El dilema del EUDR en el Gran Chaco: exigencias de la Unión Europea y respuestas del sector agroindustrial
Entre la implementación de plataformas de trazabilidad como VISEC, reclamos del sector exportador por barreras comerciales y el riesgo del desvío de la deforestación hacia otros mercados, el nuevo reglamento europeo pone a prueba a la agroindustria argentina y expone las grietas de la fiscalización en los bosques nativos.
El Reglamento de la Unión Europea sobre Cadenas de Suministro Libres de Deforestación (EUDR) representa una de las políticas ambientales transnacionales más ambiciosas de la historia reciente. Diseñado para vetar la entrada al mercado europeo de productos agrícolas y forestales cuya producción haya provocado deforestación o degradación forestal posterior al 31 de diciembre de 2020, el EUDR busca desvincular el consumo en Europa de la pérdida de biodiversidad en regiones clave del planeta, incluyendo el Gran Chaco sudamericano.
Sin embargo, en Argentina, la implementación del EUDR ha generado intensos debates entre la necesidad de preservar los ecosistemas nativos, los costos de adaptación para la cadena productiva y la brecha técnica que existe entre las normativas europeas y las realidades subnacionales de gestión de la tierra.
Los pilares del EUDR y su impacto directo en la producción argentina
El EUDR abarca materias primas estratégicas como la soja, la carne vacuna y la madera (junto a derivados como cuero, carbón y extractos de tanino), bienes que representan una porción sustancial de la balanza comercial argentina.
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Para que un lote de carne o soja procedente del Gran Chaco pueda ingresar a la Unión Europea, el reglamento exige tres condiciones obligatorias:
- Deforestación cero: Que los productos hayan sido obtenidos en tierras que no sufrieron deforestación (legal o ilegal) ni degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020.
- Legalidad de origen: Que hayan sido producidos conforme a la legislación aplicable en el país de origen (laboral, ambiental, de tenencia de la tierra y derechos indígenas).
- Trazabilidad geográfica estricta: Que los operadores europeos puedan proporcionar las coordenadas de geolocalización (polígonos) de las parcelas exactas donde se cultivó el grano o se crió el ganado, garantizando la segregación física del producto a lo largo de toda la cadena de abastecimiento
El eslabón débil: legalidad local vs. sustentabilidad real
Uno de los principales desafíos identificados por analistas e investigadores del CONICET radica en que la condición de "legalidad de origen" exigida por el EUDR suele apoyarse en las autorizaciones emitidas por los gobiernos provinciales (como los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos, OTBN).
Si a nivel provincial -como en el caso de Chaco o Santiago del Estero- la legalidad es moldeada mediante excepciones administrativas o recategorizaciones de áreas protegidas, el cumplimiento formal de la ley local no garantiza por sí solo la erradicación de la deforestación real. De este modo, un producto que obtiene un certificado provincial de desmonte "legal" puede terminar superando los filtros de legalidad del EUDR a pesar de haber destruido hectáreas de monte nativo.
© Alejandro Espeche / Greenpeace
Por otro lado, la definición de "deforestación" de la Unión Europea es bruta (prohíbe cualquier conversión de bosque a uso agrícola post-2020, sin importar si la ley local la permitía). Esto genera un descalce normativo: actividades que la ley provincial considera legítimas quedan automáticamente excluidas del comercio con Europa.
La respuesta del sector agroindustrial argentino
Frente a la inminente entrada en vigencia del reglamento, la reacción del sector agroindustrial y del Estado argentino se ha articulado en dos frentes simultáneos:
A. Creación de plataformas privadas de trazabilidad (VISEC)
Para evitar la pérdida del mercado comunitario, la cadena de valor de la soja y la carne vacuna en Argentina -con el apoyo de las cámaras exportadoras y bolsas de cereales- impulsó la plataforma VISEC (Visión Sectorial del Gran Chaco y otras regiones).
· ¿Cómo funciona? Integra datos de geolocalización de las parcelas agrícolas con imágenes satelitales y documentación del Senasa o guías de tránsito. Permite monitorear si un lote específico proviene de un terreno deforestado post-2020 y emitir certificados de "Diligencia Debida" para los compradores europeos.
- · Criticas y vacíos: Investigadores y organizaciones ambientalistas han señalado que estos sistemas privados corren el riesgo de concentrarse únicamente en validar la segregación de granos o carne exportables a la UE, trasladando los productos provenientes de tierras deforestadas a mercados menos exigentes (como China o el mercado interno), fenómeno conocido como "fuga o desvío de la deforestación".
B. Posicionamiento diplomático e institucional
El Gobierno argentino, junto con representantes de la producción agropecuaria, ha calificado formalmente al EUDR como una barrera paraarancelaria unilateral e incompatible con las reglas del comercio internacional (OMC). Argumentan que la exigencia de trazabilidad por polígonos genera un sobrecosto administrativo que afecta desproporcionadamente a los pequeños y medianos productores, quienes a menudo carecen de la infraestructura técnica para georreferenciar sus parcelas o regularizar títulos de propiedad históricos.
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Tensión social y derechos de las comunidades locales
Un aspecto crítico y frecuentemente omitido en el debate técnico es la situación de las comunidades campesinas e indígenas de la Región Chaqueña. El EUDR exige verificar que la producción respete los derechos de tenencia de la tierra y el consentimiento de los pobladores originarios.
Sin embargo, dado que la informalidad en la posesión de la tierra es un problema estructural en el Gran Chaco, los mecanismos de verificación desarrollados por el sector privado suelen centrarse en la capa satelital y la legalidad ambiental formal, dejando en segundo plano la resolución de los conflictos territoriales subyacentes.
El Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación representa un incentivo comercial poderoso para acelerar la transparencia en el agro argentino. No obstante, por sí solo no constituye una solución mágica: si las plataformas de trazabilidad se limitan a separar la producción "limpia" para Europa de la producción destinadas a otros destinos, y si las autoridades subnacionales continúan abriendo grietas en sus leyes de protección de bosques, la presión sobre la biodiversidad del Gran Chaco continuará bajo nuevas formas burocráticas.
