Dos años del RIGI: un análisis de los principales impactos económicos, laborales y territoriales
Un informe que realiza un balance del régimen RIGI y ofrece una decena de artículos de especialistas que analizan en profundidad los principales impactos económicos, laborales, ambientales y territoriales.
A dos años de la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Observatorio del RIGI presentó su segundo boletín. Entre los focos de los artículos, se advierte como el Decreto 105/2026 modificó la trayectoria de la herramienta, favoreciendo la expansión de los proyectos extractivos y la profundización de procesos de desregulación ambiental, concentración económica y conflictos territoriales.
Según el relevamiento del Observatorio, que se actualiza periódicamente en su sitio web, el RIGI concentra 42 proyectos ingresados que comprometen más de USD 194.000 millones en inversiones. Sin embargo, la distribución de las inversiones muestra una fuerte concentración en sectores extractivos: más del 95% de la inversión comprometida se encuentra en petróleo, gas, cobre y litio, mientras que actividades como energía, siderurgia e infraestructura representan una participación marginal. Lo que muestra que hasta ahora el RIGI no diversifica la economía.
La concentración también se expresa en el territorio. Solo tres provincias reúnen más del 80% de toda la inversión comprometida bajo el RIGI. Neuquén encabeza el ranking con 11 proyectos, le sigue San Juan, con 6 proyectos, y Río Negro con 5.
A su vez, desde el Observatorio advierten que el volumen de inversiones comprometidas no encuentra un correlato equivalente en materia de empleo. Desde diciembre de 2023, Argentina perdió más de 266.000 puestos de trabajo en el sector privado y 33.000 empleos públicos. En contraste, los 37 proyectos que cuentan con información disponible proyectan apenas 14.240 empleos directos permanentes y 30.713 empleos indirectos durante la etapa de operación.
El Observatorio del RIGI está integrado por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-UNSAM), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). Se trata de una alianza que busca fortalecer el acceso público a la información sobre el régimen, promover el monitoreo ciudadano de las inversiones y contribuir al debate público sobre sus impactos económicos, sociales y ambientales.
