilidad de estos proyectos ya que en los tres países, las comunidades han documentado una brecha sistemática entre lo que los Estados y las empresas declaran y lo que efectivamente ocurre en los territorios. La participación ciudadana existe como procedimiento en los marcos legales de los tres países, pero en ninguno de ellos sus resultados son vinculantes. Lo que las comunidades han aprendido, a la fuerza, es que el proceso está diseñado para procesar el conflicto, e incluso dilatarlo, pero no para resolverlo.
El tercer vínculo, y quizás el más relevante, es que la organización comunitaria ha generado formas de conocimiento y de acción que no estaban previstas en ningún manual. Ninguna de estas comunidades pidió convertirse en experta en minería, hidrología o derecho ambiental, sin embargo, lo hicieron porque nadie más iba a hacerlo por ellas. Y en ese proceso, construyeron algo que los acuerdos bilaterales entre potencias no consideran: el conocimiento territorial acumulado, preciso y con nombre, que se ha convertido en la base más sólida que tienen para seguir disputando el futuro de los lugares donde viven.
*Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina
